El gobierno catalán ha aprobado el proyecto de presupuestos para 2022 de carácter expansivo (38.139 millones, un aumento del 17,3%) gracias a la llegada de los fondos Next Generation. Estos fondos cubren casi la mitad del incremento del gasto, unos 2.100 millones, según las previsiones avanzadas por el gobierno central. Queda abierto el baile. Pere Aragonés tiene pendiente cerrar una mayoría parlamentaria para asegurarse la aprobación definitiva. A día de hoy, ERC solo contempla en público la opción de pactarlos con la CUP, sabiendo de todas maneras que PSC y en Comú Podem estarían más que dispuestos a negociarlos. Los republicanos optan de entrada por mantener vivo el pacto de investidura (ERC-Junts-CUP) para contrarrestar el desgaste que le supone el apoyo a Pedro Sánchez, a quien, de momento, le han permitido superar las enmiendas a la totalidad de las cuentas generales del Estado.

El próximo fin de semana, la asamblea de la CUP decidirá si da por buenos los guiños lanzados por el presidente de la Generalitat y el consejero de Economía para atraerse el interés de los antisistema. Una inversión en política de vivienda de 749 millones (ellos quisieran 1.000 millones), la gestión pública del 061 y la promesa de creación de una empresa energética de carácter público, una productora de energía en espacios y edificios públicos, son las guindas del pastel ofrecido a la CUP. La CUP aspira además a obtener la renuncia definitiva a la ampliación del aeropuerto de El Prat y a la candidatura de los JJOO de Invierno de 2030. No hay que descartar que emulando su exigencia de 2017 a Carles Puigdemont, unos presupuestos para “tumbar al régimen”, ofrezca ahora unos presupuestos a cambio de que ERC tumbe los de Pedro Sánchez.

Este es el baile ofrecido por la CUP que ERC está dispuesta a bailar. Además de estas ofertas y las que ya están en marcha para contentarles en materia de Mossos (comisión de refundación y oficina externa de control a las prácticas de la policía catalana), el consejero de economía, Jaume Giró, de Junts, les ofrece un aumento de la presión fiscal atribuible a los impuestos propios (poco significativo para las aspiraciones de los antisistema) y parece dispuesto a estudiar una rebaja del IRPF para rentas inferiores a los 30.000 Euros anuales. El problema es que la vía de las rebajas ha quedado comprometida con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando la rebaja del mínimo exento (elevándolo de 5.550 a 6.105) aprobada en 2020 con los votos de En Comú Podem. El tribunal considera que la modificación del mínimo exento está fuera de las competencias autonómicas y enseña el camino de los tramos autonómicos de querer plantearse realmente rebajas en la presión fiscal.

El tramo autonómico del IRPF son palabras mayores y Junts sigue en esto fiel a la línea tradicional de CDC de evitar incrementos, en especial a las rentas altas como gustaría a la CUP; tampoco quieren los neoconvergentes enterrar definitivamente la ampliación del aeropuerto, por eso es reticente a ceder a las exigencias de la CUP.

En los últimos días, fuentes no identificadas dejaron caer en El Periódico de Catalunya su predisposición a llamar al teléfono de Salvador Illa de situarse los antisistema en las nubes. El pragmatismo de Junts, siempre y cuando no se esté hablando de las esencias independentistas, es tan proverbial como lo era en tiempos de CDC. El gobierno compartido entre PSC y Junts de la Diputación de Barcelona está ahí para recordárselo cada día a ERC y a la CUP.

El PSC ha expresado con claridad su predisposición a negociar los presupuestos siempre y cuando no se detecten partidas destinadas a la promoción de la independencia. Los socialistas se sienten obligados a ofrecerse en contrapartida a la actitud de ERC en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, solo en una situación de auténtica emergencia para ERC podría prosperar este acuerdo. Para los republicanos serían difíciles de mantener dos pactos presupuestarios con los socialistas. Todavía es pronto para el ejercicio abierto de la transversalidad entre ERC y PSC en Cataluña.

En Junts lo saben, porque su caso es justamente el contrario dado que en Madrid se mantienen alejados de Pedro Sánchez. De ahí su acercamiento (teórico) al PSC en la negociación presupuestaria para tentar a sus socios de ERC con un pacto real con los socialistas. El objetivo prioritario del partido de Puigdemont, al menos de la facción a la que pertenecía la fuente no identificada, es rebajar las aspiraciones de la CUP. Los acuerdos con los socialistas quedan para otro momento, tal vez para la renovación de los más de 100 cargos institucionales que necesitan mayorías parlamentarias con la participación imprescindible del PSC, como primer grupo de la cámara. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, TV3 y el CAC deberían renovarse antes de acabar el año, según compromisos adquiridos en público.