El arranque del proceso de investidura de Juanfran Pérez Llorca llega marcado por un clima de desconfianza política y crisis de credibilidad. Las versiones contradictorias y ya señaladas como falsas de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana sobre lo ocurrido durante la DANA de 2024 han estallado de lleno en el tablero parlamentario justo en el momento más delicado para el Partido Popular, que intenta asegurar el apoyo de Vox y la estabilidad del futuro Gobierno autonómico. Con un candidato cuyo programa aún se desconoce y una extrema derecha expectante ante su discurso, el camino hacia la presidencia comienza rodeado de sombras.
A la incertidumbre heredada se suma la presión social y política por esclarecer lo sucedido en aquella jornada trágica. Las declaraciones no coincidentes, los huecos temporales en las versiones públicas y la sensación de que se actuó con opacidad siguen generando desconfianza e indignación entre la ciudadanía. Este clima tensiona el debate parlamentario y empaña la figura de Pérez Llorca, a quien se le exige más que una simple investidura: se le reclama una ruptura clara con la falta de transparencia que arrastra la etapa de Mazón.
Un presidente sin programa y con demasiadas incógnitas
El Partido Popular ha intentado blindar la imagen de su candidato presentándolo como una figura de renovación, capaz de recomponer puentes y reorientar prioridades. Sin embargo, el silencio en torno a su programa —que no ha sido detallado más allá de vagos compromisos de estabilidad y crecimiento— dificulta la lectura política de su propuesta. A día de hoy no existe un documento, un plan estructurado ni una hoja de ruta que permita entender hacia dónde pretende conducir a la Generalitat Valenciana.
Este vacío programático se ha convertido en el principal argumento de la oposición, que denuncia que el PP pretende investir a un presidente con líneas maestras desconocidas para el Parlamento y para el electorado. “No se puede gobernar sobre un folio en blanco”, ha sido una de las frases más repetidas en pasillos y declaraciones previas al debate. Una percepción que cobra aún más fuerza ante el papel decisivo de Vox, que condicionará su apoyo al contenido del discurso y a los compromisos explícitos que el candidato esté dispuesto a asumir.
La extrema derecha no ha ocultado sus exigencias: más control migratorio, endurecimiento legislativo en materia de seguridad y un incremento notable en inversiones hidráulicas e infraestructurales. Vox quiere garantías, no promesas abstractas, y ha dejado claro que no firmará apoyos “a ciegas”. Si no hay compromisos firmes, se reserva la posibilidad de abstenerse o incluso votar en contra, lo que conduciría a una segunda votación en el plazo de 48 horas. Un escenario de máxima tensión que podría prolongar la incertidumbre política y abrir incluso la puerta a un bloqueo institucional.
En este escenario, Pérez Llorca no solo debe hablar: debe demostrar que tiene algo que decir. Su liderazgo aún no existe más que en el papel, y su discurso de investidura será la única oportunidad para despejar la enorme sombra de incertidumbre que pesa sobre él. Ya no valen los gestos ni la retórica vacía; la ciudadanía no está para consignas, sino para respuestas. Si aspira a presidir la Generalitat deberá presentar un proyecto concreto, detallado y verificable, porque la situación exige más que solemnidad institucional: exige un rumbo.
Es imprescindible saber qué piensa hacer ante los retos que ya están sobre la mesa —la reconstrucción tras la catástrofe hidráulica, la reactivación económica, la gestión migratoria o el refuerzo de unos servicios públicos deteriorados— y esta vez no bastará con prometer, tendrá que comprometerse.
Lo que Mazón y Vilaplana aún no han explicado
Porque todo este escenario político no puede entenderse sin recordar el punto de partida: las mentiras, contradicciones y silencios que aún rodean a los protagonistas de la gestión institucional durante la DANA. El día de la tragedia, Mazón y Vilaplana compartieron una comida en un restaurante. La versión oficial aseguró que ambos abandonaron el lugar alrededor de las 18:45, pero los registros del aparcamiento confirmaron que el coche de Vilaplana no salió hasta las 19:47, casi una hora después.
Esa discrepancia temporal —que ninguno de los dos ha explicado con claridad— implica que durante un lapso crítico en el que la riada ya avanzaba, quienes debían estar activando los mecanismos de alerta permanecían ausentes. Más aún, se ha conocido que Vilaplana condujo con Mazón hacia el Palau, contradiciendo la versión inicial que decía que se habían separado antes de abandonar el aparcamiento.
La jueza instructora, ante estas grietas en el relato, ha dado un paso más y ha solicitado documentación complementaria: facturas, imágenes del reservado y nuevas comparecencias. Esto demuestra que no se trata de un malentendido puntual, sino de una reconstrucción de hechos que cada día se tambalea más.
Las víctimas lo saben. Los ciudadanos lo perciben. La oposición lo denuncia. Y Vox —aunque desde una posición ideológica muy distinta— también lo utiliza como moneda de presión. La investidura de Pérez Llorca está atravesada por el pasado inmediato: por los huecos de un relato frágil, por el silencio oficial y por la duda persistente de si se mintió deliberadamente para proteger responsabilidades políticas.