La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la DANA que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia señala en la exposición razonada contra Carlos Mazón que eleva ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una "flagrante falta de coordinación y cooperación entre las distintas consellerías y específicamente la ausencia de cualquier orden" por parte de la de Justicia e Interior, dirigida por la investigada Salomé Pradas.
Así lo indica en el escrito de exposición en el que realiza un análisis con las distintas Consellerias que pudieran verse afectadas y qué medidas se habían adoptado y en el que señala que el departamento de Justicia e Interior no remitió a ninguna de ellas "ni orden, ni comunicación en relación con una emergencia de dicho calado", según las contestaciones recibidas de las distintas administraciones.
En el caso de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, señala que "no consta la recepción de solicitud de cooperación, solicitud de adopción de medidas ni comunicación alguna procedente de los órganos mencionados en relación con los hechos indicados, ni, en consecuencia la emisión de ninguna respuesta". En parecidos términos indica que se pronunció la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, en la que, por parte del subsecretario, se comunicó que no constaba recibida solicitud de cooperación ni de adopción de medidas de protección a los ciudadanos por la DANA.
Sobre la Conselleria de Medio Ambiente, apunta que se aprecia igualmente "una falta de coordinación, ausencia de directrices respecto de la remisión de medios humanos destinados al control de los barrancos y su control permanente".
Teleasistencia
De igual modo, señala que en la Conselleria de Servicios Sociales, de la cual dependía la teleasistencia, no consta que recibiera tampoco órdenes específicas sobre la emergencia. "En este caso, la consellera asistió telemáticamente a parte de la reunión (del CECOPI), la abandonó para asistir a una entrega de premios y fue sustituida por un cargo de su propia Conselleria", indica la jueza, para quien la comunicación previa a personas tan vulnerables como las usuarias de teleasistencia que fallecieron el 29 de octubre de 2024, "es obvio que falló". "Nadie les alertó. El hecho de que se califique como teleasistencia no impide en modo alguno que se les llamara para alertar. La comunicación es bidireccional. No sólo está prevista para recibir llamadas de auxilio y ayuda", apunta, y añade que "una oportuna gestión y coordinación permite ponerse en contacto con los usuarios para alertarlos. Que no se llevara a cabo es una cuestión distinta".
A juicio de la magistrada, esa "falta de de coordinación y cooperación" y "específicamente la ausencia de cualquier orden" por parte de la Conselleria de Justicia e Interior al resto "implica por las funciones propias del presidente de la Generalitat valenciana" a Carlos Mazón porque la emergencia "exigía la puesta disposición de todos los órganos de la administración".
La jueza argumenta que es "sumamente contradictorio" las afirmaciones "reiteradas y también injustificadas de falta de colaboración, auxilio e información que se atribuye a órganos externos de la propia Generalitat Valenciana, administración autonómica que tenía encomendada la gestión de la emergencia, y sin embargo obviar que la coordinación, la emisión de directrices u órdenes concretas fueran completamente inexistentes con consejerías con tanta relevancia como la de Agricultura y la de Educación y la que tenía encomendada los Servicios Sociales al objeto de adoptar medidas de precaución".
En el caso de Educación, sostiene que es "de especial relevancia", por los desplazamientos de menores, el caso de de los progenitores de los alumnos, e incluso del profesorado. Como ejemplo de la no suspensión de las clases, cita los casos del director del IES de Chetes y de un niño y sus padres --fallecidos al recogerle del colegio-- entre las víctimas que dejaron las riadas. "Esto es especialmente significativo si atendemos a otros órganos educativos que sí que se adoptaron las medidas precisas. La conocida suspensión de clases adoptadas por la Universitat de Valencia", subraya la magistrada, quien destaca "esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos del presidente de la Generalitat, ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante, convertido en una oficina en la que le llevaron para firmar incluso algunos papeles, pero que no sirvió de centro de directivo".
