Ir al contenido principal
Galicia

Ahora sí, el alcalde de Vilanova de Arousa (PP) “va pa’lante”

La Audiencia de Pontevedra tumba el recurso de Gonzalo Durán y confirma los indicios de calumnias e injurias continuadas por sus acusaciones contra su rival socialista en plena campaña electoral

ELENA HERREROS
Comentar
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, abraza al alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. Europa Press   Archivo.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, abraza al alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. Europa Press Archivo.

Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora

Gonzalo Durán vuelve a encontrarse con un revés judicial. Y esta vez, con una resolución que cierra la puerta a la estrategia procesal con la que el alcalde de Vilanova de Arousa pretendía evitar que la causa por las acusaciones lanzadas contra su rival socialista, María José Vales, siguiera adelante. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso de apelación presentado por el regidor del PP y ha confirmado íntegramente el auto de la magistrada instructora, Sofía Leonor Castro Verdes, que acordó continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado ante los indicios de posibles delitos continuados de calumnias e injurias.

El auto, fechado el 18 de noviembre y firmado por las magistradas Cristina Navares Villar —presidenta y ponente—, María Jesús Hernández Martín y María Belén Rubido de la Torre, es inequívoco en su parte dispositiva: desestima el recurso subsidiario de apelación interpuesto por Durán y confirma íntegramente la resolución recurrida. Además, declara de oficio las costas del recurso y establece expresamente que contra esta resolución firme no cabe recurso.

La defensa de Gonzalo Durán buscaba que la Audiencia Provincial le proporcionara una salida rápida: revocar la decisión de la jueza instructora, archivar la causa y evitar que el procedimiento siguiera avanzando hacia la apertura de juicio oral. Pero la Sección Cuarta ha confirmado íntegramente la resolución que mantiene vivo el procedimiento.

Un revés judicial que desmonta la estrategia de su defensa y que tiene un significado especial para un alcalde acostumbrado a salvarse de los tribunales.

Durán pudo pensar que correría la misma suerte que otros regidores del Partido Popular cuyos recursos y procedimientos han pasado por esta misma Sección Cuarta y que, como ya ha documentado ElPlural.com, han buscado en ella una resolución favorable para evitar sentarse ante un tribunal. Esta vez, sin embargo, la respuesta ha sido distinta.

Ni la jueza instructora ni el Ministerio Fiscal han encontrado motivos para cerrar el caso; al contrario, ambos han apreciado claros indicios de posibles delitos continuados de calumnias e injurias por las acusaciones que el alcalde lanzó contra su rival socialista en plena campaña de las municipales de 2023. La Sección Cuarta ha respaldado ese criterio y ha rechazado de plano la pretensión del regidor. “El recurso no puede prosperar”, sentencia la Audiencia.

El alcalde no ha conseguido el carpetazo que pretendía. Y ahora tendrá que afrontar la siguiente fase del procedimiento, con una resolución firme de la Audiencia que confirma que las acusaciones contra María José Vales no pueden despacharse sin más como una disputa política. La Justicia ha rechazado la vía con la que Durán pretendía evitar que los hechos llegaran a ser examinados en sede judicial.

La resolución tiene una importancia especial porque no se limita a confirmar formalmente lo decidido en primera instancia. La Audiencia explica que las diligencias practicadas —la declaración de María José Vales, las declaraciones testificales, la del propio investigado y la documentación incorporada a la causa— ofrecen indicios suficientes para que el procedimiento continúe. Y añade que tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal ya han formulado acusación.

La Sala deja claro que no existen razones para cerrar ahora el procedimiento.

Las acusaciones que lanzó contra su rival a diez días de las elecciones

El origen de esta causa se encuentra en la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023. Durán llevaba casi tres décadas al frente del Ayuntamiento y tenía enfrente a María José Vales, candidata socialista y principal alternativa política al gobierno del PP en Vilanova.

El 17 de mayo de 2023, en plena campaña electoral, el alcalde convocó a los medios de comunicación en el salón de plenos del Ayuntamiento. Allí pidió la dimisión de Vales y aseguró que tenía una causa judicial abierta por corrupción relacionada con su etapa al frente de la Cofradía de Pescadores de Arousa. Al día siguiente insistió en que disponía de documentación que implicaba a la candidata socialista en un supuesto caso de corrupción.

El 19 de mayo volvió a comparecer ante los medios y exhibió un escrito del fiscal jefe de Pontevedra, fechado el 14 de marzo de 2023, correspondiente a las diligencias de investigación penal 19/2023. En ese documento aparecía el nombre de María José Vales y se acordaba remitir las actuaciones a los juzgados para investigar un posible delito de falsedad documental.

