La incógnita 'Aliança'

Desde la recuperación de la democracia, los ayuntamientos han tenido un papel fundamental en la vida pública catalana. En este sentido, los consistorios, desde distintos colores políticos, han impulsado políticas públicas y han puesto en marcha proyectos y planes estratégicos que han mejorado la calidad de vida de la ciudadanía. Barcelona es probablemente el ejemplo más evidente de ello: la ciudad que hoy conocemos no se entendería sin el trabajo de los diferentes equipos de gobierno y, muy especialmente, de los primeros, que se lo encontraron todo por hacer. Gracias a esta labor, hoy la capital catalana es una ciudad con un nivel de servicios envidiable para muchos habitantes de otros lugares del mundo.

Esta ha sido la tónica habitual en la inmensa mayoría de ciudades y pueblos de Cataluña. Lamentablemente, también ha habido algunos casos de corrupción, malas praxis o administraciones locales que han actuado de forma irresponsable o excluyente. Sin embargo, y afortunadamente, han sido casos bastante minoritarios.

Lo que sí es una realidad palpable es que ser alcalde o alcaldesa de cualquier localidad tiene, a menudo, poco brillo político y mediático. Mantener un parque limpio, arreglar una acera o asfaltar una calle son cuestiones cotidianas mucho menos percibidas —y valoradas— que la inauguración de un pabellón deportivo o la construcción de viviendas sociales. Las acciones diarias, como suele ocurrir en esta vida, a menudo pasan desapercibidas. Y eso quizá también explique la mirada de algunos medios de comunicación que, en ocasiones, ponen más énfasis en incidentes como robos u otros hechos delictivos que en las mejoras del día a día de las ciudades.

A pesar de todo, algunas candidaturas políticas y algunos diarios, televisiones y radios suelen abordar las elecciones municipales como si fueran una reválida de las autonómicas o estatales. Es evidente que unos comicios locales tienen implicaciones nacionales, ya que resulta muy difícil —por no decir prácticamente imposible— aspirar a gobernar la Generalitat o el Estado sin una cierta implantación territorial.

Por ejemplo, la fuerte caída de Ciudadanos tras ganar las autonómicas en Cataluña se debió, sobre todo, a una mala estrategia política y comunicativa, pero también a la falta de arraigo municipal. En cambio, uno de los factores que explica la resistencia del proyecto del PSC durante los momentos más álgidos del procés fue su capilaridad territorial. En una línea similar, aunque en un contexto diferente, si ERC ha sido capaz de mantener el rumbo tras salir de la Generalitat ha sido gracias al número de concejales que tiene en todo el territorio.

Por ello, las elecciones locales no deberían extrapolarse, aunque sí ofrecen un cierto termómetro de la situación supramunicipal. Una de las grandes incógnitas de cara a los comicios del año que viene es saber cuál será el nivel de presencia de Aliança Catalana (AC) en los ayuntamientos. Todo apunta a que la formación ultraderechista independentista buscará convertir esta cita con las urnas en un plebiscito sobre la supervivencia de Cataluña y en un cuerpo a cuerpo con Junts, partido con el que se disputa una importante bolsa de electores. Para AC, como ha sucedido también con Vox en muchos ayuntamientos catalanes, los consistorios son una mera plataforma política y mediática para amplificar el discurso que defienden en otras instituciones. Esto hace que a menudo utilicen problemáticas o cuestiones locales como simple excusa para cargar contra la inmigración, negar el cambio climático, confrontar a la ciudadanía o lanzar mensajes contra colectivos sociales vulnerables.

En este marco, planea la duda de si Junts facilitará, activa o pasivamente, que AC acceda a la alcaldía de los consistorios o que entre a formar parte de los gobiernos municipales. No es una cuestión menor. En Ripoll, sin ir más lejos, la formación posconvergente imposibilitó la configuración de un ejecutivo alternativo, algo que habría supuesto que hoy Sílvia Orriols no fuese alcaldesa y, por tanto, que dejara de utilizar la institución como altavoz para reforzar su proyecto de cara a las próximas citas electorales. Y tampoco es menor el hecho de que en Manresa el partido de Carles Puigdemont haya suscrito recientemente un acuerdo con un excandidato del Front Nacional.

Históricamente, los acuerdos en las administraciones locales han quedado bastante al margen de las dinámicas propias del Parlament de Catalunya —con la excepción del procés, donde los partidos independentistas favorecieron la ruptura de gobiernos municipales por sectarismo y por dinámicas ajenas a la realidad de las localidades—, lo que ha provocado que en algunos ayuntamientos se hayan forjado pactos que no podrían extrapolarse a una escala superior.

Ahora bien, el hecho de que la “geometría variable” municipal sea positiva no significa que AC comparta los fundamentos sobre los que se ha construido la política en las poblaciones a lo largo de las últimas décadas; más bien al contrario, la experiencia de la capital del Ripollès ha mostrado hasta qué punto su estrategia pasa por alimentar la confrontación social y dinamitar los consensos democráticos más básicos.

Hasta dentro de un año no sabremos cuál será el peso del grupo político de Sílvia Orriols en los municipios. No obstante, hasta entonces estaría bien saber qué estrategia piensan seguir formaciones como Junts. La hoja de ruta seguida en Ripoll y en Manresa constituye un muy mal precedente. No marcar límites siempre es peligroso. Y más con una extrema derecha que, por mucho catalán que hable, no dejará de serlo por pactar con ella.