El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha protagonizado este jueves un nuevo episodio de sus cambios de postura sobre el Estatuto de Autonomía. Después de negociar durante años su reforma con el PSOE, votarla favorablemente en las Cortes regionales, defenderla en el Congreso de los Diputados y bloquear posteriormente uno de sus principales acuerdos tras una intervención de Génova, los populares han sido los únicos en votar contra su retirada.
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado, con los votos del PSOE y Vox y el rechazo del PP, solicitar la retirada de la reforma estatutaria que se encontraba en tramitación en el Congreso. Una decisión que pone fin al recorrido de un texto que había conseguido el respaldo de las dos principales fuerzas políticas de Castilla-La Mancha, hasta que la dirección nacional del PP intervino para modificar lo pactado.
La portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, ha responsabilizado directamente a Paco Núñez de esta situación, recordando que el presidente regional del PP había firmado y defendido personalmente cada uno de los artículos del Estatuto antes de cambiar de criterio.
"Firmó cada una de las páginas, estuvo de acuerdo con cada uno de los títulos que forman parte del Estatuto, con cada uno de los artículos y cuando Génova le dice 'no', el señor Núñez dice que no", ha reprochado Abengózar, que también ha acusado al dirigente popular de anteponer su continuidad como candidato a los compromisos adquiridos con Castilla-La Mancha.
Por su parte, la diputada popular Carolina Agudo ha acusado a Emiliano García-Page de haberse "cargado el Estatuto", pese a que fue su propio partido el que presentó en el Congreso la enmienda que rompió el acuerdo inicial. Agudo ha defendido que los derechos de los castellanomanchegos valen más que "20 diputados más sentados en este salón de plenos", aunque esa posibilidad de ampliación había recibido anteriormente el respaldo del PP.
Desde Vox, David Moreno ha celebrado la retirada y ha reivindicado que su partido fue el único que se opuso desde el principio a la reforma, argumentando que Castilla-La Mancha no necesita más parlamentarios. Una posición que, en lo relativo al número de escaños, acabó siendo asumida por los populares tras su cambio de criterio.
De un acuerdo histórico a una orden de Génova
Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que remontarse al 29 de mayo de 2025, cuando las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la reforma del Estatuto de Autonomía con 29 votos favorables de PSOE y PP y los cuatro votos contrarios de Vox.
El texto, resultado de años de negociaciones, pretendía actualizar una norma aprobada originalmente en 1982, reforzando derechos sociales, servicios públicos y competencias autonómicas. Uno de sus aspectos más relevantes era la posibilidad de ampliar el número de diputados de las Cortes regionales, estableciendo una horquilla de entre 25 y 55 escaños, frente a la actual de entre 25 y 35.
El acuerdo no suponía aumentar automáticamente los 33 diputados actuales. Cualquier modificación posterior de la Ley Electoral requeriría una mayoría reforzada de tres quintos y no podría aplicarse antes de las elecciones autonómicas de 2027.
El respaldo 'popular' parecía entonces incuestionable. Tanto es así que el propio Miguel Tellado, entonces portavoz del PP en el Congreso, había felicitado a Núñez por conseguir un "buen acuerdo" que permitía "mejorar la representatividad parlamentaria", asegurando que Génova lo respaldaba.
El siguiente paso llegó el 11 de noviembre de 2025, cuando Emiliano García-Page, Paco Núñez y Ana Isabel Abengózar acudieron al Congreso para defender conjuntamente la reforma. El resultado fue contundente: 288 votos favorables, 34 contrarios y 13 abstenciones.
El giro del PP y los mensajes que señalaron a Tellado
Sin embargo, todo cambió en febrero de 2026. El Grupo Popular registró una enmienda para mantener el límite máximo de diputados en 35, eliminando la posibilidad de alcanzar los 55 escaños que había aceptado expresamente en Castilla-La Mancha.
Unos mensajes de WhatsApp conocidos posteriormente permitieron reconstruir lo sucedido. Las enmiendas preparadas inicialmente por el PP regional no contemplaban modificar la horquilla de diputados. El cambio llegó desde el Grupo Popular en el Congreso prácticamente en el último momento.
El 4 de febrero, apenas dos minutos antes de finalizar el plazo, el diputado popular Enrique Belda comunicó que se había introducido esa modificación. Otros mensajes posteriores atribuían expresamente la decisión a una "orden de Tellado por miedo a Vox", contradiciendo las explicaciones del PP regional, que había defendido que el cambio respondía a una decisión propia.
El recorte de Cospedal que se pretendía corregir
La cuestión del número de diputados tampoco era menor. Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 33 parlamentarios para más de 2,1 millones de habitantes, lo que la convierte en la comunidad autónoma con menor representación parlamentaria en proporción a su población.
Esta situación tiene su origen en la reforma impulsada en 2014 por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que redujo las Cortes regionales de 49 diputados a los 33 actuales. Una reducción que el PSOE calificó de "pucherazo electoral" por sus efectos sobre la representación política.
La comparación con otros territorios resulta ilustrativa. Canarias dispone de 70 diputados para una población ligeramente superior a la castellanomanchega, mientras que Castilla y León cuenta con 81 parlamentarios. Extremadura, con aproximadamente la mitad de habitantes, tiene 65 escaños.
La reforma pactada pretendía corregir parcialmente ese desequilibrio. De hecho, incluso alcanzando los 55 diputados previstos como máximo, Castilla-La Mancha seguiría entre las comunidades con menor representación parlamentaria por habitante.
El PSOE retira el Estatuto ante la falta de garantías
Desde aquel cambio de criterio, los socialistas reclamaron reiteradamente a Paco Núñez que recuperase el compromiso original, sin conseguir que los populares rectificaran.
La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre añadió un nuevo elemento de incertidumbre. Aunque la disolución del Congreso provoca que decaigan las enmiendas presentadas, la propuesta de reforma estatutaria puede trasladarse a la siguiente legislatura.
Ante esta situación, el PSOE ha defendido que no existen garantías de que el acuerdo alcanzado en Castilla-La Mancha sea respetado en una futura Cámara Baja. Los socialistas temen que PP y Vox puedan introducir modificaciones en cuestiones relacionadas con la igualdad, los derechos sociales o la defensa de los intereses hídricos de la región.
Por ello, Abengózar ha reconocido este jueves que la retirada supone aplazar una reforma que consideran necesaria, pero ha insistido en que el PSOE mantiene su compromiso de recuperarla cuando existan garantías de respeto a lo acordado.
Por su parte, el PP ha anunciado que seguirá defendiendo una nueva reforma estatutaria. Carolina Agudo ha situado ese objetivo en un futuro Gobierno autonómico de su partido, después de que los populares hayan rechazado durante meses recuperar el acuerdo que ellos mismos suscribieron.
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