“Mi hija no es ninguna mercancía”, respondió Andrés Domínguez, el padre de una de los cinco menores con necesidades específicas, a un inspector de educación de la Xunta de Galicia, que alegó que el departamento de Educación, del Gobierno que preside Feijóo, debe optimizar recursos en el colegio O Coto, en la localidad coruñesa de Negreira. En el centro, las familias solicitan que se incremente el número de auxiliares técnicas educativas concedidas por la Consellería para atender a cuatro escolares con necesidades específicas permanentes, y dos más con necesidades puntuales.

La reclamación de los progenitores se apoya en el informe que emitió el propio colegio con la tabla de necesidades más prioritarias para el curso 2019/2020. Sin embargo, a pesar del dictamen avalado por el departamento específico de Orientación, el curso en este centro escolar empezó con una sola cuidadora que tuvo que ser ayudada por profesores y progenitores. En consecuencia, desde Educación han dicho que harán una nueva valoración, tras la incorporación a lo largo de esta semana de una cuidadora más. Es decir, el propósito de intenciones de una nueva evaluación y dos cuidadoras para atender a menores que tienen concedida la supervisión constante por riesgo de autolesiones y caídas, así como falta de control de esfínteres y un largo etcétera es la garantía del Gobierno de Feijóo para una educación inclusiva, equitativa y de calidad a todo el alumnado.

Mientras, el tiempo sigue pasando y los escritos se suceden. Por una parte, el coordinador del departamento de Orientación del centro de educación infantil y primaria le recordó a Educación que las funciones que están realizando los padres y el profesorado con los menores de “higiene personal, ayuda en la alimentación y algunos desplazamientos “no les corresponden”. Al mismo tiempo, las familias invitaron a los responsables de la consellería a visitar el colegio y comprobar en primera persona la situación, pero desde Educación declinaron el convite. Por lo que remitieron comunicaciones que ni siquiera han sido respondidas, tal y como ha certificado a ElPlural.com, Andrés Domínguez.

En conclusión, los padres desconocen hasta cuando puede prolongarse esta situación en el tiempo y ya solo cabe preguntarse que, si la justicia social es sinónimo de educación inclusiva, garantizada por el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cuales son las razones para que un gobierno la trate en términos mercantilistas.