La condena de Laura Borràs por falsedad documental y prevaricación acelera el diseño final del escenario en el que los partidos catalanes se enfrentaran a las elecciones municipales. La resolución de la crisis política provocada por el juicio y su separación preventiva de la presidencia del Parlament no puede alargarse demasiado. ERC y Junts deben decidir si recomponen transitoriamente el pacto de investidura para dar continuidad a una presidencia en manos de Junts, o bien, uno de los dos partidos decide invitar al PSC a entrar en el juego institucional. El triángulo está servido.
Las primeras reacciones a la sentencia han sido las previsibles. Laura Borràs, Junts y el expresidente Quim Torra se reafirmaron en la denuncia de la “infamia” de un juicio político y en proclamar que nada les detendrá en su batalla por la independencia. El resto de partidos, incluida ERC, no se han movido del argumentario utilizado en su día para descabalgar a Borràs de la presidencia: se ha confirmado que hubo corrupción y no hay nada más que hablar. Hechas las declaraciones de rigor, hay que ver cómo se articula una mayoría en el Parlament para elegir al nuevo presidente o presidenta.
Junts, o al menos el sector más aventurero del partido en el que milita Borràs, los que abogan por mantener vacante la presidencia del Parlament, se encargó de complicar la coyuntura al presidente de la Generalitat en la perspectiva de un desenlace rápido de la crisis institucional en el Parlament. La aparición en Barcelona de Clara Ponsatí para hacerse detener en público por la policía autonómica, a instancias del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no tenía más propósito que situar a ERC del lado del “estado opresor” y contraponer a una ex consejera de Junts, que ”planta cara al estado”, con la sumisión a dicho estado de otra consejera de ERC. Meritxell Serret, consejera de Agricultura en 2017 y actualmente consejera de Acció Exterior, se entregó voluntariamente al juez Llarena hace unos meses e iba a ser juzgada al día siguiente en el TSJC por desobediencia. Ponsatí también está acusada de desobediencia, delito que no implica pena de cárcel y que explica la tranquilidad con la que la ex consejera de Ensenyament en el gobierno Puigdemont pudo protagonizar su performance para satisfacción de los seguidores.
ERC ha hecho notar que Ponsatí ha podido volver por unas horas a Barcelona para escenificar su rebeldía gracias al pacto de los republicanos con el gobierno Sánchez para eliminar el delito de sedición. Pero este argumento no hace mella en el sector de Junts que acusa a ERC de blanquear la represión al incentivar el retorno de los huidos. La normalización política que este retorno implica es justamente lo que Puigdemont y sus afines quieren evitar. La tensión institucional entre el independentismo y el estado es lo que les mantiene políticamente vivos, al menos a ojos del sector de los irredentos, cuya fuerza se verá en las próximas elecciones.
La contraposición de actitudes frente a la justicia española es el campo de batalla que les queda a ERC y Junts para diferenciarse ante el electorado compartido, una vez que unos y otros han asumido que la concreción del estado propio ha quedado relegada ad calendas graecas. El choque definitivo en este campo depende de la decisión que vaya a tomar Carles Puigdemont. Su abogado, Gonzalo Boye, que también lo es de Ponsatí, dejó caer esta semana en pleno ensayo general para poner a prueba la determinación del juez Llarena, que el expresidente de la Generalitat volverá a Barcelona. No precisó más porque no pudo. Los planes de Puigdemont y su grupo de consejeros instalados en Bruselas dependen de la resolución de la justicia europea sobre la inmunidad parlamentaria que ahora gozan cautelarmente como eurodiputados.
El retorno de Puigdemont gracias a su inmunidad europea para ser vitoreado como legítimo presidente de la Generalitat es la peor pesadilla de Pere Aragonés y el único movimiento que puede movilizar de nuevo a las bases independentistas, en detrimento de las aspiraciones de ERC. A la espera de la agenda judicial europea, Junts podría plantearse mantener abierta hasta después de las elecciones municipales la herida del Parlament, una traición de ERC a Borràs, en su argumentario.
El riesgo de dilatar la elección de una nueva presidencia a base de no ofrecer un nombre a ERC para votarlo conjuntamente es que los republicanos obtengan para esta designación una mayoría como la que les permitió aprobar los presupuestos, con el PSC y En Comú Podem. Una maniobra como esta ahondaría la distancia entre independentistas, pero es el escenario soñado por Puigdemont, Torra y Borràs, todavía presidenta de Junts. El secretario general del partido, Jordi Turull, aun no se ha pronunciado abiertamente sobre el tema.
