ERC está a punto de volver a recaer en uno de sus errores habituales, aceptar la presión de JxCat para aprobar una propuesta que no le conviene y que se le puede volver en contra al paso de los meses. En este caso, una reforma del reglamento del Parlament que abre la puerta a la celebración de un debate de investidura de forma telemática. La ponencia que estudia las modificaciones reglamentarias se ha puesto de acuerdo en muchos aspectos pero no en este, de tal manera que los tres grupos independentistas lo sacarán adelante con la mayoría de la que disponen al sumarse la CUP. Una nueva apuesta por el lio.

La elección por parte del Parlament de un presidente de la Generalitat en el exilio está en el origen de la reforma del reglamento por parte de JxCat. Sería la jugada propagandística perfecta: la cámara catalana inviste legalmente a un diputado que no tiene más remedio que vivir en Bruselas dada la persecución que sufre de un estado antidemocrático. Se intentó hace dos años, pero ERC frustró la maniobra, apelando a la imposibilidad reglamentaria de la misma. Ahora se dispone a paliar este déficit formal, a sabiendas que esto solo beneficia a Carles Puigdemont y muy probablemente acabe con otra intervención del Tribunal Constitucional ante la que no tendrá más remedio que acatar, sirviendo en bandeja al radicalismo una campaña de desprestigio patriótico.

JxCat busca la tensión de un futuro episodio de desobediencia y ERC no parece en disposición de desarmar la operación antes de que le explote en las manos en su momento. Los republicanos deben confiar que nada de esto sucederá si su candidatura obtiene un diputado más que la lista de JxCat, como así indican los sondeos. A día de hoy, Puigdemont sigue siendo diputado en la Eurocámara, circunstancia que le impediría presentarse a la investidura. La opción de una investidura telemática probablemente encendería de nuevo su interés por las elecciones autonómicas pendientes de convocar, entre otras cosas, para poder despejar esta incógnita. 

La ponencia de reforma del Reglamento se constituyó en enero de 2019 y el escollo sigue siendo el mismo que el del primer día entre los grupos independentistas y la oposición. Y lo seguiría siendo aunque la ponencia se reuniera durante otro año. Para el resto de modificaciones, esencialmente asegurar la actividad telemática del Parlament en casos excepcionales, no hay mayor dificultad para el consenso. La crisis del coronavirus y el apagón parlamentario de la cámara catalana durante el confinamiento ha impulsado el acuerdo, que puede quedar en nada si no se conviene la votación separada de las propuestas.

La última modificación del reglamento de la cámara (aprobado en 1986) se produjo en julio de 2017. El propósito era el de poder tramitar vía exprés (urgencia y lectura única) las denominadas leyes de desconexión que debían conducir a la inminente proclamación de la independencia. El gobierno de Mariano Rajoy recurrió el acuerdo del Parlament y finalmente el Tribunal Constitucional decretó la constitucionalidad de la fórmula siempre y cuando no excluyera la presentación de enmiendas del resto de grupos. En última instancia esta vía no fue utilizada pero el debate sobre esta reforma fue el primer episodio de alta tensión de los muchos vividos durante el desenlace parlamentario del Procés.

La presentación como proposición de ley en trámite de lectura única de esta nueva reforma del reglamento reavivará la polémica de la investidura frustrada de Puigdemont en 2018. La oposición se resistirá sin éxito, incluso los Comunes. Esta negativa es la que más escuece al independentismo porque se formula en el mismo lenguaje del soberanismo. “La soberanía de Cataluña y la defensa del autogobierno se tiene que hacer desde nuestro país”, han avanzado. Al margen del resultado, la sesión permitirá comprobar el estado de las difíciles relaciones entre Quim Torra y ERC. Los republicanos, aunque vayan a acompañar a JxCat en esta maniobra concreta cuyo destino está escrito, no consiguen suavizar las relaciones con sus socios ni tan siquiera parece que ninguna de las partes lo pretenda.

Jordi Sánchez, el presidente de la Crida, el movimiento inspirado por Carles Puigdemont, ha denunciado al departamento de Justicia, dirigido por la republicana Ester Capella, por la negativa de la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners a autorizar su salida de prisión para trabajar en dicho partido. Y a las pocas horas, el ex diputado de ERC, Joan Tardà obsequiaba al universo independentista con un artículo en El Periódico de Catalunya en el que contrapone el pragmatismo dialogante del “junquerismo” con la intransigencia del “torrismo”, asociando este último ismo con la falta de credibilidad del “sanchismo”. Quim Torra se ha rasgado las vestiduras por su comparación con Pedro Sánchez con un sentido tuit de descalificación al ex diputado republicano por tal osadía.