Las 'oposiciones trucadas' de Mazón acaban siendo un examen sobre sus mentiras

El delirio del Consell de la Generalitat Valenciana en su contienda por defender al dimitido president, Carlos Mazón, está llegando a límites insospechados. La campaña de propaganda, antesala de la defensa judicial, del todavía líder del Partido Popular (PP) valenciano ha penetrado hasta las oposiciones de acceso para el cuerpo de periodistas de la administración autonómica, en las que en torno a 200 personas han presenciado atónitas preguntas capciosas y relacionadas con la gestión de la DANA que le ha costado el puesto al comensal de El Ventorro.

Cinco plazas del máximo nivel funcionarial que se esperaban desde hace siete años y a las que se han presentado asesores y personas cercanas a Mazón, aproximadamente un 10% de los que se han postulado. Con este panorama, entre nervios y competencia, el examen ha preguntado sobre la ley que regula las causas de dimisión de un president o las normas que rigen la eliminación de imágenes en una administración pública, entre otras cosas. Como no podía ser de otra manera, las preguntas reveladas por el diario Levante han generado una gran controversia.

"¿Cuál de las siguientes opciones NO es una causa de cese del president de la Generalitat, según el artículo 8 de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell?", era uno de los enunciados expuestos por el periódico valenciano. De entre las respuestas, la incorrecta era la que versaba “por enfermedad grave”, elección que ha escamado al coincidir con las recientes informaciones que apuntaban a que Mazón pudiese coger una baja médica por un problema de salud derivado de la situación de presión que asegura estar soportando.

Otra de la cuestiones problemáticas ha sido la relacionada con el borrado de imágenes, más después del movimiento acometido por el Palau, que eliminó los vídeos del 29 de octubre de 2024 en los que, presuntamente, se ve llegar a Mazón a la institución. Sin los brutos, es imposible verificar la hora a la que el expresident llegó a su despacho, si es que fue. En dicha pregunta, una de las respuestas era, justamente, a la que se acogió el Ejecutivo valenciano para justificar el borrado.

 "Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones", versaba dicha respuesta. Además, tal y como destaca el Levante, el examen también incluyó una pregunta sobre el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información, procedimiento que tan solo puede realizarse con el apoyo de una resolución judicial.

Preguntas y tribunal polémico

La definición de las preguntas y el aluvión de asesores de Mazón ha generado polémica, pero ya antes la definición del tribunal, encargado de construir y corregir el examen, había escamado a alguno de los candidatos. Casi la totalidad de los elegidos para este cometido fueron funcionarios adscritos a dirección general de Comunicación y Promoción Institucional.

El problema señalado es que estas personas trabajan en su día a día a la orden de altos cargos del Consell, entre ellos jefes de prensa y participantes del Gabinete de la Presidencia de la Generalitat. Es decir, que tenían relación laboral directa con los examinados que procedían del entorno de asesores de Mazón, lo que derivó en una serie de renuncias en el tribunal y obligó a una nueva constitución que no despejó las dudas, al también incluir personalidades con vínculos similares.