La educación pública valenciana cumple una semana de huelga indefinida, la primera desde 1988. Los sindicatos docentes siguen rechazando las ofertas de la Generalitat para poner fin a la protesta de 75.000 docentes, que se está convirtiendo en el principal foco de desgaste del Consell de Juanfran Pérez Llorca. Sin embargo, el Ejecutivo regional no parece muy preocupado por los profesores que reclaman no ser de los peores pagados del país, y sus acciones van más en la dirección de las de todos los Gobiernos autonómicos del Partido Popular, que es la de potenciar lo privado.
El pasado miércoles, 13 de mayo, en plena semana de protestas, la Consellería de Educación, Cultura y Universidades aprobó una resolución para conceder más de 6,2 millones de euros a centros privados sostenidos con fondos públicos, en concepto de ayudas económicas. El área de Carmen Ortí ha decidido que el tercer día de las reivindicaciones de la pública era el mejor momento para resolver una convocatoria para "la adquisición de equipamiento de robótica, programación y lenguaje computacional" para los colegios concertados, según se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
Se trata de un procedimiento que se abrió en el mes de diciembre para que los centros presentaran sus solicitudes para beneficiarse del programa nacional 'Código escuela 4.0', del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La convocatoria contemplaba subvenciones para la digitalización de los centros por un total de más de 6,5 millones de euros.
Pasado todo el procedimiento de presentación y evaluación de solicitudes, El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, resuelve conceder estas ayudas a 350 centros concertados en la Comunidad Valenciana, por un total de 6.207.679,09 euros, lo que deja aún por repartir más de 355.000 euros.
Los sindicatos rechazan la subida de 120 euros
Tras ocho días de movilizaciones, protestas y manifestaciones masivas, el conflicto educativo se ha convertido en el principal foco de desgaste para el Gobierno autonómico. Miles de profesores se han vuelto a manifestar este lunes frente a la sede de la Consellería de Educación, en Valencia, en la que estaba reunida la Mesa de Negociación entre la Generalitat y los sindicatos docentes (STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE). El viernes, un día después de la anterior reunión del órgano, más de 35.000 personas tomaron la capital valenciana en el quinto día de protestas.
La reunión volvió a terminar este lunes sin éxito, después de que la consellera y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, presentaran una vez más la propuesta que incluye una mejora salarial de 120 euros para 2027. Según confirman los sindicatos participantes a Eldiario.es, esta propuesta incluye ahora también un plan de sustitución anticipada en la Primaria, que propone incorporar entre medio y un maestro adicional como "sustitución anticipada", para lo que Educación no da ningún plazo.
La propuesta añade además estudiar la normativa específica de los centros de primer ciclo de Infantil y la regulación para centros singulares para mejorar las ratios, optimizar las sustituciones y contempla horas de compensación para el equipo directivo de los centros y un plan de confort térmico y bienestar docente. Los sindicatos han vuelto a rechazar la oferta, que consideran que "todavía no llega a ser aceptable" ya que "no se llega a recuperar el poder adquisitivo, para lo que sería necesario que la Conselleria multiplicara por tres esos 120 euros, y tampoco se ha incluido la vinculación al IPC, muy necesaria para no continuar perdiendo poder adquisitivo", señalan.
A pesar de ser muy críticos con esta nueva protesta, los colectivos anuncian que seguirán negociando esta semana, cuando se esperan nuevas concentraciones. Más de 75.000 docentes forman parte de un colectivo que denuncia salarios entre los más bajos del país, elevadas ratios en las aulas y una creciente complejidad educativa sin que, según han afirmado, existan recursos suficientes para afrontarla. Los docentes han sostenido además que el conflicto no responde únicamente a una cuestión salarial inmediata, sino a una acumulación de problemas estructurales que llevan años denunciando. El colectivo considera que la estrategia de la Conselleria de Educación de retrasar las negociaciones, junto a unas propuestas económicas calificadas por algunos sindicatos como "insultantes", ha terminado por aumentar todavía más el malestar.
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