Volver al federalismo

La decisión de Junts per Catalunya de tumbar, junto con el PP y Vox, los decretos de vivienda ha hecho que Sánchez se haya planteado seriamente adelantar las elecciones generales. Escribo estas líneas cuando el presidente español todavía no se ha pronunciado al respecto; quizá, cuando el lector lea estas líneas, el líder socialista ya habrá hecho pública —o no— su decisión de adelantar los comicios.

En cualquier caso, en las últimas horas se han analizado en profundidad los motivos que han llevado al partido de Puigdemont a rechazar los decretos. Sin embargo, en el trasfondo político de esta operación está la voluntad de Junts de ver a Sánchez, una vez más, derrotado en una votación parlamentaria en el Congreso. Y, aún más, hacerlo en una cuestión sensible y compleja como es el acceso a una vivienda digna.

Para entender cómo se ha llegado hasta este punto, hay que situarse en las elecciones generales de 2023. Unos comicios en los que, obligados por la aritmética parlamentaria, los socialistas pasan de rechazar la amnistía a aceptarla, entendiendo, más allá de la necesidad, que puede ayudar a reducir la tensión de los últimos años. La iniciativa se aprueba en el Congreso y tiene un coste elevado para el PSOE y para el Gobierno central en algunas zonas de España donde, entre el relato apocalíptico de PP y Vox y la intransigencia de los posconvergentes, se impone la narrativa, una vez más (¿y cuántas van ya?), de que Pedro Sánchez romperá España.

La ley de amnistía, así pues, es un factor que, sumado a otros como el hecho de situar a ministros como candidatos a las presidencias autonómicas, el fuerte crecimiento de Vox, la capitulación del PP ante la formación de Abascal o la fuerte derechización del electorado, supone una derrota para la izquierda en las elecciones celebradas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

El coste político que asume Sánchez con las diferentes medidas de gracia (indultos y amnistía, principalmente) no ha sido correspondido en absoluto por Junts, que ha vendido a sus simpatizantes y votantes estas iniciativas como una obligación del Ejecutivo central. Ignacio Sánchez-Cuenca, en un artículo publicado hace unos meses en La Vanguardia, lo expresaba con mucha claridad: “El intento de algunos líderes de Junts de argumentar que no hay diferencias entre las derechas y las izquierdas españolas es demasiado burdo. En mi opinión, la ingratitud de Junts revela una descomposición política del partido, que hoy no está en disposición de encabezar un proyecto inteligible sobre el futuro de Cataluña”.

Además, hay que recordar que la amnistía fue únicamente a cambio de la investidura. No deja de ser curioso, en este sentido, que un grupo político abogue por votar a un presidente y, al mismo tiempo, no le deje gobernar. Es lo que ha hecho Junts a lo largo de la legislatura. Precisamente, hay que tener presente que la fuerza independentista podría haber decidido no votar a Sánchez. Sin embargo, en el momento en que avaló entrar en la negociación para una investidura y acabar dándole su confianza al candidato a la presidencia, se supone que, como mínimo, facilitaría la aprobación de unos presupuestos. En el seno del partido secesionista, sin embargo, pensaron que sería mejor hacer lo contrario: permitir la investidura del líder progresista, pero no dejarle gobernar.

¿Y cómo lo han hecho? Poniendo condiciones imposibles al Gobierno central en las cuestiones que se han ido debatiendo en el Congreso. En otras palabras, convirtiendo prácticamente cada votación en una subasta simbólica. Es cierto que muchos, dentro y fuera del PSOE, tenían la falsa esperanza de que la formación de Puigdemont y Turull acabaría cediendo y, por tanto, entrando en la lógica ‘realista’ de grupos como el PNV, EH Bildu o ERC.

¿Y por qué Junts ha actuado de esta manera? A mi entender, por tres razones. La primera es que la amnistía, pese a ser vendida como un triunfo, es la constatación del fracaso político del procés. La segunda es que entienden que torpedear la acción del Ejecutivo central es la mejor fórmula para debilitar al PSC, su máximo rival en Cataluña y con el que algunos dirigentes todavía mantienen cierto resentimiento por el hecho de que la vía secesionista no prosperara. Y, en tercer lugar, y más recientemente, para marcar distancias con Aliança Catalana, la fuerza de ultraderecha con la que el partido de Puigdemont todavía no sabe qué relación mantener.

A Junts, que solo tiene 7 escaños y el 11,16% de los votos en Cataluña, solo le queda el relato para no caer en la irrelevancia que apuntan las encuestas. Un relato fundamentado en el hecho de que ellos son la representación exacta de lo que es Cataluña y en que son la garantía de la supervivencia de la ‘nación’.

Todo apunta a que las próximas elecciones generales estarán fuertemente condicionadas por el factor de la vivienda. A los posconvergentes, la fotografía junto al PP y Vox puede generarles más problemas de lo que inicialmente podría parecer. Es lo que tiene jugar con fuego. Sin ir más lejos, y según datos del CEO, un 65% de los votantes del partido aboga por regular los precios del alquiler.

En cualquier caso, los comicios generales tendrán también un componente territorial determinante. Todas las formaciones saben que Cataluña será una de las zonas más decisivas. Por eso, Sánchez debe recuperar el federalismo como uno de sus ejes políticos y contraponerlo a un independentismo al que solo le queda la fuerza del simbolismo y la nostalgia de un pasado idílico. Es la tabla de salvación de este movimiento político y, especialmente, del espacio que representa el grupo que lidera Míriam Nogueras en el Congreso.

Por eso, llegados al punto actual, si el presidente español quiere volver a vencer en Cataluña en las próximas elecciones generales, no tendrá suficiente con apostar por la agenda social. También tendrá que superar la dialéctica independentista y articular una fórmula que vaya más allá de la concepción de una España plural y diversa y que deje atrás el binomio entre centralismo e independentismo. El contexto europeo y mundial, de hecho, apunta cada vez más a la necesidad de compartir soberanías en el ámbito de las políticas públicas. Es una propuesta que, a la vista del último ciclo electoral, podría reunir a una mayoría amplia de ciudadanos de Cataluña. Un buen ejemplo, como referencia, es el discurso federal y la visión territorial que imprimió Ximo Puig cuando presidió la Generalitat Valenciana.

La paradoja, además, es que avanzar hacia un paradigma federal ayudaría también al PP a mejorar su acción política en las administraciones donde gobierna y mejoraría la coordinación entre instituciones. Con todo, la oposición destructiva de Feijóo y su apuesta por someterse a los postulados de una formación que aboga por eliminar las comunidades autónomas hacen muy difícil que pueda existir un mínimo entendimiento en una materia que mejoraría la arquitectura institucional del Estado.

En síntesis, las próximas elecciones generales, que quizá serán las más decisivas de las últimas décadas, por el hecho de que España puede tener un Ejecutivo con la participación de una de las extremas derechas más involucionistas de Europa, pueden ser, al mismo tiempo, una oportunidad para fortalecer el Estado del bienestar —con un énfasis especial en la vivienda—, pero también para reconstruir una idea de España —con un papel importante de Cataluña— que sitúe en el centro los derechos de ciudadanía y la relevancia de las soberanías compartidas.