El cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha provocado una reacción instantánea de buena parte de las instituciones pioneras en la defensa de lo público de todo el país. La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha remitido una carta a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta, pidiéndole encarecidamente que se dé marcha atrás en la Proposición de Ley que el Partido Popular presentó en el parlamento instando a la “extinción y disolución por fusión y transformación” de la EASP.
El Gobierno de PP y Ciudadanos, sustentado por el apoyo de Vox, tiene entre sus objetivos crear el Instituto Andaluz de Salud en Sevilla -la Escuela está actualmente en Granada-, haciendo que la EASP se fusione con la Fundación Progreso y Salud “por su alto valor científico y social”.
Sin embargo, este argumentario no convence al Comité de Empresa de la EASP ni a buena parte de los partidos políticos y organizaciones encargados de supervisar el correcto funcionamiento de la sanidad pública. El SESPAS recuerda al Ejecutivo andaluz el “enorme prestigio” del centro “tanto en los medios profesionales como por su trayectoria docente y de formación de centenares de cuadros del sistema sanitaria”.
La pérdida de identidad de la EASP y la poca información sobre su papel dentro del Instituto Andaluz de Salud se ha encontrado con el rechazo del centro, que recuerda que ha impulsado 2.600 proyectos desde su fundación en 1985 y forma anualmente a más de 20.000 alumnos. Además, esta escuela recuerda que colabora activamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una implantación activa en Latinoamérica, tiene proyectos abiertos con la Unión Europea, se organiza con el resto de comunidades autónomas, es creadora del registro de cáncer de Granada y tiene en marcha proyectos de máxima prioridad en campos como la salud ambiental, género y salud, violencia de género, papel de pacientes, clima emocional de profesionales, atención primaria, desigualdades, migración, transexualidad, drogas y calidad y seguridad del paciente.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, envuelta en polémicas durante las últimas fechas, para conocer su versión. Desde el Gobierno indican que “no es un cierre, sino una integración”. “La escuela seguirá vinculada a Granada y los empleos están garantizados”, sentencian.
Sin embargo, esta aclaración no contenta a los damnificados. El Comité de Empresa de la EASP aclara que están "muy preocupados". "Nosotros desde el comité de empresa y la asamblea de trabajadores estamos incluso compartiendo en redes un change.org para que no se amenace nuestro centro. La proposición de ley, tal y como está planteada actualmente, recoge la disolución y la extinción de la escuela, no recoge las funciones que nosotros realizamos y plantea que la sede social del nuevo Instituto esté fuera de Granada. Encima, los tiempos parlamentarios son muy cortos: en apenas seis meses se podría aprobar", esgrime Almudena Millán, presidenta del comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Sobre las declaraciones de la consejería, Millán critica que "hay muchas propuestas orales pero nada por escrito". "Pedimos que la escuela mantenga su entidad jurídica. No solo somos los 167 que estamos aquí, la institución cuenta con hasta 90.000 profesores", sentencia.
Repercusión política: OPA a Granada y ataque a lo público
La oposición se muestra muy contraria a la propuesta del Partido Popular en Andalucía. Elvira Ramón, diputada del PSOE en el Congreso de los diputados por Granada, explica que esto es “un ataque más a la ciudad y la provincia de Granada. “Es un organismo que se creó en 1985 y que ha sido reconocido por su excelencia en formación, investigación y por sus labores de consultaría y desarrollo en materia de Sanidad. Los trabajadores desconocen qué va a suceder con ellos. Hay mucha preocupación, ya que no se garantiza su continuidad”, prosigue, antes de añadir que estamos ante un nuevo ataque a lo público: “Esto suena a externalización y privatización".
También desde Unidas Podemos se está luchando frontalmente contra el cierre de la escuela: “Hablan de convenios y consorcios, pero este es un ataque más a la sanidad pública en beneficio de la privada. Ellos en ningún momento hacen alusión a los principios de la escuela, simplemente aluden a su cierre y extinción. Entre sus objetivos está colaborar con empresas privadas y reducir, como es habitual, el impacto de la pública y sus competencias”, expone Elisa Cabrerizo, concejala de la formación morada en el Ayuntamiento de Granada.
