El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha criticado este lunes la inminente reforma del Reglamento del Parlamento autonómico, calificándola de "cacicada" y acusando al PSOE de aprobarla "por la puerta de atrás". Sin embargo, la denuncia del dirigente ultra se ha vuelto contra su propio partido: la reforma que ahora Vox rechaza se ha impulsado por las irregularidades financieras cometidas por su grupo parlamentario, detectadas en un informe de Intervención que ha obligado a la formación a devolver 34.345,64 euros desviados de manera ilegal a su sede nacional en Madrid.

El origen de esta modificación reglamentaria, que Vox intenta presentar como un movimiento opaco, se encuentra en un informe de fiscalización aprobado por la Mesa de las Cortes. Ese documento puso negro sobre blanco a un mecanismo interno utilizado por Vox para derivar fondos públicos autonómicos hacia el aparato central de Santiago Abascal, utilizando como excusa un convenio interno que permitía transferir a Madrid el dinero no gastado a final de año. Una cláusula que Intervención calificó como “nula de pleno derecho” y “contraria al ordenamiento jurídico”.

Según la fiscalización, Vox recibió en 2024 un total de 265.848 euros en subvenciones públicas destinadas exclusivamente al funcionamiento del grupo parlamentario en Toledo. Sin embargo, una parte sustancial de ese dinero ha terminado en Madrid. En concreto, 53.170 euros fueron enviados por supuestos servicios de “asesoramiento estratégico, comunicación o fiscalización contable”, y otros 34.345,64 euros como “remanente no empleado”, vulnerando abiertamente la normativa que regula la financiación de los grupos institucionales. Es esta última cantidad la que las Cortes obligaron a Vox a devolver el pasado 29 de septiembre.

El escándalo va más allá del simple reintegro. El informe constata que la dirección nacional de Vox ha “facturado” al grupo parlamentario castellano-manchego otros 60.000 euros por unas 3.000 horas de trabajo atribuidas a empleados del partido en Madrid. Un circuito circular de financiación interna que revela el modelo de funcionamiento económico de la ultraderecha: Vox factura a Vox para financiar a Vox, utilizando las instituciones como una fuente de ingresos que acaba alimentando la estructura central del partido.

Intervención advirtió de que no existe ningún control real sobre la veracidad de los servicios facturados, ni sobre las horas supuestamente dedicadas desde la sede nacional al grupo regional. Además, Vox ya cuenta con personal propio pagado con fondos públicos en Toledo, por lo que resulta injustificable utilizar dinero autonómico para sufragar nóminas del cuartel general del partido. Un patrón que se repite en otras comunidades autónomas, convirtiendo a los grupos regionales de Vox en auténticos recaudadores del aparato central. Solo en 2024, los quince grupos autonómicos aportaron casi 1,6 millones de euros a Madrid, elevando hasta 3,5 millones el total captado desde instituciones públicas.

Cerrar las lagunas que permiten a Vox desviar dinero público

En este contexto, la reforma del Reglamento que ahora se tramita en las Cortes castellano-manchegas responde a una necesidad evidente: cerrar las lagunas que han permitido a Vox desviar dinero público fuera de la región, impidiendo que prácticas como las detectadas vuelvan a reproducirse. Sin embargo, Iván Sánchez ha preferido eludir este punto y ha centrado su discurso en acusar al PSOE de actuar “sin transparencia”, “sin debate” y “sin permitir participación”.

El portavoz ultra ha llegado incluso a mezclar este asunto con casos de corrupción ajenos, tratando de desviar la atención hacia el PSOE y evitando entrar en el fondo de la cuestión.