Sindicatos de profesores, familias y estudiantes se unen este lunes en la huelga general indefinida de la educación pública en la Comunidad Valenciana. Sobre la mesa de la Generalitat, que presume de plantillas record, estaban las subidas salariales, bajada de ratios y un plan de infraestructuras dignas, entre otras muchas reclamaciones. Sin embargo, la falta de voluntad para rebajarse de la Consellería de Educación, que dirige la popular Carmen Ortí, hizo que los sindicatos se levantaran de la mesa sin siquiera un acuerdo de servicios mínimos.
Así arranca este lunes una huelga a la que hay llamados casi 80.000 profesores, convocada por nueve sindicatos educativos. Al mayoritario, STEPV (Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià), se suman ANPE, CCOO, UGT, CSIF, CNT, CGT, COS y CSO. Además, cuentan con el respaldo de las asociaciones de madres y padres de alumnos, agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya; y del Sindicato d'Estudiants. Hay unos 500.000 alumnos que se verán afectados por la huelga, entre ellos los 24.000 que tienen la selectividad en menos de un mes.
Desde primera hora hay convocados piquetes en las escuelas de primera y secundaria, y a partir de las 12 horas habrá manifestaciones en las cuatro ciudades principales de la Comunidad Valenciana: En Castellón, en la Plaza de Las Aulas; en Valencia, en la Plaza de San Agustín; en Alicante, en el IES Jorge Juan; y en Elche, en la Plaza dels Algeps.
Mejores sueldos y ratios más bajas: las exigencias de los profesores
El pasado viernes, la consellera de Educación anunció que la negociación con la Mesa Sectorial había terminado sin acuerdo, aunque no la daba por "rota". La realidad era que los sindicatos se levantaron de la mesa porque las propuestas de Ortí no cumplían con sus exigencias. Los maestros "peor pagados de España" quieren subidas de entre 4.000 y 6.000 euros anuales, destinados a recuperar la pérdida de poder adquisitivo, que sitúan en un 20% menos desde el 2010.
Los profesores de la región admiten estar saturados ante la masificación de las aulas, para lo que exigen una bajada de las ratios, con refuerzo de plantillas —especialmente en FP y atención a la diversidad—, mejora en la cobertura de bajas y, en general, mejores condiciones laborales. El documento sindical de reivindicaciones habla de reducir las aulas de Infantil y Primaria a 15 alumnos, frente a los 25 actuales, y las de ESO y Bachillerato a 20 estudiantes, frente a los 25 o 30 actuales.
Las infraestructuras también son un punto muy sensible de la huelga. Casi 4.000 estudiantes de ocho escuelas en municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024, iniciaron el curso 2025-2026 en barracones. Los sindicatos ponen el foco en el recorte presupuestario de la Generalitat, y reclaman infraestructuras dignas. Además, piden que se refuerce la educación en valenciano y la derogación inmediata de la Ley Rovira.
El "insulto" de la Generalitat
La respuesta de la Generalitat a estas exigencias, el pasado jueves, fue una oferta de máximos que los sindicatos calificaron como un "insulto". La Consellería puso los servicios mínimos en Bachillerato, los "imprescindibles para la evaluación ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la EBAU", como condición inamovible, y ofreció a los profesores una subida salarial de 75 euros al mes brutos en tres años hasta llegar a los 1.050 euros anuales, lo que según .
Las plataformas dieron así por terminadas las negociaciones, ante la oferta "irrisoria" e "indignante", y decidieron seguir adelante con la huelga indefinida a partir de este lunes. La consellera, Carmen Ortí, salió a decir que su oferta incluía también "la reducción de la carga burocrática, simplificación educativa", además de "la elaboración de un plan director sobre las infraestructuras y al confort térmico".
La titular de Educación recordaba también que la puerta estaba "abierta para negociar" los servicios mínimos, tras lo que inició una ofensiva contra los sindicatos, a los que culpó de no querer aceptar sus propuestas. Lo hizo el mismo viernes, con una carta enviada a las familias en la que señalaba a los profesores: "Ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical", decía. La carta se ganó las críticas de los sindicatos, que la consideran un "absoluto insulto y falta de respeto" plagado de "mentiras" para "confrontar a las familias y a los docentes", y de las propias asociaciones de madres y padres de los alumnos, que la consideraron "inadmisible" y reiteraron su apoyo a la huelga.
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