El silencio del presidente del gobierno Pedro Sánchez ante el esperpento vivido por la coalición a cuenta de la ley del “solo sí es sí” es perfectamente consecuente con el optimismo que manifestó hace unos días sobre la salud del pacto del PSOE y Unidas Podemos. Entonces aseguró que “el gobierno de coalición continua”, a pesar de los múltiples desencuentros de pasado, presente y futuro entre los socios.  ¿Puede seguir vivo el gobierno tras las descalificaciones insultantes cruzadas entre socialistas y morados? Seguro que sí, según la voluntad expresada por las dos partes; de todas maneras, a Sánchez se le plantea un reto de libro: valorar que le desgasta más electoralmente, si la continuidad de un gobierno dividido que pone en duda a diario su autoridad o la ruptura de la coalición debiendo enfrentar los últimos meses de legislatura en minoría clamorosa.

El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos no está resultando fácil. La reforma de la ley mordaza, la aprobación de la ley de la Vivienda o la ley de la paridad redactada sin la participación del ministerio de Igualdad, se sumarán a los episodios vividos con la reforma laboral, el aumento del presupuesto militar sugerido por la OTAN o el envío de armamento a Ucrania. La relevancia de cualquiera de estas crisis está fuera de dudas. Ciertamente, este gobierno y sus socios parlamentarias han sacado adelante tres presupuestos en tiempos de crisis y decenas de leyes, algunas históricas y en este argumento descansa la voluntad de Sánchez de llegar al final de legislatura.

Las diferencias entre dos socios que compiten por un espacio electoral compartido en buena parte pero que se necesitan inevitablemente para gobernar se daban por descontadas desde el momento de firmar el acuerdo de gobernación, lo que podría resultar sorprendente e hiriente es la deslealtad institucional y singularmente verbal que se profieren. Con la ley del “solo sí es sí” la exacerbación ha alcanzado un tono insoportable. Pero sólo teóricamente, según se ve. La profundidad del desencuentro ofrece dinamita parlamentaria al PP, sin embargo, se compensa con la atracción irresistible de preservar el poder gubernamental, esperando que la tormenta creada por los socios amaine.

El PSOE y Unidas Podemos comparten un principio no escrito sobre el gobierno de coalición, a pesar de que ninguno de los dos socios tiene ninguna experiencia a nivel de gobierno estatal sobre la veracidad de tal axioma. Este postulado viene a decir que quien toma la iniciativa para romper un gobierno paga la factura electoral más alta. De ahí que ni el presidente vaya a abrir una crisis formal con sus socios, a pesar de que a buen seguro cualquier ministro socialista habría sido cesado por la actitud de la ministra Irene Montero, ni ninguna ministra de Unidas Podemos vaya a presentar la dimisión por ninguna desautorización colosal como las que les infringe la mayoría socialista del consejo de ministros. Unos y otros parecen preferir la asunción del desprestigio de la división interna del gobierno, la pérdida de tiempo que cómo mínimo les ocasiona y las consecuencias indeseables de tantas dudas de unos por actuar y el exceso de soberbia de los otros por rectificar.

Los socios de gobierno, además de compartir el precepto del castigo electoral por la ruptura del ejecutivo, han desarrollado una extraordinaria habilidad para aislar la trascendencia de cada choque de la voluntad de seguir gobernando juntos. Hay que suponer que Moncloa dispone de un montón de sondeos en los que se certifica que el electorado de unos y otros asume también esta política de la supervivencia gubernamental sobre el alambre como vía para frenar el retorno de la derecha. Lo que no le dan, en general, las encuestas públicas al PSOE es una victoria contundente frente al PP. Parecería pues que los socialistas optan por resistir en el gobierno de coalición confiando que la crisis con Unidas Podemos no repercuta con tanta gravedad en los electores como para ofrecer a PP y a Vox la posibilidad de gobernar juntos. Un resultado calamitoso para los socialistas en las elecciones municipales y autonómicas podría forzar un análisis diferente a la doctrina Job.

Este modesto horizonte electoral implica, de entrada, evitar una ruptura precipitada de Unidas Podemos, lo que explicaría la prudencia de Sánchez en tomar decisiones y los silencios espectaculares de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, además de los ministros de Universidades y Consumo ante el cenit de las disputas vividos estos días con el resto de Unidas Podemos. La mayoría parlamentaria vigente a duras penas descansa, además, en las promesas que el PSOE pueda hacer a ERC y EH Bildu. Con los republicanos, la línea roja constitucional limita a Sánchez a ofrecer la reforma estatutaria que sabrá a muy poco a ERC, empeñada en una ley de claridad para pactar el referéndum. Con Bildu, habrá que conocer sus peticiones en cuanto se complete muy pronto el acercamiento de presos de ETA.