La ofensiva que Vox ha lanzado esta semana para suprimir todas las subvenciones públicas a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha ha llegado en el peor momento para el partido de extrema derecha. Su propuesta, presentada como una enmienda de última hora dentro de la reforma del Reglamento de la Cámara, aparece apenas unas semanas después de que la Intervención de las Cortes obligara a Vox a devolver más de 34.000 euros por desviarlos a la sede nacional del partido en Madrid. Un dato que el grupo ultra evita mencionar en sus comunicados, pero que condiciona por completo el significado real de este movimiento político.

El grupo parlamentario de Vox recibió en 2024 más de 265.000 euros de asignación pública para financiar su actividad en el Parlamento autonómico. El interventor detectó que una parte de ese dinero había sido transferida a la dirección nacional bajo conceptos improcedentes, incluidas cantidades consideradas remanentes no justificados. Ese desvío vulneraba las normas que regulan el uso de fondos autonómicos y, por ello, la Mesa exigió la devolución inmediata. Vox acabó ingresando de vuelta 34.345,64 euros tras la fiscalización, una situación que no había ocurrido con ningún otro grupo.

A raíz de este episodio, las Cortes impulsaron un cambio normativo para reforzar el control del dinero público y evitar nuevas transferencias de fondos regionales a estructuras nacionales de los partidos. Ese cambio del Reglamento se votará en el Pleno de este jueves, con el apoyo de PSOE y PP, después de que la Intervención advirtiera de que el modelo actual dejaba grietas que podían ser aprovechadas para repetir operaciones como las practicadas por Vox. El partido ultra ha respondido intentando convertir su propia irregularidad en un ataque generalizado contra los demás grupos.

En una nota de prensa, Vox afirma que el bipartidismo ha rechazado su propuesta porque PP y PSOE quieren "blindar privilegios". Pero la crítica cae por su propio peso si se tiene en cuenta que el origen de toda esta reforma no está en ningún privilegio, sino en la actuación irregular del propio Vox, que utilizó dinero destinado a la actividad parlamentaria en Castilla-La Mancha para sufragar pagos en Madrid. La enmienda que ahora registra, planteando eliminar por completo las subvenciones, pretende presentarse como adalid de la austeridad.

A pesar de lo que sostiene Vox, las subvenciones a los grupos no son un capricho del sistema. Forman parte del modelo de financiación que permite que los partidos puedan contratar personal, elaborar iniciativas legislativas, defender posiciones políticas y ejercer el control democrático. Sin esas ayudas, solo los partidos con una gran estructura estatal, como el PP o el PSOE, podrían sostener un trabajo parlamentario sólido, lo que paradójicamente reforzaría justo aquello que Vox dice combatir. 

El intento de Vox de colocar el foco sobre otras fuerzas políticas contrasta con el hecho de que ha sido el único grupo que ha tenido que reintegrar dinero al erario regional. Ni el PSOE ni el PP han sido señalados por la Intervención. Aun así, Vox insiste en agitar cifras y acusaciones sin fundamento, tratando de empañar un debate que nace de su propia actuación. Su mensaje, planteado como una cruzada contra el gasto político, suena a maniobra de distracción después de verse obligado a rectificar y devolver fondos que nunca debieron salir de Castilla-La Mancha.

La reforma del Reglamento seguirá adelante con los votos de PSOE y PP, que consideran imprescindible reforzar la supervisión del dinero público. Vox, por su parte, intenta instalar un relato según el cual la transparencia consiste en suprimirlo todo, incluso aquello que garantiza el funcionamiento democrático del Parlamento. Una estrategia que, lejos de reforzar su posición, subraya el aislamiento político en el que ha quedado tras el episodio del desvío de fondos.