Pero había un problema esencial: según reconstruye el auto de la instructora, la denuncia que había dado origen a esas diligencias no se dirigía contra Vales (PSdeG), sino contra la que era entonces vicepatrona mayor de la Cofradía. El nombre de la socialista se había incluido por un error de transcripción.

Ese mismo 19 de mayo, después de que Vales acudiera a la Fiscalía, el fiscal jefe dictó un decreto para corregir el error. La rectificación se hizo pública el 20 de mayo. Y hay otro dato que la jueza incorpora expresamente a su resolución: el procedimiento judicial derivado de aquellas diligencias fiscales ya había sido sobreseído el 28 de abril de 2023, antes de las comparecencias públicas del alcalde.

Pese a ello, Gonzalo Durán mantuvo sus acusaciones. El 23 de mayo volvió a declarar ante los medios que las sostenía y, el 26 de mayo, publicó un vídeo en redes sociales en el que afirmaba que, en la etapa en que Vales (PSdeG) fue patrona mayor de la Cofradía, se había sacado dinero de la Cofradía, se había firmado un pago irregular y ese dinero se estaba devolviendo a plazos.

No fue una acusación aislada ni una conversación privada. La secuencia que recoge la instructora incluye ruedas de prensa, exhibición pública de documentación y vídeos difundidos en redes sociales.

La reiteración de las imputaciones, la publicidad y el escenario en el que se produjeron —en plena campaña electoral— forman parte del contexto que deberá valorar el tribunal para determinar el alcance de unas acusaciones que no se quedaron en el terreno de la confrontación política: colocaron públicamente a María José Vales bajo la sombra de la corrupción, lanzando contra ella acusaciones capaces de destruir su reputación política y personal ante todo un municipio.

Y lo hicieron cuando más podía perjudicarla: en plena campaña electoral. Unas acusaciones que pudieron marcar su imagen ante los votantes, influyendo en su elección. Un daño que va mucho más allá de una polémica electoral: afecta a su honor, a su trayectoria y a la confianza que había construido, incluso aunque los tribunales terminen dándole la razón y descartando cualquier duda sobre su inocencia.

Una rectificación de la Fiscalía que no frenó las acusaciones

La cuestión central no es que un alcalde pueda criticar la gestión de una adversaria política. Puede hacerlo y, como cualquier cargo público, está sometido al escrutinio de los ciudadanos y de sus rivales. Lo que se investiga es algo distinto: que se atribuyeran a una persona hechos delictivos concretos, relacionados con supuestas irregularidades económicas en la Cofradía, y que esas acusaciones se mantuvieran públicamente pese a la rectificación de la Fiscalía sobre la inclusión de su nombre en las diligencias.

La instructora recuerda en su auto que el delito de calumnia exige atribuir a una persona un hecho delictivo con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. En cuanto a las injurias, señala que deben concurrir expresiones o actuaciones ofensivas o deshonrosas y una voluntad específica de atacar la dignidad de la persona afectada.

La magistrada también recuerda que la libertad de información protege la información obtenida y difundida correctamente, pero no ampara la comunicación negligente de rumores como si fueran hechos ciertos ni los insultos innecesarios que añaden un daño al honor.

La Audiencia no ha encontrado motivos legales para archivar la causa.

Después de examinar las diligencias, la jueza concluyó que los hechos investigados “podrían ser constitutivos de delitos continuados de calumnias e injurias”. No dictó una condena ni declaró probado que Durán fuera culpable. Acordó que la causa continuara por procedimiento abreviado porque apreciaba indicios que debían ser sometidos al trámite procesal correspondiente.

El testimonio del patrón mayor contradice la versión del alcalde

A la documentación incorporada a la causa se suma una declaración testifical especialmente relevante: la de Rosalino Díaz Calo, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Arousa, que declaró ante la jueza el 25 de marzo de 2026.

Durán había sostenido que la información sobre el supuesto caso de corrupción procedía de la Cofradía. Sin embargo, Díaz negó haber facilitado al alcalde documentación o información sobre el procedimiento judicial y aseguró que no había mantenido con él conversaciones sobre esos asuntos.

El testigo explicó que sí había redactado y presentado personalmente un escrito ante la Fiscalía para que se investigaran determinadas cuestiones relacionadas con la Cofradía. Pero distinguió esa iniciativa de cualquier comunicación al regidor: afirmó que no le había entregado documentación judicial y que desconocía cómo había llegado el documento a manos del alcalde.

Durante su declaración llegó a afirmar: “Todo lo que dice el alcalde no es cierto”.

Su testimonio no resuelve por sí solo la responsabilidad penal de Durán, pero introduce una contradicción directa sobre el origen de la información que el regidor utilizó para respaldar sus acusaciones públicas. Es una de las piezas que forman parte de las diligencias que la instructora valoró para acordar la continuación del procedimiento.

