La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación sobre las identificación por parte de los Mossos de varias personas en diversas localidades de Cataluña que retiraban lazos amarillos de la vía pública. El Ministerio Público quiere saber los “motivos concretos” de las identificaciones y los “criterios” de actuación en casos similares.

En un decreto de tres páginas firmado por el teniente fiscal, Pedro Ariche, en funciones de fiscal superior, el Ministerio Público ordena al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, que le remita en 15 días como mucho un informe con todas las actuaciones y diligencias en relación a las actuaciones policiales del 17 de agosto en Vandellòs y la Ribera de Ebro. También quiere que identifique los agentes actuantes por su número de carné profesional y si las diligencias practicadas comportaron una denuncia en el juzgado o un expediente administrativo por infracción de la ley de seguridad ciudadana. La misma orden da al alcalde de L'Ametlla de Mar por los hechos del 24 de agosto a su pueblo, donde actuó la Policía Local.

Al comisario Esquius también le requiere que informe a la fiscalía sobre las “pautas o criterios de actuación” seguidos por los agentes del cuerpo “con relación a eventuales actuaciones de retirada de simbología partidista o reivindicativa de la vía pública por parte de particulares”. Además, le pide que a partir de ahora informe al Ministerio Fiscal puntualmente de todas las actuaciones similares que haga el cuerpo, o de las que tenga constancia a través de las policías municipales.

Una actuación “arbitraria, carente de fundamento legal"

En el decreto del fiscal, se explica que la investigación arranca por la presentación de un escrito miércoles de la semana pasada por parte de la entidad Impulso Ciudadano, liderada por el ex diputado de Ciudadanos  José Domingo, en el que explicaban los hechos a raíz de la publicación de la noticia de que la policía catalana había identificado 14 personas en Móra la Nova, Tivissa y Vandellòs como “posibles autores de daños al dominio público” y una posible infracción grave de la ley de seguridad ciudadana.

Según el escrito de Impulso Ciudadano, la actuación policial fue “arbitraria, carente de fundamento legal y discriminatoria por razón de ideología”.

A través de los medios de comunicación, la Fiscalía supo que Mossos y la Policía Local de L'Ametlla de Mar también habían identificado personas que retiraban lazos amarillos. Por todo ello, y para saber el alcance de las diligencias policiales, la Giscalía abre esta investigación para saber los detalles y las posibles consecuencias legales contra los agentes policiales y sus superiores.