Vox en Castilla-La Mancha ha vuelto a demostrar, con su rechazo frontal a la creación en Ciudad Real de un juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer, una actitud que no solo resulta cuestionable desde el punto de vista jurídico, sino profundamente machista y descontextualizada respecto a la realidad que vive la sociedad.
En un comunicado, el partido sostiene que esta medida vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley y considera que establece un modelo legal “ideologizado, injusto y desigual”.
El argumento principal de Vox se basa en la defensa de la igualdad formal, expresando que la ley debe proteger a todas las víctimas "sin distinción de sexo ni trato desigual ante la justicia". Esta visión omite que la legislación española y los tratados internacionales reconocen diferencias estructurales entre distintos tipos de violencia, especialmente la violencia de género, definida como aquella ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Por ello, la especialización judicial responde a la necesidad de abordar estas diferencias con un enfoque específico que garantice una protección adecuada y efectiva.
Vox propone una ley de violencia intrafamiliar que abarque a mujeres, hombres, niños y mayores, argumentando que se debe dejar de lado lo que denominan "constructos ideológicos" para centrarse en hechos y necesidades reales. No obstante, diversos informes y estadísticas oficiales evidencian que la violencia contra las mujeres presenta características y patrones distintos a otras formas de violencia dentro del ámbito familiar, motivo por el cual la especialización judicial y legislativa ha sido impulsada en numerosos países, incluida España.
Califican la ley del 'solo sí es sí' de "desastre"
Además, el partido critica la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del "solo sí es sí", calificándola de "desastre jurídico y moral" por supuestas rebajas de condenas y excarcelaciones masivas. Estas afirmaciones han sido objeto de debate y análisis jurídico, y aunque existen casos particulares que han generado controversia, los datos oficiales indican que dicha ley también ha supuesto avances en la protección de las víctimas y en la definición de delitos sexuales. La simplificación de los efectos de esta normativa puede llevar a interpretaciones sesgadas de su impacto real.
En su comunicado, Vox afirma respetar a los profesionales de la Justicia y reconoce su esfuerzo por proteger a las víctimas pese a las "leyes mal hechas y cargadas de ideología". Esta afirmación implica una crítica directa al marco legal vigente, pero al mismo tiempo atribuye a los operadores jurídicos la capacidad de superar estas supuestas deficiencias. Este punto plantea una tensión entre la crítica a la legislación y el reconocimiento del trabajo profesional, sin detallar cómo esta aparente contradicción se resuelve en la práctica.
Finalmente, la insistencia de Vox en que la legislación actual es "fracasada y sectaria" y que debe sustituirse por otra basada en "la verdad, la igualdad y el sentido común" utiliza términos que, por su generalidad, dificultan un análisis objetivo sobre qué aspectos concretos se consideran problemáticos y qué soluciones precisas se plantean, más allá de la propuesta genérica de una ley de violencia intrafamiliar.
Queda claro que esta actitud refleja más un interés político que una preocupación real por la justicia o la protección efectiva de todos. El reto, para la sociedad y las instituciones, es seguir avanzando en el reconocimiento de la violencia de género como un problema específico que requiere soluciones concretas, frente a discursos que, como el de Vox, perpetúan estereotipos y obstaculizan el camino hacia una sociedad más justa y segura para las mujeres.