La Fiscalía también se opuso al recurso

La defensa del alcalde no solo se encontró con la oposición de la acusación particular. El Ministerio Fiscal también se opuso al recurso de apelación, tal y como recoge expresamente la resolución de la Audiencia.

Y la Sala subraya un dato procesal determinante: cuando el recurso llegó a su conocimiento, ya se había formulado acusación tanto por parte de María José Vales como del Ministerio Fiscal. Por tanto, la discusión sobre la credibilidad de los testimonios, el peso de las pruebas y la posible existencia de una mera crítica política o de una lesión del derecho al honor debe resolverse en el juicio, no mediante el archivo que pretendía Durán.

La Fiscalía Provincial de Pontevedra está encabezada por Pablo Varela Castejón, según la información oficial del Ministerio Fiscal. La resolución de la Audiencia, sin embargo, identifica la intervención del Ministerio Público como institución y no precisa el nombre del fiscal que asumirá personalmente la intervención en la siguiente fase.

El alcalde pierde su último intento de cerrar la causa

La resolución de la Sección Cuarta deja atrás dos intentos de la defensa para frenar el procedimiento. Primero en Vilagarcía, donde la jueza de instrucción, doña Sofía Leonor Castro Verdes, rechazó el recurso de reforma presentado contra su auto de 19 de mayo. Después, Durán acudió en apelación a la Audiencia Provincial. Ahora, la Sala vuelve a darle la razón a la instructora y confirma íntegramente su decisión.

Hay, no obstante, una precisión procesal importante: la Audiencia no dicta directamente la apertura del juicio oral. Ordena devolver las actuaciones al juzgado de procedencia para que se cumpla lo acordado. El siguiente paso corresponde a la instructora, que deberá resolver sobre la apertura del juicio oral conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la vista de los escritos de acusación ya formulados. La propia Audiencia cita el artículo 783.1 de la ley y recuerda que, solicitada la apertura del juicio por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, corresponde al juzgado acordarla salvo que aprecie motivos legales para el sobreseimiento.

Lo que sí ha quedado definitivamente descartado en esta fase es la pretensión de Gonzalo Durán de que la Audiencia archivase la causa. El auto es firme y no cabe recurso contra él.

Más de tres décadas en el poder y una causa que ya no puede esquivar

La dimensión política del caso es inevitable. Gonzalo Durán lleva en la Alcaldía desde 1995. Más de treinta años al frente del Ayuntamiento de Vilanova de Arousa, un periodo de poder prolongado que hace todavía más necesario que los ciudadanos puedan conocer con claridad cómo se ejerce ese poder y qué responsabilidades se exigen a quienes lo ocupan.

La concentración de poder durante décadas puede favorecer dinámicas de dependencia, redes de afinidad, clientelismo y favoritismos. No son conclusiones que puedan darse por acreditadas en esta causa, que se refiere a las acusaciones contra María José Vales, pero sí cuestiones que forman parte del debate democrático sobre los gobiernos locales que se perpetúan durante tanto tiempo. La alternancia, la fiscalización y la rendición de cuentas no son obstáculos para gobernar: son garantías básicas de una democracia sana.

En este caso concreto, lo que tendrá que esclarecer la Justicia es si el alcalde utilizó una documentación que contenía un error ya rectificado para atribuir públicamente delitos de corrupción a su adversaria política, si persistió en esas acusaciones después de conocerse la rectificación y si las expresiones que difundió constituyeron calumnias e injurias.

Durán tendrá todas las garantías para defenderse y será el tribunal sentenciador quien determine, tras practicar y valorar la prueba, si existe responsabilidad penal. Pero ya no podrá sostener que la causa debe archivarse porque carece de indicios: la Audiencia Provincial acaba de rechazar esa tesis y ha confirmado íntegramente la decisión de la jueza instructora.

El procedimiento continúa y el horizonte del juicio oral está mucho más cerca. Después de más de tres décadas gobernando el municipio, Durán tendrá que responder ante la Justicia por unas acusaciones de corrupción que lanzó contra su rival socialista en plena campaña electoral. Y en este caso no bastará con repetirlas ante los micrófonos o en las redes sociales: tendrá que defender su versión ante un tribunal, frente a las pruebas y los testimonios incorporados a la causa.

Seguiremos de cerca el procedimiento: la decisión sobre la apertura del juicio, la actuación del Ministerio Fiscal, la prueba que se practique en la vista y, por supuesto, la sentencia. Porque el poder municipal no puede convertirse en un espacio ajeno al escrutinio público. Y porque quienes aspiran a seguir gobernando a sus vecinos deben estar sometidos, como cualquier ciudadano, a la ley y a la rendición de cuentas.

Ahora sí, el alcalde de Vilanova va pa’lante.

Comentarios

Solo los socios pueden comentar.

Únete a la comunidad de El Plural para participar en la conversación.

Hazte socio