Tan solo dos días después de conocerse de manera oficial que los cuatro informes encargados por el Govern sobre la viabilidad de la limitación de la compra especulativa de vivienda avalan la iniciativa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido que limitar la especulación inmobiliaria “no quiere decir poner en riesgo ni en discusión la propiedad privada”. Igualmente, el jefe del Ejecutivo catalán ha señalado que en estos momentos se encuentran estudiando y trabajando en medidas para poder evitar que algunas personas se dediquen a encarecer los precios habitacionales y ha anunciado que espera que “muy pronto” pueda haber noticias en esta dirección.
Así lo ha afirmado el presidente del Govern este lunes en el primer acto institucional en el que ha participado tras estar un mes de baja por una osteomielitis púbica, el cual justamente ha consistido en la firma de un convenio con la Conferencia Episcopal Tarraconense para que la Iglesia ceda parte de su patrimonio inmobiliario a la Generalitat con el fin de destinarlo a vivienda social. En su intervención, Illa ha manifestado que la limitación de la compra especulativa habitacional se trata de garantizar que una función social como es también el acceso a la vivienda “se preserva”.
Los informes concluyen que es constitucional
Los resultados de los cuatro informes que han avalado la limitación de la compra especulativa de vivienda se dieron a conocer el pasado sábado. Entre las conclusiones de los estudios encargados por Govern y Comuns, se apunta que el Tribunal Constitucional “deja margen de libre configuración” a los legisladores autonómicos y estatales respecto a los derechos de la propiedad inmobiliaria, así como que el artículo 47 de la Constitución indica que los poderes públicos tienen la obligación de actuar para garantizar el derecho a una vivienda digna, lo que incluiría la restricción a su especulación. Por lo tanto, según los estudios, la iniciativa es constitucional.
Una iniciativa que las conclusiones de los informes dejan claro que debe aplicarse temporalmente y, únicamente, en las zonas de mercado tensionado. Dichos estudios han sido elaborados por un comité de cuatro expertos en materia de vivienda, cada uno de ellos autor de uno de los documentos, para saber la legalidad de la propuesta en cuatro aspectos: la viabilidad jurídica, la constitucionalidad, el urbanismo y la valoración del impacto.
Otros países europeos ya han limitado la compra especulativa de viviendas
En sus declaraciones, Illa también ha remarcado que las medidas que podría llevar a cabo el Govern en este sentido no conllevan “hacer nada que no estén haciendo otros países del entorno europeo”. Por ejemplo, Dinamarca restringe la compra de viviendas a todas las personas que no dispongan de residencia permanente ni hayan vivido durante al menos cinco años consecutivos en el país.
Asimismo, Suiza obliga a los extranjeros que quieran adquirir una segunda vivienda a tener que mudarse a vivir a ella de forma permanente, salvo que consigan una autorización previa, pero en este caso únicamente pueden obtenerla en las clasificadas como áreas turísticas. Otra prueba de que la limitación de la compra especulativa de inmuebles ya se ha puesto en práctica en Europa es Malta, donde las personas que no han residido en la isla más de un lustro no pueden hacerse con un segundo piso debido a la escasez habitacional y de terrenos edificables que padece.
La "política integral de vivienda" del Govern
Durante el acto, Illa ha asegurado que tanto el estudio de la limitación de la compra especulativa como la cesión de inmuebles por parte de la Iglesia para hacer vivienda social son actuaciones que forman parte de “una política integral de vivienda” que está llevando a cabo el Govern. Una hoja de ruta que incluye otras medidas como la aplicación de la ley de la vivienda, que establece los topes a los precios del alquiler, y el despliegue de una serie de mecanismos para garantizar el cumplimiento de esta norma.
Además, también ha mencionado como parte de su estrategia habitacional la construcción de 50.000 pisos de alquiler social hasta 2030, respecto a los cuales ha detallado que está a punto de validarse el primer concurso para iniciar su edificación, y la movilización de suelo para construir 210.000 inmuebles. De la misma manera, ha destacado el Plan de Barrios que el Govern presentó el pasado mes de diciembre, que aporta recursos económicos para, entre otras cosas, la rehabilitación de vivienda en las zonas de Cataluña que más lo necesitan.