La Fiscalía Europea ha decidido archivar la investigación que mantenía abierta en torno a las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en el proceso de compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. Se trata del mismo caso que acabó hace un año con la presidencia de Pablo Casado en el PP.

El organismo comunitario concluye así que en este proceso de compra, un total de 1,5 millones de euros de los que el hermano de la presidenta cobró 283.000 euros de comisión, no hay pruebas de sobreprecios. “No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa”, dice en un comunicado la Fiscalía Europea. La Fiscalía española también decidió en su momento archivar el caso.

Por el trabajo, el hermano de Ayuso se embolsó vía comisión al menos 55.850 euros más IVA (67.785 euros), según el importe que ha reconocido públicamente la presidenta de la región. El Gobierno regional confirmaba después que el hermano de la presidenta regional recibió pagos en el total del año de esa empresa por 283.000 euros, pero aseguró que las otras tres facturas no tienen relación con el contrato adjudicado por la Comunidad.

"Se ha archivado el procedimiento por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", indica la Fiscalía Europea contra el Fraude en el mencionado comunicado señalando que la decisión se tomó con el acuerdo de la representante española en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, que también fue la exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel.

"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", indica en el comunicado la Fiscalía Europea.

El contrato comenzó a investigarse tanto por la Fiscalía española como por la británica. En 2020, en concreto en abril, la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo 1,5 millones de euros a una empresa propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de la familia, para comprar mascarillas durante el confinamiento. La empresa en cuestión, Priviet Sportive, no tenía experiencia en el sector y la lucha interna de poder en el PP en la época de Pablo Casado reveló que el hermano de la presidenta regional había intervenido en la operación y cobrado una comisión de la empresa por su papel en todo el proceso.

Tras el revuelo, que acabó con Pablo Casado al frente de la presidencia del PP, la Comunidad de Madrid terminó reconociendo que Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros de esta empresa, pero que solo 67.000 eran correspondientes a esta operación. En junio de 2022, la Fiscalía Anticorrupción española archivaba el caso del hermano de la líder del PP al entender que no estaba acreditado que Isabel Díaz Ayuso tuviera intervención en el proceso para beneficiar a su hermano. "No ha intervenido en el procedimiento" de contratación de la empresa que pagó una comisión a su propio hermano, indicaba el ministerio fiscal. Así, entendía que ni siquiera tenía obligación de abstenerse. "No consta intervención directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco -ya se ha dicho- de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna", comentaba por escrito en el archivo del caso.

Tras el archivo, el caso quedó en manos de la Fiscalía Europea que, según informa en este comunicado, decidió decretar el archivo de la causa el pasado seis de marzo. Una "exhaustiva" investigación, dice, en la que los fiscales han llegado a comprobar "la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas" hasta llegar a la conclusión de que no hay indicios de delito y que nunca existió un sobreprecio para hacer frente a comisiones que pudiera percibir Tomás Díaz Ayuso.

“No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid”, concluye al respecto la Fiscalía Anticorrupción.