El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado este martes la intención de reformar el Reglamento del Parlamento autonómico y sus instrumentos de gestión económica con el objetivo de reforzar el control del dinero público que se entrega a los grupos parlamentarios. La decisión llega después de que el interventor de las Cortes haya reclamado a Vox la devolución de más de 34.000 euros que el grupo parlamentario transfirió a la sede nacional del partido en Madrid y que no fueron empleados en su actividad regional.
Bellido ha confirmado que la Mesa de las Cortes ha tomado conocimiento del informe de fiscalización que destapó el desvío de fondos, una actuación que ha calificado de “inédita e inaceptable” en la historia del Parlamento castellano-manchego. Según ha explicado, esta práctica vulnera el principio de autonomía económica de los grupos, ya que las subvenciones que reciben se destinan a financiar su labor política y de representación dentro del territorio autonómico, nunca a alimentar estructuras nacionales.
El presidente ha señalado que, ante este episodio, se impulsará una “clarificación normativa escrupulosa, fina e incontrovertible” para garantizar que cada euro de los contribuyentes se gaste exclusivamente en Castilla-La Mancha. “Vamos a dejar absolutamente claro lo que se puede y lo que no se puede hacer con el dinero público que reciben los grupos. Tiene que emplearse en Castilla-La Mancha, y para Castilla-La Mancha”, ha recalcado.
El informe del interventor revela que Vox Castilla-La Mancha recibió más de 260.000 euros en 2024, de los cuales casi 35.000 fueron enviados a la dirección nacional en concepto de supuestos “servicios prestados”. Sin embargo, la Intervención ha considerado que esa transferencia no está justificada y que la normativa prohíbe expresamente que un grupo parlamentario entregue a su partido nacional el dinero no gastado durante el ejercicio. Por tanto, Vox deberá devolver íntegramente la cantidad al Parlamento regional.
Ilegal y éticamente reprobable
Bellido ha querido remarcar que esta actuación no solo es ilegal en la parte correspondiente al remanente, sino también éticamente reprobable. “El dinero que se entrega a los grupos procede de los contribuyentes de Castilla-La Mancha y debe utilizarse exclusivamente para la representación parlamentaria dentro de la región”, ha señalado, subrayando que este episodio “no puede repetirse nunca más”.
La reforma del Reglamento que plantea el presidente irá encaminada a blindar la transparencia y el control de los recursos públicos en el Parlamento, evitando que los grupos políticos puedan realizar transferencias o facturaciones cruzadas con sus sedes nacionales.
Más de 34.000 euros desviados a la sede nacional
El anuncio de Bellido se produce después de que el diario El País publicara este martes una información en la que detallaba que la dirección nacional de Vox tendrá que devolver más de 34.000 euros a las Cortes tras haber recibido esa cantidad desde el grupo autonómico. Según el rotativo, los fondos, procedentes de la asignación parlamentaria, debían destinarse al funcionamiento del grupo en la región, pero fueron desviados a Madrid bajo el argumento de “servicios prestados”, repitiendo un patrón similar al que ya se había detectado en otras comunidades autónomas.
El caso de Castilla-La Mancha se suma así a otros episodios recientes que han puesto en evidencia el “modelo piramidal” de financiación interna de Vox, en el que las sedes regionales transfieren parte del dinero público a la dirección nacional, generando serias dudas sobre la legalidad y la ética de esta práctica.
