Sábado, 8 de la mañana. Estación de metro de Sant Andreu, en Barcelona. La inmensa mayoría de los pasajeros del convoy al que subo han nacido en otros países. Por la ropa que llevan y las mochilas que cargan, todo hace pensar que se dirigen a sus puestos de trabajo. Algunos deben trabajar en la construcción; otros, en el cuidado de personas mayores o en la limpieza de hogares. Algunos probablemente viven en Santa Coloma de Gramenet; otros, en barrios obreros como Bon Pastor, Baró de Viver o Trinitat Vella.

Sus rostros me hacen pensar en Lisa, una mujer de origen boliviano a la que conozco y que cada día se levanta a las cuatro de la madrugada para limpiar las instalaciones de una empresa. O en Rooney, un camarero nacido en Venezuela que trabaja muchísimas horas para poder pagar una habitación y, al mismo tiempo, enviar recursos económicos a su familia. Esta sí que es la Cataluña que madruga. O, dicho de otro modo, la Cataluña que es señalada por una extrema derecha cada vez más fuerte en las instituciones y que ve en el pluralismo social, cultural y religioso una amenaza.

Muchas de estas personas de origen extranjero se beneficiarán de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español. O, mejor dicho, la administración pública corregirá una situación injusta: la de las personas que llevan años y años trabajando sin tener acceso a los derechos más básicos de ciudadanía. En Barcelona, el Ayuntamiento calcula que, como mínimo, serán 24.000 los residentes que solicitarán esta medida.

Mientras el metro se va deteniendo en las distintas estaciones, pienso qué deben pensar los pasajeros con quienes comparto vagón cuando leen en los medios de comunicación o en las redes sociales las propuestas de Aliança Catalana o Vox en materia migratoria. Imagino que deben indignarse al ver cómo estas formaciones ultraconservadoras los utilizan como mera mercancía política. Y supongo que aún les debe doler más saber que en el edificio donde viven o entre los padres de la escuela de sus hijos haya electores que han confiado, precisamente, en las opciones que abogan por el debilitamiento de sus derechos o, en los casos más extremos, por su deportación. Esto resume bastante bien la estrategia de los partidos de extrema derecha: el enfrentamiento entre los sectores más vulnerables. Y es en ese terreno donde han conseguido multiplicar su representación en los parlamentos.

El gran problema, sin embargo, es que desde hace demasiado tiempo el debate sobre cómo abordar el reto migratorio —con el objetivo de garantizar los derechos y los deberes tanto de los autóctonos como de los recién llegados— ha quedado muy desdibujado por la deshumanización de estos últimos. Una deshumanización impulsada por la extrema derecha y asumida, en algunos casos, por partidos conservadores —y no tan conservadores— por miedo a ser devorados electoralmente por las fuerzas nacional-populistas. En otras palabras, ha sido un debate más emocional que racional, excesivamente condicionado por las cuestiones identitarias y los discursos del miedo.

En este sentido, la derecha debería recuperar el espíritu democristiano, social y humanista que propugnó Angela Merkel cuando, en 2015, decidió acoger a cientos de miles de refugiados sirios. Es cierto, como explica Ana Carbajosa en su libro Angela Merkel. Crónica de una era, que aquella decisión fue decisiva para la entrada de Alternativa para Alemania en el Bundestag. Con todo, e independientemente de que la entonces canciller alemana hubiera actuado de otro modo, era solo cuestión de tiempo, como ha sucedido en el resto de los países europeos, que la extrema derecha accediera a la cámara legislativa. No obstante, merece la pena recordar las palabras que pronunció entonces la política germánica y que recoge esta recomendable biografía: “Si Europa fracasa en la cuestión de los refugiados, se romperá este estrecho vínculo con los derechos civiles universales. Se destruirá. No será la Europa que imaginamos y no será la Europa que debemos seguir desarrollando hoy como mito fundacional.”

Desde aquel 2015, los partidos de matriz conservadora han evolucionado considerablemente. En numerosos países europeos se ha roto el tradicional cordón sanitario a la extrema derecha. Es lo que ha sucedido en España, donde parece cada vez más plausible que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del Gobierno, lo hará al frente de un ejecutivo con Vox ocupando carteras ministeriales.

Los sectores progresistas, por su parte, tienen pendiente la tarea de combatir con mayor firmeza el relato que atribuye a la inmigración el origen de las desigualdades sociales. Estas responden, sin ir más lejos y en buena medida, a un capitalismo cada vez más desbocado que, con el apoyo de gobiernos ultraliberales, ha debilitado progresivamente el Estado del bienestar. Al mismo tiempo, la izquierda europea debería reivindicar, como hace la socialdemocracia española, que la mano de obra de origen extranjero es hoy imprescindible para el crecimiento y la modernización de múltiples sectores económicos y que, según la mayoría de estudios en la materia, seguirá siéndolo en los próximos años.

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que el incremento acelerado y continuo de las desigualdades está erosionando la confianza ciudadana en las instituciones públicas y dando alas a una derecha cada vez más extrema que, desinteresada a la hora de afrontar la complejidad de los retos económicos y sociales, ha optado por situar a los inmigrantes en el centro de su diana política.

Con estas reflexiones, llego a Plaza Cataluña, estación en la que me cruzo con varios ciudadanos de origen inglés y alemán. Desconozco si son turistas o si residen en la capital catalana. Sea como sea, no deja de ser curioso que siempre se haya hecho una distinción entre los inmigrantes de origen latinoamericano o africano y los nacidos en países europeos. ¿Es, al fin y al cabo, una cuestión de color de piel y de clase social? Quizá esa sea la clave de todo. Y, si es así, ¡qué poco hemos avanzado!

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