El Partido Popular ha claudicado ante Vox en los diferentes acuerdos autonómicos en aquellos territorios en los que la derecha ha necesitado de los de Santiago Abascal para alcanzar la presidencia: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Sin embargo, es la Comunidad Valenciana la región que la ultraderecha ha convertido realmente en campo de tiro de sus presiones más duras a los conservadores. Aquí, con motivo de los presupuestos, el partido de Juanfran Pérez Llorca ha apoyado la aparición del término “prioridad nacional” por primera vez en unas cuentas de este carácter.
La extrema derecha pidió además una ‘policía educativa’ en las aulas valencianas, “reorientar” la Agencia de Emergencia para incluir entre sus objetivos el “refuerzo de la prevención y control de la delincuencia vinculada a fenómenos migratorios”, o librar del impuesto de patrimonio a los ricos con hasta dos millones de bienes netos.
En última instancia, todo esto supone aceptar la ruta ideológica de Vox, que pasa por controlar la libertad educativa de las aulas frente a determinados contenidos importantes, relacionar a las personas extranjeras con delincuencia o gobernar para los que más tienen.
‘Policía educativa’ frente al “adoctrinamiento ideológico”
En el término estrictamente educativo, y mientras los docentes valencianos se han declarado en rebeldía en los últimos meses en favor de sus condiciones, a Vox parece importarle más que algunos contenidos no se impartan. Se trata de esas enseñanzas que, considera, forman parte del “adoctrinamiento ideológico”, como puede ser la educación sexual.
Esta iniciativa plantea añadir un nuevo apartado a los deberes de los profesionales recogidos en el Decreto 19/2025 de convivencia en el sistema, e introduce una sección específica bajo el título Plan de Convivencia con la que busca “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”.
Será responsabilidad de todos -directivos, docentes y consejo escolar del centro en cuestión- “velar por la neutralidad ideológica del alumnado”, una exigencia que afectará al diseño, aprobación y control de las lecciones que se dan, así como la forma en la que se imparten.
La obligación se extiende igualmente a los agentes de fuera de la comunidad escolar en tanto en cuanto Vox entiende que los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”. Dicha medida conduce a un control previo de las actividades que se lleven a cabo ‘de fuera’, como charlas o talleres que impartan asociaciones que no sean del colegio o instituto.
Los inspectores mantendrán la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” a través de visitas y entrevistas de urgencia a los espacios educativos.
Las personas migrantes, en el punto de mira a través de la seguridad
Otra de las enmiendas que ha presentado la ultraderecha a los presupuestos de la Generalitat pasa por dar una vuelta a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las emergencias (AVSRE), creado por el anterior gobierno de izquierdas para dar respuesta ante una posible catástrofe o emergencia.
Se trata de un organismo sobre el que se puso el foco a tenor de la DANA, de hecho, la persona que lo dirigía entonces, Emilio Argüeso, aparece como investigado en la causa. Sin embargo, y a pesar del devastador temporal de 2024, Vox pone el foco en la migración, de modo que el actual organismo deberá actual, si se atiende a la petición de la formación a la derecha del PP, en el apartado ya explicado, pero también en materia de vivienda.
Más concretamente, el texto alude al “refuerzo administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda”, donde de incluyen desde el “fraude patronal” hasta la “ocupación ilegal y sobreocupación”. Para llevarlo a cabo, la Agencia tendrá que realizar protocolos de actuación “ante fenómenos delictivos vinculados a los cambios sociodemográficos” y los derivados de la inmigración que Vox considera masiva.
En la práctica, el documento supondría, por ejemplo, disminuir 10.000 euros de una subvención de Cruz Roja. Destacar aquí que la línea roja que ha puesto el PP es la Academia Valenciana de la Lengua, en la que Vox también pretendía recortar presupuesto.
En favor de los que más tienen
En materia económica, la ultraderecha pide también elevar a dos millones de euros el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio. Se corresponde con una petición que ya solicitó la extrema derecha durante el mandato todavía de Carlos Mazón y que ahora elevan.
En este sentido, Vox propone la modificación del artículo 8 de la Ley 13/1997 del 23 de diciembre “por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos”, “por la que lo amplifican con una base imponible de los sujetos pasivos por obligación personal del impuesto que residan normalmente en la región se reduce, en concepto de mínimo exento, en 2.000.000 euros”.
Con esta medida, los contribuyentes con un patrimonio neto de hasta dos millones de euros dejarían de tributar por este impuesto en la Comunidad Valenciana al duplicarse el umbral exento vigente. La medida beneficiaría, por lo tanto, a los patrimonios de mayor valor, al ampliar la parte del patrimonio que queda libre de gravamen previo cálculo de la cuota a pagar.
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