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La Sección Cuarta fijó el 13 de octubre como fecha para deliberar, votar y fallar el recurso del alcalde de Vilanova contra el auto que apreció indicios de delitos continuados de calumnias e injurias. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo de cinco días para resolver desde la recepción de las actuaciones. La causa recoge las acusaciones de corrupción que Durán lanzó contra su rival socialista en plena campaña electoral, la rectificación posterior de la Fiscalía y una declaración testifical que cuestiona la versión del regidor.
La espera continúa. Más de un mes después, el tribunal todavía no ha hecho pública su decisión. El alcalde de Vilanova de Arousa (PP) sigue pendiente de saber si la Audiencia confirma la resolución de la jueza instructora y permite que la causa avance hacia el juicio oral o si, por el contrario, estima el recurso de su defensa y acuerda el archivo y sobreseimiento.
La ponente designada para el asunto es la magistrada María Cristina Navares Villar. La resolución que debe dictar la Sala es especialmente relevante para el regidor: está en juego la continuidad de un procedimiento penal en el que la instructora apreció indicios de posibles delitos continuados de calumnias e injurias por las acusaciones de corrupción que Durán dirigió contra María José Vales, entonces candidata socialista a la Alcaldía, durante la campaña de las municipales de 2023.
Y hay un dato procesal que añade interés a la espera. El artículo 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, una vez recibidas las actuaciones, la Audiencia debe resolver el recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes. La ley, por tanto, contempla un plazo específico para este tipo de recursos. Ahora bien, ese cómputo comienza con la recepción de las actuaciones por la Audiencia, no con la fecha señalada para deliberar.
Han pasado ya 33 días desde la fecha señalada para deliberar y la resolución sigue sin conocerse. Una espera que mantiene abierto un asunto de evidente interés público: si el alcalde deberá responder en juicio por las graves imputaciones que difundió contra una adversaria política.
Una jueza aprecia indicios
El origen de esta batalla judicial está en el auto dictado el 19 de mayo de 2026 por la magistrada Sofía Leonor Castro Verdes, titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa.
La jueza acordó continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado 27/2026, al considerar que los hechos investigados podrían constituir delitos continuados de calumnias e injurias. No se trata de una sentencia condenatoria, sino de una resolución que, tras practicar diligencias y escuchar a las partes y al testigo, apreció indicios suficientes para que el procedimiento siguiera adelante.
En su parte dispositiva, la magistrada fue explícita: acordó continuar las actuaciones "por si los hechos investigados a Gonzalo Durán Hermida pudieran ser constitutivos de delitos continuados de calumnias e injurias". A continuación, dio traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que solicitaran la apertura del juicio oral mediante escrito de acusación, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La defensa del alcalde trató de frenar esa decisión mediante un recurso de reforma. La instructora lo desestimó el 15 de junio de 2026, manteniendo su resolución. La defensa acudió entonces a la Audiencia Provincial, cuya Sección Cuarta debe resolver ahora la apelación.
Acusaciones en plena campaña
El auto de la instructora reconstruye una secuencia de hechos especialmente relevante por el momento y la forma en que se produjeron.
El 17 de mayo de 2023, en plena campaña electoral, Gonzalo Durán convocó a los medios de comunicación en el salón de plenos del Ayuntamiento de Vilanova. Allí pidió la dimisión de María José Vales y afirmó que tenía una causa judicial abierta por corrupción relacionada con su etapa al frente de la Cofradía de Pescadores de Arousa.
Al día siguiente, el alcalde aseguró que disponía de documentación que implicaba a la candidata socialista en un supuesto caso de corrupción. El 19 de mayo volvió a comparecer ante los medios y exhibió un escrito del fiscal jefe de Pontevedra, fechado el 14 de marzo de 2023, correspondiente a las diligencias de investigación penal 19/2023.
En ese documento aparecía el nombre de Vales y se acordaba remitir las actuaciones a los juzgados para investigar un posible delito de falsedad documental. Sin embargo, el auto judicial precisa que la denuncia había sido presentada por el patrón mayor, Rosalino Díaz Calo, contra María del Carmen Martínez Pereira, entonces vicepatrona mayor de la Cofradía.
Ese mismo 19 de mayo, después de que Vales acudiera a la Fiscalía, el fiscal jefe dictó un decreto para rectificar el error de transcripción que había incluido el nombre de la socialista. La rectificación se hizo pública el 20 de mayo.
Hay otro dato que la instructora incorpora expresamente a su resolución: el procedimiento judicial derivado de aquellas diligencias fiscales ya había sido sobreseído el 28 de abril de 2023, antes de las comparecencias públicas del alcalde.
Pese a ello, Durán mantuvo sus acusaciones. El 23 de mayo declaró ante los medios que seguía sosteniéndolas y, el 26 de mayo, publicó un vídeo en redes sociales en el que afirmó que se había sacado dinero de la Cofradía, que se había firmado un pago irregular y que ese dinero se estaba devolviendo a plazos.
