La jueza de Catarroja que instruye la causa que dilucida las responsabilidades por la gestión de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz, tiene en sus manos una nueva prueba que podría ser determinante. El informe presentado acredita que la Generalitat Valenciana, gestionada en aquel momento por el todavía diputado Carlos Mazón, conocía el desbordamiento del Barranco del Poyo desde primera hora de la tarde del día de la catástrofe.
La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT), presente en la causa como acusación particular, ha entregado a la jueza las pruebas documentales y técnicas que demostraría que la administración autonómica tenía un “conocimiento efectivo del desbordamiento de barrancos clave varias horas antes de que se emitieran alertas eficaces a la población”. El informe apunta, sobre las 15:15 horas, numerosas carreteras de titularidad autonómica, provincial y estatal ya estaban oficialmente cortadas por inundaciones en zonas directamente vinculadas a los barrancos del Poyo, Pozalet, Gayo y Chiva.
“Esta información, procedente de registros internos de gestión de infraestructuras, evidencia que la gravedad de la situación era conocida mientras no se activaban medidas de protección civil acordes al riesgo existente”, señalan desde el sindicato. Asimismo, la documentación, cruzada con el informe de la Guardia Civil sobre la localización de víctimas, expone que una gran cantidad de ciudadanos sorprendidos por la riada se encontraban, sin saberlo ni ser alertados, cerca de puntos cerrados previamente por inundaciones sucedidas en las primeras horas de la tarde.
La documentación entregada pone el foco en un punto concreto por su “especial relevancia”: la localidad de Chiva, cabecera de varios de los cauces que posteriormente se vieron desbordaos. En esta zona se registraron más de 160 llamadas al 112 a lo largo del día y más de un centenar durante el periodo en que el CECOPI ya estaba constituido; sin embargo, no se activaron de forma efectiva los puntos de vigilancia previstos en los planes de emergencia ni se adoptaron medidas de alejamiento preventivo de la población.
En suma, el informe señala incumplimientos graves y generalizados del Plan Especial de Inundaciones, destacando especialmente “la ausencia de puestos de mando avanzados, la falta de llamadas de alerta a las alcaldías, el retraso en la coordinación operativa y la emisión de mensajes genéricos a la población cuando el peligro era ya inminente”. “Todo ello se produjo pese a la abundante información disponible procedente de avisos meteorológicos, llamadas de emergencia y cortes de carreteras”, añaden desde la organización sindical.
“Con la inacción, la indecisión, el incumplimiento por parte de los directores del Plan Especial de Inundaciones y sus subordinados no es de extrañar en número de víctimas que ha habido, si se hiciera un registro de incidentes descubriríamos que el riesgo potencial de pérdidas de vidas humanas no ha sido de centenares de víctimas, sino de miles o decenas de miles de personas que han puesto en grave riesgo su vida”, zanja FETAP-CGT sus 43 páginas de informe, ya en manos de la jueza de Catarroja.
