Las estadísticas no engañan. En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como Agencia de Vivienda Social (AVS), tenía un patrimonio inmobiliario de 17.788 casas en propiedad y 6.399 en derecho de superficie: un total de 24.187. Los últimos datos de 2022 (a 31 de diciembre) revelan que ese mismo patrimonio es de 22.118 viviendas en propiedad y 2.912 en derecho en superficie: 25.030 en total. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 843 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 17 años la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 49 viviendas públicas al año.

Para Jorge Moruno, diputado autonómico de Más Madrid y portavoz en temas de vivienda, el balance no puede ser más “raquítico” en un contexto de alza de precios (sobre todo en el sector del alquiler) y una falta de oferta que “hace más necesaria que nunca una apuesta clara por la vivienda pública”. Según Moruno, en la comunidad de Madrid hay 0,3 viviendas por casa 100 habitantes cuando la media europea es de 3,8. Y hay demanda. El año pasado había apuntados en la agencia 4.289 solicitantes de especial necesidad, aquellos cuyos ingresos familiares no superan 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (PREMIR) y cumplen otros requisitos personales, como ser víctima de un desahucio, ser víctima de violencia de género o, por ejemplo, residir en una casa en malas condiciones de habitabilidad, albergues, pisos tutelados, etc.

Según Moruno, con este ritmo de construcción de 49 viviendas anuales y una demanda de 4.289 familias necesitadas, habría que esperar 87 años para que todo estos solicitantes pudieran disponer de una vivienda pública y digna. Y eso que la Agencia de Vivienda Social (Ivima hasta el año 2015) llegó a tener un patrimonio cuando se fundó en el año 1984 de 98.000 viviendas en propiedad. Poco a poco se fueron vendiendo a sus inquilinos. Diez años después, por ejemplo, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de entonces, Luis Eduardo Cortés, señalaba en 1996 que “carece de sentido que el Ivima cuente con un patrimonio tan grande, por lo que se procederá a la venta de gran parte del mismo”. La causa era simple: La administración no se veía con ganas ni con fuerzas de gestionar un parque inmobiliario tan grande. De hecho, desde 1984 la Comunidad se ha deshecho de 72.700 pisos sociales.

Un portavoz de la Agencia de Vivienda Social asegura que desde el año 2017 está prohibida la venta de vivienda pública, por lo que la Comunidad de Madrid no pierde patrimonio inmobiliario. Sin embargo, si se analizan los datos en 2017 la agencia tenía 23.470 viviendas. Es decir, que desde entonces ha ganado 312 inmuebles cada año. Pero según el diputado Moruno hay trampa. Porque en octubre de 2020 la justicia obligó a la Comunidad a recomprar 1.721 de los 2.935 pisos que había vendido en 2011 a la empresa Encasa Cibeles. A Más Madrid le salen otras cuentas: “desde que llegó Ayuso al Gobierno en 2019, el parque de vivienda social ha aumentado en 1.798 viviendas, pero si les restamos las 1.721 que ha tenido que recuperar por orden judical, nos queda un saldo de 77 viviendas en cuatro años. Ridículo”.

¿Por qué construye la Comunidad de Madrid tan poca vivienda protegida? Un portavoz de la AVS no da una respuesta concreta y se limita a responder que “desde el inicio de la legislatura se han entregado 1.301 viviendas y se sigue trabajando para aumentar el parque de vivienda social. En concreto, tenemos 125 en construcción, 1.110 en proceso de redacción del proyecto y 365 en proceso de licitación de obra. A estas hay que sumar el proyecto de transformación de locales propios en viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida o cualquier discapacidad física, cuyo primer objetivo es entregar 100 bajos”.

Pero, ¿las 1.301 viviendas que se han entregado son de nueva construcción o ya pertenecían al patrimonio de la AVS y se han vuelto a adjudicar porque el anterior inquilino ya no está? No hay respuesta. En la memoria de la AVS de 2021, por ejemplo, se especifica que ese año se entregaron 324 viviendas en alquiler, pero solo 137 eran nuevas, el resto se encuadraban en “segunda adjudicación”. Los datos de 2020 eran peores. De las 174 viviendas entregadas, 127 ya pertenecían al patrimonio de la AVS.

Esta misma semana el grupo parlamentario Vox hizo comparecer en la Asamblea a la directora general de Vivienda y Rehabilitación para que valorara la situación de la oferta de vivienda pública en la región, ya que desde 2019 ya han pasado por la AVS tres responsables de la misma. El último de ellos, Manuel Ángel Fernández, renunció la semana pasada por petición propia para incorporarse al sector privado. Ha sido sustituido temporalmente hasta final de esta legislatura por el viceconsejero. “La AVS no está funcionando y no son ustedes capaces de hacer crecer el patrimonio inmobiliario público”, señaló el diputado José Luis Ruiz Bartolomé. “No han hecho ustedes un esfuerzo notablemente en estos casi cuatro años”.

La situación se agrava con otro problema: las dificultades que está teniendo la AVS para poder adjudicar parte de su patrimonio a los solicitantes apuntados. El año pasado, según publicó el diario El País, había 913 viviendas vacías y 2.319 okupadas irregularmente, el 13% del total. Muchos de los pisos sociales proceden de la recompra obligada por orden judicial a Encasa Cibeles, que aún no han sido adjudicadas a sus antiguos propietarios o a nuevos si los anteriores renuncian.

Mientras, la Comunidad sigue apostando por la colaboración público-privada para intentar sacar al mercado vivienda asequible en alquiler, lo que ha bautizado como Plan Vive. El objetivo es que estos pisos, construidos por promotores privados en parcelas públicas, salgan al mercado con una bajada de precios del 40%. El proceso de concesión comenzó en diciembre de 2021 con el objetivo de edificar 6.500 viviendas en varios municipios de la Comunidad de Madrid: Getafe, Alcorcón, Colmenar Viejo, Tres Cantos, Madrid capital, Alcalá de Henares, Móstoles, Torrelodones… de esas 6.500 viviendas ya se han iniciado las obras de 2.700. El pliego de licitación obliga a los promotores a no modificar el precio máximo de los alquileres durante 50 años, excepto la actualización del IPC. El compromiso inicial eral levantar 25.000 viviendas. Obviamente no se llegará a esa cifra.