Junts pel Sí y la CUP han presentado este martes los detalles de la proposición de Ley del Referéndum en un acto en el Parlamento de Cataluña. En él, diputados de los grupos políticos que sostienen al Gobierno de Carles Puigdemont han explicado que la consulta del próximo 1 de octubre será “vinculante”.
Benet Salellas (CUP), ha defendido que este texto legal “encarrilla el ejercicio de derecho a voto” y de “la democracia”, ante lo que se sienten “acompañados por todas las resoluciones internacionales”, especialmente en sentencias del Tribunal de La Haya y la Corte Suprema de Canadá.
La justificación para la celebración del referéndum de independencia de Cataluña que hace esta ley es que España ratificó en 1977 el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos aprobado por Naciones Unidas en 1966, el cual reconoce el derecho de autodeterminación como el primero de los derechos humanos. Además, apela al artículo 96 de la Constitución española, el cual recoge que los Tratados internacionales integran su ordenamiento jurídico.
“La doctrina internacional sólo pone un límite, el uso ilícito de la fuerza y vulneraciones de otras normas”, ha defendido Marta Rovira, diputada de ERC, añadiendo que el éxito de referéndum depende de “la elevada participación” y “que garantice una campaña con todas las opciones”.
.@jorditurull: "Avui presentem la llei del #referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Crec que és la llei més important que hem fet mai" pic.twitter.com/SCKXCrui1B
— Junts pel Sí (@JuntsPelSi) 4 de julio de 2017
En una entrevista posterior en Al Rojo Vivo, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha asegurado que la consulta soberanista no requerirá de un mínimo de participación, recordando que tampoco lo requirieron otros celebrados en el Estado español como el de la OTAN.
Norma suprema
En el acto, los diputados han calificado a esta ley como “suprema”, para que prevalezca sobre cualquier norma que pueda contradecirla con el ojo puesto en, afirman, garantizar la seguridad jurídica de todos los cargos que colaboren en la celebración del referéndum.
Pese a las justificaciones e intentos de vincular el referéndum al ordenamiento español, la diputada de la CUP Gabriela Serra ha llegado a afirmar que la consulta será un acto de desobediencia “porque nos han dicho que nos castigarían”.
