La educación pública valenciana se encuentra inmersa en su noveno día de huelga indefinida después de que el profesorado se alzara el pasado 11 de mayo contra la gestión que el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca está llevando a cabo con el sistema público de enseñanza en la Comunidad Valenciana y ante las condiciones a las que somete la Conselleria del ramo, dirigida por Carmen Ortí, a la extensa plantilla de docentes.

Con múltiples y multitudinarias protestas y manifestaciones, las calles de Valencia y de diferentes ciudades de la autonomía se han visto repletas en los últimos días de profesores que claman en defensa de la educación pública y que exigen la mejora de las condiciones laborales, entre estas, la bajada de ratios, el aumento de la plantilla o la mejora salarial, algo a lo que desde la Conselleria de Educación muestran especial resistencia. Sin embargo, en pleno estallido de la crisis de la educación pública valenciana, el Consell de Pérez Llorca no oculta su empeño por favorecer a los centros privados, regándolos con millones, mientras la pública agoniza.

Durante el pleno de Les Corts celebrado este jueves, el síndic del PSPV-PSOE José Muñoz ha reprochado al Ejecutivo del Partido Popular (PP) que, mientras en la calle miles de docentes se manifiestan y alertan de la asfixia que está sufriendo la educación pública, su Gobierno se dedica a dar hasta 72 millones de euros a la educación privada y "segregada". "Nos dice que no hay dinero para la educación pública, que no hay ni un duro, pero le da 72 millones de euros para la educación segregada, 72 millones de euros para el Opus Dei", ha comenzado señalando el síndic socialista con relación a la modificación de crédito que aprobó el Consell el pasado 18 de mayo. "El señor Pérez Llorca nos dice que no hay dinero, ¿pero saben lo que hace? El 18 de mayo se publicó esto. Esto es el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 18 de mayo, en plena negociación entre los sindicatos de profesores y su Consell, ¿saben lo que hacía el Consell de Pérez Llorca? Mientras les decía que no tenía dinero, hacía una modificación de crédito para darle seis millones de euros a la educación concertada privada", ha arrojado. Asimismo, Muñoz ha lamentado que "esto es el resultado" de las políticas del PP de Pérez Llorca. "No hay dinero para la educación pública, pero del año 2025 al 2026 se ha incrementado el dinero de la educación privada en 96 millones de euros, la calle está incendiada con razón", ha esgrimido en el hemiciclo.

En líneas similares, Muñoz ha proseguido subrayando que "ante su primera crisis el Consell de Pérez Llorca ha suspendido", a la vez que se une a las exigencias del profesorado y pide la dimisión de la consellera de Educación tras acusar a los sindicatos de manipular encuestas. "Han demostrado ser incapaces de gestionar", ha apuntado. Por su parte, desde el PSPV-PSOE han reprochado también a los populares que digan que no tienen dinero cuando "han subido el sueldo un 36% a todos sus altos cargos, la consellera cobra 10.000 euros más que su predecesora y el secretario autonómico de educación 23.000 euros más que el anterior": "Tienen dinero para subirse el sueldo a ellos mismos".

Millones a la privada y a la segregación por sexo

El pasado 4 de mayo desde Compromís ya denunciaron que la Generalitat Valenciana sigue en la línea de financiar con dinero público a los centros que segregan por sexo, como los vinculados al Opus Dei. A razón de ello, desde la formación enviaron un requerimiento a la Conselleria en el que ponían de relieve la irregularidad ya que la ley de Educación establece que "no podrán suscribir conciertos educativos los centros que desarrollen el principio de coeducación mediante la segregación del alumnado por sexo".

Tal y como advirtieron el síndic Joan Baldoví y el diputado Gerard Fullana, esta renovación suponía un coste de al menos 12 millones de euros anuales para las arcas públicas valencianas, alcanzando los 72 millones hasta 2031. "Su modus operandi consiste en mantener formalmente una matrícula mixta para aparentar que cumplen la ley, pero después presionan a familias del sexo que no quieren admitir para que cambien de centro. En algunos casos figura que hay matriculado únicamente a un niño o a una niña en las etapas de entrada para intentar justificar artificialmente que no segregan", detalló Fullana.

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