La posible recuperación de cinco nombres vinculados a Falange y a las instituciones de la dictadura en el callejero de Ciudad Real no ha surgido de una revisión administrativa ni de una reclamación vecinal. Detrás de la sentencia se encuentra el recurso presentado por Luis Blázquez, entonces concejal de Vox en el Ayuntamiento y actualmente diputado de la formación de extrema derecha en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Fue Blázquez quien acudió a los tribunales contra el acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 27 de mayo de 2021, durante el mandato de la socialista Pilar Zamora, para ratificar el cambio de nueve denominaciones relacionadas con la Guerra Civil y el franquismo. El objetivo del dirigente de Vox era dejar sin efecto todo el acuerdo y recuperar la totalidad de los nombres retirados.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real rechazó inicialmente su recurso en junio de 2023, confirmó la legalidad de la actuación municipal y le impuso las costas. Lejos de abandonar el procedimiento, el entonces concejal de Vox recurrió aquella decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La apelación ha prosperado solo parcialmente. El tribunal ha rechazado los argumentos de Blázquez sobre la caducidad del expediente, la inexistencia de una ordenanza municipal, la ausencia de información pública y los supuestos defectos de procedimiento. Sin embargo, considera insuficiente la motivación aportada para retirar las calles dedicadas a cinco personas concretas.
La sentencia deja así sin efecto los cambios relativos al pasaje José Gutiérrez Ortega, la calle José María Aparicio Arce, la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata, la calle Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Vicente Galiana. De alcanzar firmeza, estos nombres sustituirán de nuevo al pasaje de la Pandorga, la calle Manuel Herrera Piña, la plaza Gloria Fuertes, la calle Irene Villa y el Grupo Adolfo Suárez.
Una decisión política que todavía puede recurrirse
La restitución, sin embargo, no es todavía inevitable. La propia resolución establece que no es firme y que puede prepararse un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o, en su caso, ante el propio TSJCM. El Ayuntamiento dispone para ello de un plazo de 30 días desde el día siguiente a la notificación de la sentencia.
El Gobierno municipal del Partido Popular tiene, por tanto, margen jurídico para intentar defender el acuerdo adoptado por el Pleno y evitar que la victoria judicial de Vox se convierta en definitiva. Por lo anunciado hasta ahora, no parece que esa sea su intención.
El portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Arroyo, ha explicado que el Ayuntamiento ya estudia cómo ejecutar la sentencia y cuáles serán sus consecuencias administrativas. No ha anunciado que se esté analizando un recurso de casación ni ha mostrado voluntad alguna de agotar las posibilidades legales antes de volver a modificar el callejero.
Más bien al contrario. Arroyo ha utilizado el fallo para cargar contra el anterior equipo de Gobierno socialista, al que ha acusado de actuar de forma “sectaria” y de centrar sus esfuerzos en cuestiones ideológicas. Su reacción ha transmitido una satisfacción difícil de conciliar con la posición procesal mantenida hasta ahora por el propio Ayuntamiento, que figuraba como parte apelada y se había opuesto al recurso presentado por Blázquez.
Cumplir una sentencia firme es una obligación para cualquier Administración. Decidir no recurrir una resolución que todavía admite casación es, en cambio, una elección política. Si el Gobierno de Francisco Cañizares deja transcurrir el plazo sin actuar, permitirá que el objetivo perseguido por Vox desde 2021 termine imponiéndose sin presentar una última batalla jurídica.
El PP podría solicitar que el Tribunal Supremo revise si el Ayuntamiento justificó adecuadamente la retirada de nombres dedicados a dirigentes falangistas, procuradores en las Cortes franquistas y responsables del Movimiento. También podría defender que mantener esos homenajes en el espacio público supone un reconocimiento institucional incompatible con la memoria democrática.
Por ahora, el Ejecutivo municipal parece más interesado en utilizar el fallo para desacreditar a Pilar Zamora que en defender los nombres actuales. Tampoco ha mostrado preocupación por el significado de recuperar calles dedicadas a personas con responsabilidades acreditadas dentro de Falange y de la dictadura.
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