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Comunidad Valenciana

Pradas y Argüeso se enfrentan en los tribunales por el reparto de responsabilidades en la dana

Las defensas de los dos antiguos responsables de Emergencias de la Generalitat discrepan sobre quién debía dirigir la respuesta a la catástrofe y quién podía activar las alertas a la población

Salomé Pradas comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid

Salomé Pradas comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid

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La investigación judicial sobre la gestión de la dana que devastó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha abierto un nuevo frente entre los dos principales responsables de Emergencias investigados. Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, han comenzado a confrontar sus respectivas versiones sobre las competencias que ejercían durante la catástrofe. La disputa se centra en dos decisiones fundamentales, no siendo otras que la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y el envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles.

El enfrentamiento se ha trasladado a los escritos presentados ante la jueza que instruye la causa en Catarroja. La defensa de Argüeso recurrió un auto del 13 de octubre, pese a que las diligencias acordadas no afectaban directamente a su representado, para cuestionar las atribuciones que se le podrían exigir durante aquella jornada. Según su abogado, el antiguo secretario autonómico carecía de competencias para convocar el CECOPI y no tenía capacidad legal ni técnica para redactar, autorizar o emitir el mensaje Es-Alert.

Su argumentación sostiene que las competencias ordinarias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) quedaron subordinadas al mando único ejercido por Pradas. De esta forma, la defensa pretende delimitar las funciones de Argüeso y desvincularlo de las decisiones que correspondían a la dirección de la emergencia.

La exconsellera ha respondido a esta estrategia mediante un escrito en el que rechaza que se le atribuya toda la responsabilidad sobre la gestión de la catástrofe. Su abogado considera que el recurso de Argüeso, presentado bajo la apariencia de un debate sobre competencias, busca trasladar a Pradas las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación del antiguo secretario autonómico.

La disputa por el mando de Emergencias

Uno de los puntos centrales de la controversia existente entre ambos es la distribución de funciones durante las distintas fases de la emergencia. La defensa de Pradas recuerda que Argüeso, como secretario autonómico y director de la AVSRE, ocupaba una posición directiva dentro del sistema valenciano de protección civil y no podía considerarse un mero participante sin capacidad de intervención.

El escrito sostiene que las competencias de dirección operativa correspondían al responsable de la agencia durante las situaciones de preemergencia y los niveles 0 y 1, conforme al plan autonómico frente al riesgo de inundaciones. La situación cambió cuando se declaró el nivel 2 de emergencia, que no se extendió a toda la provincia de Valencia hasta las 19:00 horas del 29 de octubre.

La hora resulta relevante porque el mensaje Es-Alert no se envió hasta las 20:11, cuando la catástrofe ya había provocado numerosas víctimas. La defensa de Pradas cuestiona así que la capacidad de decisión sobre la alerta recayera exclusivamente en ella durante toda la jornada.

Además, la exconsellera sostiene que Argüeso intervino en la convocatoria del CECOPI. La jueza ha aludido a documentación incorporada a la causa que apunta a la participación del entonces secretario autonómico en la puesta en marcha de la reunión. La instrucción deberá aclarar qué papel desempeñó cada responsable y qué decisiones tomó durante las horas críticas.

El Es-Alert, en el centro de la investigación

La discusión sobre las alertas es especialmente relevante para esclarecer por qué la población no recibió antes un aviso generalizado sobre el peligro de las inundaciones. La investigación trata de reconstruir las decisiones adoptadas durante las horas previas al envío del mensaje y determinar qué información manejaban los responsables de la emergencia.

Mientras Argüeso defiende que no podía autorizar ni emitir la alerta, Pradas rechaza que esa competencia fuera exclusivamente suya. El cruce de escritos refleja una divergencia cada vez más evidente entre las estrategias de defensa de ambos investigados, que tratan de delimitar sus respectivas funciones en la gestión de la dana.

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