No fueron, por tanto, unas manifestaciones aisladas en una conversación privada. La jueza recoge comparecencias ante los medios, la exhibición pública de documentación y vídeos difundidos en redes sociales. La publicidad de las imputaciones y su reiteración forman parte del contexto que debe valorar la Audiencia.
Los posibles delitos
El auto de la jueza Sofía Leonor Castro Verdes no se limita a enumerar las declaraciones del alcalde. También desarrolla los criterios jurídicos que deben aplicarse a los delitos de calumnias e injurias.
Sobre las calumnias, la magistrada recuerda que el Código Penal exige la atribución de un hecho delictivo a una persona concreta o identificable y que la imputación se realice con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. Es decir, no basta con que una afirmación resulte desagradable o perjudicial: deben concurrir los elementos objetivos y subjetivos que exige el tipo penal.
En relación con las injurias, la jueza recoge que deben existir expresiones o actuaciones con significado ofensivo o deshonroso y una voluntad específica de ofender o atacar la dignidad de la persona afectada. También recuerda que la libertad de información no ampara la difusión negligente de rumores como si fueran hechos ciertos ni los insultos innecesarios que añaden un daño al honor.
Tras exponer esos criterios y examinar las diligencias practicadas, la magistrada concluye que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos continuados de calumnias e injurias. Esa es la base jurídica de la decisión que ahora revisa la Audiencia.
La acusación sostiene, además, que las imputaciones se realizaron con publicidad, por su difusión ante los medios de comunicación y en redes sociales, y que deben valorarse como una conducta continuada. La resolución de la Audiencia tendrá que determinar si se mantiene la decisión de continuar el procedimiento.
Un testimonio que contradice
A los documentos incorporados a la causa se suma la declaración de Rosalino Díaz Calo, patrón mayor de la Cofradía, que compareció como testigo el 25 de marzo de 2026.
Su testimonio resulta relevante porque Durán había sostenido que la información sobre el supuesto caso de corrupción procedía de la Cofradía. Sin embargo, Díaz negó haber facilitado al alcalde documentación o información sobre el procedimiento judicial y afirmó que no había mantenido con él conversaciones sobre esos asuntos.
El testigo explicó que había redactado y presentado personalmente un escrito ante la Fiscalía para que se investigaran determinadas cuestiones relacionadas con la Cofradía. Pero distinguió esa iniciativa de cualquier comunicación al regidor: aseguró que no le había entregado documentación judicial y que desconocía cómo había llegado el documento a sus manos.
Durante la declaración llegó a afirmar: "Todo lo que dice el alcalde NO es cierto".
Su testimonio no resuelve por sí solo la responsabilidad penal de Durán, pero introduce una contradicción directa sobre el origen de la información que el regidor utilizó para respaldar sus acusaciones públicas. Es un elemento que forma parte de las diligencias practicadas y que la instructora tuvo en cuenta al acordar la continuación del procedimiento.
La decisión pendiente
La causa no se encuentra todavía en fase de juicio oral. El auto de transformación en procedimiento abreviado abre el trámite para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones soliciten la apertura del juicio, el sobreseimiento o, en su caso, diligencias complementarias.
La resolución de la instructora y la posterior desestimación del recurso de reforma mantuvieron vivo ese camino procesal. Ahora, la decisión de la Sección Cuarta determinará si esa conclusión se sostiene frente a la apelación de la defensa.
Si la Audiencia confirma el auto, el procedimiento podrá continuar con el trámite de acusación y la eventual apertura del juicio oral. Si estima el recurso, habrá que atender al alcance concreto de su resolución y a las consecuencias procesales que establezca.
Para Gonzalo Durán, el desenlace tiene una dimensión política evidente. Una eventual condena por los delitos investigados podría acarrear consecuencias penales y, si se impusiera una pena de inhabilitación, afectar a su continuidad en el cargo público. Pero antes de llegar a ese escenario, la Sala debe resolver si existen motivos para mantener la causa abierta.
Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: ¿deberá Gonzalo Durán sentarse en el banquillo para responder por las acusaciones de corrupción que lanzó contra su rival socialista en plena campaña electoral? A la vista de los indicios recogidos por la jueza instructora y de la posición de la Fiscalía favorable a que la causa avance hacia el juicio oral, resultaría difícil justificar un archivo de este procedimiento sin una explicación jurídica especialmente sólida. Aunque, tratándose de Durán, ya estemos acostumbrados a verle salir indemne de situaciones judiciales comprometidas, esta vez la decisión de la Sección Cuarta merece una atención especial. Estaremos muy pendientes de lo que resuelva la Sala. Porque, cuando están en juego unas acusaciones tan graves, difundidas públicamente y en plena campaña electoral, la decisión no puede pasar desapercibida.




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