El Parlament de Cataluña recayó dos años después en su propia descalificación como cámara institucional. Buena parte de los diputados se dejaron llevar por la pasión política electoral y la imprudencia jurídica, encarándose personalmente de forma amenazadora y recuperando la estela de la desobediencia institucional, negada no hace mucho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras una demanda de diputados independentistas contra la anulación por parte del Tribunal Constitucional del pleno en el que se iba a declarar, supuestamente, la independencia.
La mayoría soberanista permanece instalada en el ejercicio de este derecho inexistente de la desobediencia institucional, obviando la división de poderes y la lealtad institucional; ERC y JxCat cayeron en la trampa planteada por el grupo de Ciudadanos para conseguir el mayor enfrentamiento posible en el interior de la cámara, a cuenta de las detenciones del supuesto grupo terrorista, y sucumbieron también, nuevamente, a la estrategia de la CUP que abona la confrontación abierta con el estado como método para crear las condiciones de una proclamación republicana.
El tono general de los discursos y el contenido de las resoluciones aprobadas (legitimación desobediencia institucional o reclamación de la retirada de la Guardia Civil de Cataluña) y de la declaración entrada en registro (aquí con la firma de los Comunes), rechazando la operación policial dirigida por la Audiencia Nacional y exigiendo la libertad de los presos políticos, supone un retroceso a posiciones teóricamente abandonadas, al menos por parte de ERC.
En este debate se recuperaron conceptos matizados o incluso negados en los últimos meses, tales como la legalidad del 1-O o el mandato inequívoco y vigente del referéndum, combinados con la amenaza de volver a ejercer el derecho autoproclamado de autodeterminación o simplemente la proclamación directa de la independencia como respuesta a una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Supremo.
Ciudadanos solo tiene una idea en la cabeza y no es otra que la aplicación de un 155 preventivo y eterno (extremos negados por el TC) y con este plan llegó al debate de política general. Lorena Roldán, la nueva estrella de Ciudadanos, tardó poco en acusar al presidente de la Generalitat de liderar los supuestos comandos terroristas y menos tardó el presidente del Parlament en dejarse arrastrar por la táctica del principal partido de la oposición. El intento de acallar a Roldán por esta temeraria asociación independentismo-terrorismo, habitual por otra parte en el mensaje de Ciudadanos, encendió los ánimos.
Roger Torrent heredó de Carme Forcadell la vara de medir diferente las expresiones rechazables de los diputados. La aplica justamente cuando se ataca la honorabilidad de Torra pero deja pasar las referencias al terrorismo de estado o la negación del estado de derecho sin pestañear. El presidente de la cámara ya ha declarado que no tiene ningún cargo de conciencia sobre su manera de dirigir el debate porque, dijo, “hay una voluntad ambiental” de vincular independentismo y terrorismo.
El principal fogonero del retroceso independentista a posiciones de conflicto es Quim Torra, muy atento siempre a la reacción de la CUP. Su habitual y enigmático “seguiremos adelante” mediante “tsunami democrático” es interpretado a su manera por los diputados anticapitalistas, quienes encendieron la mecha del despropósito parlamentario en la segunda sesión del debate.
En cuanto se confirmó la entrada en prisión de los siete detenidos por preparar, supuestamente, acciones con explosivos en las previsibles reacciones de conmemoración del 1-0 y de rechazo a la sentencia, la CUP solicitó la suspensión del pleno ante la nueva agresión del estado represivo; Torrent se negó, dado que se estaba en plena votación de las resoluciones y entonces las cuatro diputadas abandonaron el hemiciclo. Su salida airada tuvo un efecto inmediato de resorte para muchos diputados de ERC y JxCat que se alzaron para reclamar la libertad de los detenidos (convertidos ya en presos políticos en su guion), con Torra a la cabeza y con la ostentosa excepción del vicepresidente Pere Aragonés. Ciudadanos no dejó pasar la ocasión y saltó Carlos Carrizosa para afearles el gesto, defender la Constitución y gritarles que se sentía amenazado.
La sobreactuación de Ciudadanos, la CUP y una parte de los diputados de ERC y JxCat consiguió su objetivo ante las cámaras de televisión: aparecer como víctimas de un clima irrespirable e intolerante que unos y otros ayudaron a crear, sin importarles el desprestigio causado al Parlament y el mensaje enviado a los catalanes. El ambiente está mucho más deteriorado en el interior de la cámara que en la calle, pero las escenas provocadas durante este debate de política general pueden resultar muy rentables para quienes han apostado por la confrontación como primer argumento electoral, ante la desesperación de socialistas y comunes. El PP, por primera vez en tiempo, tampoco secundó el estado general de algarabía.
Las detenciones efectuadas por la Guardia Civil (con todas las sospechas de haber buscado un espectáculo que podría perjudicar el proceso) y el ingreso en prisión decretado por el juez han puesto de manifiesto las dificultades y los miedos del independentismo en el gobierno para gestionar el innegable estado de frustración existente entre sus seguidores, lo que parece obligarles a una negación, en nombre del pacifismo exhibido, de desvaríos individuales que la justicia deberá demostrar. También ha quedado al descubierto el interés desmesurado de Ciudadanos por insinuar una deriva violenta con reminiscencias a ETA del movimiento independentista, sin atender a la presunción de inocencia de los detenidos y sin esperar a conocer la magnitud y la eventual relación del grupo con el conjunto del independentismo.
