El fraude fiscal confeso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por el que cobró dos millones de euros en comisiones durante la pandemia, ha vivido un nuevo episodio polémico. Gumersindo Cachafeiro, fundador de Mape Asesores, ha calificado el caso como "una estafa". Este controvertido asunto ha sido uno de los más leídos esta semana en ElPlural.com.
“Una estafa”. Así de contundente se muestra Gumersindo Cachafeiro, fundador y presidente de Mape Asesores, cuando le preguntan por el fraude fiscal confeso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. “Para cualquier persona coherente, es una estafa… llamémoslo como queramos (…) Es una barbaridad”, pronuncia en declaraciones remitidas a elDiario.es en las que hace hincapié en que su compañía ha colaborado “siempre” con lo que les ha solicitado la Agencia Tributaria.
Dos millones de euros por intermediar
El escenario por el que está acusada la pareja sentimental de la presidenta madrileña encuentra su origen en comisiones de dos millones de euros que González Amador cobró por intermediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia.
El objetivo a alcanzar por parte del compañero de la lideresa regional parecía claro: ahorrarse los impuestos de las operaciones. Esto fue precisamente lo que derivó en la denuncia presentada por la Fiscalía en el juzgado a partir de un informe de la Agencia Tributaria. A partir de ahí, el fraude estimado por Hacienda suma la cantidad de 350.951 euros y se llevó a cabo entre los años 2021 y 2022, cuando la pareja de Ayuso presentó las declaraciones de sus compañías sobre el impuesto de Sociedades.
Todos los datos que fueron necesarios para acusar a González Amador aparecen en la contabilidad que firma Maxwell Cremona S.L, una de las punteras en el caso que le rodea y que es 100% de su propiedad. En concreto, de los 2’33 millones de euros que facturó en 2020 esta otra firma, casi el 85% procedieron de un contrato por intermediar para la empresa catalana FCS en la compraventa de productos sanitarios como guantes y mascarillas para la protección frente al coronavirus.
Según se desprende de la Agencia Tributaria, el novio de Isabel Día Ayuso acordó ejercer como comisionista de FCS el 25 de enero de 2020, meses antes de que estallara la crisis del coronavirus en nuestro país. La Inspección de Hacienda describe a la firma del compañero sentimental de la lideresa regional como un “mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos” y destaca que “en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”.
Como resultado de aquel acuerdo, que se habría sellado a principios del año en el que estalló la pandemia, aparecen en el capítulo de ingresos de la empresa de la pareja de Ayuso 834.320 euros durante 2020 bajo el concepto “comercialización de clientes”, misma referencia que se puede ver el 5 de agosto del mismo ejercicio para justificar otros 1.138.680 euros.
El pagador de la factura fue la empresa que más material vendió a las administraciones públicas durante la crisis del Covid, FCS Select Products SL. Dicha sociedad se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas que, en plena pandemia, cambió de objeto social a los productos sanitarios, un negocio que le resultó mucho más rentable acorde con la situación del momento.
Los contratos de la Xunta de Galicia con Mape
Mape también cerró acuerdos con la Xunta de Galicia. La empresa, que pagó 42 millones de euros por material sanitario a FCS, resultó ser la más favorecida por la administración entonces liderada por Alberto Núñez Feijóo en el primer año de coronavirus. Además, adquirió mascarillas de las del pelotazo de la pareja de Ayuso.
Este es un dato revelador, ya que hasta el momento se desconocía quién había sido el destinatario final de la mercancía que la gallega Mape encargó a FCS. Ahora, se confirma que al menos un organismo público acabó por adquirir ese material, tal y como ha adelantado este martes elDiario.es.
El propio Cachafeiro reconoce que el Ejecutivo capitaneado entonces por el ahora líder del PP adquirió dicho material procedente de China a la firma catalana, aunque niega que parte de aquellas mascarillas llegaran a la Comunidad de Madrid. En el mismo orden de cosas, el responsable de Mape legitima la venta “porque la necesitaban -el Gobierno de Feijóo-, igual que todo el mundo”. Y añade que “no tenían autorización para importar”, por lo que “les prestamos las nuestras, sin ningún tipo de recompensa”.
Entretanto, la Xunta mantiene que adquirieron tapabocas o material fungible para respiradores “a una empresa especializada en su distribución, que además fue seleccionada como proveedora por el Gobierno central dentro de su acuerdo marco”. Igualmente, voces internas de la administración regional niegan tener alguna responsabilidad más allá dado que este es un asunto que “atañe exclusivamente al proveedor” y que, dicen, no les implica en nada. También señalan que la única relación comercial que mantuvieron fue con Mape.
La firma gallega salió muy bien parada de los contratos Covid que firmó la Xunta en 2020. Llegó a formalizar hasta 16 contratos; diez por valor superior a los diez millones de euros. Con ello, Mape monitorizó el negocio del material sanitario en esta parte de la Península con el 12,4% del importe de adjudicación.
De esos diez millones, 4’3 se destinaron al suministro de mascarillas mediante tres contrataciones de emergencia que se realizaron entre abril y junio de aquel año. Esos acuerdos no aparecieron en la plataforma de contratación de la Xunta hasta octubre de 2022, ni en el Diario Oficial de la UE hasta febrero de 2023.