La proliferación de proyectos de plantas de biometano ha generado durante los últimos meses protestas, alegaciones y un creciente temor en numerosos municipios de Castilla-La Mancha. Sin embargo, cuando las Cortes regionales han votado una modificación legal para que sean precisamente los ayuntamientos afectados quienes puedan frenar o permitir el desarrollo de estas instalaciones, PP y Vox han decidido votar en contra.
Pese a este voto en contra, la mayoría socialista ha aprobado este jueves la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para obligar a que el pleno de cada municipio se pronuncie expresamente sobre los proyectos que pretendan instalarse en su término municipal.
El cambio supone que los consistorios dejarán de limitarse a emitir informes técnicos o urbanísticos. A partir de ahora, deberán fijar una posición institucional. Si el pleno municipal respalda la instalación, el expediente podrá continuar. Si la rechaza mediante una decisión motivada, la tramitación deberá finalizar y la planta no podrá ejecutarse.
La modificación llega después de que Castilla-La Mancha se haya convertido en uno de los principales territorios elegidos por las empresas para desarrollar proyectos de biogás y biometano. A comienzos de 2026 se contabilizaban 71 expedientes en diferentes fases de tramitación. De ellos, 34 se concentraban en la provincia de Toledo, 15 en Albacete, 13 en Ciudad Real, cinco en Cuenca y tres en Guadalajara.
La proliferación de proyectos de biometano por toda Castilla-La Mancha ha provocado una fuerte contestación vecinal, con más de 15.000 alegaciones y numerosas plataformas ciudadanas. Las principales quejas se centran en los olores, el tráfico de camiones, el impacto sobre el territorio y la gestión de los residuos.
Hasta ahora, los ayuntamientos apenas podían emitir informes sin capacidad real para frenar las instalaciones. La reforma aprobada este jueves les concede esa potestad, pese al voto en contra de PP y Vox.
La posición del Partido Popular en las Cortes choca, además, con la mantenida por algunos de sus propios gobiernos municipales. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por PP y Vox, había defendido públicamente que las administraciones y los actores afectados debían participar en la decisión sobre la planta de 240.000 toneladas proyectada en el entorno de Cazalegas. Un día después, los diputados regionales de ambos partidos han votado contra la herramienta que concede esa capacidad a los plenos municipales.
El PP acusa a la Junta de esconderse detrás de los alcaldes
El diputado popular Santiago Lucas-Torres ha justificado el rechazo asegurando que la evaluación ambiental corresponde a la Junta y que el Gobierno regional pretende utilizar a alcaldes y concejales como “escudo político”. Según su argumento, los municipios pequeños no disponen de técnicos ni recursos suficientes para analizar expedientes de esta complejidad.
El PP también ha advertido de que el Consejo de Gobierno podría mantener la tramitación de un proyecto rechazado por el municipio cuando lo declarase inversión estratégica. Sin embargo, los populares no han presentado modificaciones parciales para reforzar las garantías municipales o corregir ese supuesto vacío, sino que han optado por votar contra el conjunto de la reforma.
Vox ve burocracia donde los pueblos reclaman capacidad de decisión
Vox ha seguido el mismo camino. Su diputado Francisco José Cobo ha sostenido que la participación municipal generará más burocracia y una “triplicidad” de controles entre la documentación del promotor, los informes locales y la evaluación de la Junta.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha rechazado que los ayuntamientos vayan a quedarse solos ante los proyectos. Ha recordado que podrán solicitar asistencia técnica a las diputaciones provinciales y al Gobierno regional y ha defendido que quienes tendrán que convivir con los olores, los camiones, los residuos y el impacto territorial deben tener una voz efectiva y no limitarse a contemplar cómo la decisión se toma desde un despacho de Toledo.
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