La reconstrucción cronológica de los hechos ha puesto en cuestión la versión sostenida durante días por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en torno a la ruptura del acuerdo del nuevo Estatuto de Autonomía. Los mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso La Tribuna han revelado que la decisión de enmendar la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha no partió del PP regional, sino del secretario general de Génova, Miguel Tellado, apenas dos minutos antes de que expirara el plazo para registrar enmiendas.
El proceso para alumbrar un nuevo Estatuto había germinado años atrás entre el PSOE y el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. Tras reuniones con agentes sociales y negociaciones técnicas, el texto fue aprobado el 29 de mayo de 2025 con 29 votos a favor de PSOE y PP y cuatro en contra de Vox. La delegación designada para defender el texto en Madrid estuvo integrada por Emiliano García-Page, Ana Isabel Abengózar y Paco Núñez, en representación de toda la Cámara autonómica.
El 11 de noviembre, el Congreso tomó en consideración la reforma con 288 votos a favor. El clima de consenso parecía intacto. Ya en fase de enmiendas, el 27 de enero el vicepresidente primero del Gobierno de Page, José Luis Martínez Guijarro, se reunió con el diputado regional del PP Santiago Lucas-Torres. Allí se abordó el blindaje de determinadas leyes mediante mayoría cualificada de 3/5 y otras cuestiones técnicas. Según la conversación posterior por WhatsApp del 29 de enero, Guijarro trasladó a Lucas-Torres las enmiendas socialistas, incluidas las relativas al blindaje institucional, la mención al colectivo LGTBI y a la UCLM. Lucas-Torres respondió: "Me pongo con ello ahora mismo, José Luis".
El 2 de febrero, a las 14:16 horas, el PP regional envió sus enmiendas, que no incluían modificación alguna de la horquilla de diputados. Ese mismo día, a las 17:56, el secretario de Estado Rafael Simancas informó a Sergio Gutiérrez de que el PP solicitaba ampliar el plazo. Desde el PSOE sostienen que esa ampliación fue una petición exclusiva del PP, pese a que posteriormente Núñez acusó a los socialistas de dilatar el proceso.
El 4 de febrero, a las 17:58 horas, el diputado nacional Enrique Belda comunicó por WhatsApp a la socialista Cristina López que el Grupo Popular había registrado enmiendas y que incluían un "cambio bastante sustancial": mantener intacta la horquilla de diputados. Dos minutos después se cerraba el plazo. A las 18:09, Lucas-Torres y el senador Antonio Serrano trasladaron que era "orden de Tellado por miedo a Vox".
Durante todos estos días, Paco Núñez y los principales dirigentes del PP de Castilla-La Mancha han sostenido públicamente que la enmienda para mantener intacta la horquilla de diputados fue una decisión adoptada desde el ámbito regional, insistiendo en que respondía a una reflexión propia y no a directrices externas. Han defendido que el cambio obedecía a una iniciativa política del PP castellano-manchego y han negado cualquier imposición desde Madrid. Sin embargo, esa versión choca ahora frontalmente con los WhatsApp destapados por La Tribuna, que apuntan a que el giro se produjo por indicación del Grupo Popular en el Congreso apenas minutos antes de cerrarse el plazo de enmiendas, dejando en entredicho el relato mantenido por la dirección autonómica.
Las Cortes de Castilla-La Mancha, una cámara infrarrepresentada
La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha incluía, como uno de sus elementos más relevantes, la posibilidad de ampliar el número de diputados autonómicos hasta un máximo de 55 frente a los 33 actuales. Ese tope de 55 es fruto del acuerdo entre PSOE y PP regional para corregir un déficit democrático que viene arrastrándose desde la reforma del Estatuto de 2014, impulsada por el Partido Popular de Cospedal, que redujo drásticamente la cámara autonómica dejándola entre las más pequeñas de España en proporción a su población.
En la actualidad, Castilla-La Mancha tiene 33 diputados para más de 2,1 millones de habitantes, lo que equivale a un escaño por cada 63.636 habitantes, uno de los peores registros de representatividad del país. Incluso ampliando la horquilla hasta los 55, la representación seguiría siendo inferior a la de otras comunidades con similares cifras de población, como Euskadi (75 diputados) o Canarias (70 diputados), y muy por debajo de territorios con menor población como Extremadura (65 diputados).
La propuesta de aumentar el número de escaños no pretendía “inflar” la administración, como han argumentado voces como las de Vox, sino corregir parcialmente una anomalía democrática provocada por la reducción aprobada en la legislatura de María Dolores de Cospedal.
La enmienda que finalmente registró el Grupo Popular en el Congreso para bloquear esa ampliación y mantener la horquilla entre 25 y 35 diputados ha reabierto el debate sobre si la comunidad debe aceptar un sistema que muchos analistas y partidos consideran injusto para su representación democrática. Más allá de la cuestión técnica del número de escaños, la decisión implica una lectura política sobre la voluntad de avanzar hacia mayor proporcionalidad o favorecer un statu quo que limita la voz de la ciudadanía frente a otras comunidades.