El Ayuntamiento de Ciudad Real ha adquirido recientemente unos terrenos junto al yacimiento arqueológico de Alarcos por un importe que, según los cálculos realizados a partir de precios oficiales y del aprovechamiento real de las parcelas, supera en cerca de 450.000 euros su valor de mercado. La operación, aprobada por el equipo de Gobierno del Partido Popular, ha situado bajo el foco público una compra municipal que ha terminado beneficiando a una conocida familia de Ciudad Real, con numerosas propiedades, y que ha abierto interrogantes sobre el rigor económico y la transparencia con la que se han gestionado fondos públicos.

La denuncia ha sido formulada por el PSOE que, tras analizar el expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local, ha advertido de "importantes irregularidades" tanto en la identificación de las fincas como en los criterios utilizados para fijar el precio final. Los socialistas han recalcado que no cuestionan la legitimidad de que el Ayuntamiento adquiera suelo cuando existe un interés público acreditado, pero sí ponen en duda que esta operación concreta se haya realizado con las garantías técnicas y económicas exigibles, especialmente cuando el pago se ha efectuado a un propietario privado con un amplio patrimonio inmobiliario.

Según la documentación revisada, el Ayuntamiento ha acordado pagar 930.000 euros por estos terrenos, una cifra que, atendiendo a los precios medios del Ministerio de Agricultura y al uso real de las parcelas, no superaría los 500.000 euros. La diferencia, cercana a medio millón de euros, es la que ha llevado al PSOE a hablar de un "sobrecoste injustificado" que terminarán asumiendo los vecinos de Ciudad Real.

Uno de los principales problemas detectados reside en la falta de coherencia interna del expediente. La operación incorpora tres informes técnicos y dos notas simples del Registro de la Propiedad que no coinciden entre sí en aspectos esenciales como la delimitación de las fincas o sus superficies exactas. Además, los socialistas han advertido de que no existe un plano general que permita identificar con claridad los terrenos adquiridos, una carencia que dificulta comprobar qué se ha comprado realmente y en qué condiciones.

Las discrepancias se agravan al comparar el acuerdo alcanzado con la parte vendedora y los informes técnicos municipales. Mientras el primero hace referencia a la compra íntegra de dos fincas registrales, los informes hablan de parcelas catastrales distintas, con superficies sensiblemente diferentes. Para el PSOE, esta incongruencia no es un mero error administrativo, sino un síntoma de improvisación y falta de control en una operación de elevado impacto económico.

El grupo socialista ha puesto especial énfasis en el método de valoración utilizado para fijar el precio. Según ha denunciado, la tasación se ha realizado tomando como referencia exclusiva los datos catastrales, calificando amplias superficies como regadío. Sin embargo, en el expediente no consta ninguna concesión de agua ni autorización para el aprovechamiento de aguas subterráneas, un requisito imprescindible para considerar un terreno como regable. De este modo, se estarían pagando tierras como si fueran de regadío cuando, en realidad, deberían clasificarse como secano o pastos, lo que incrementa artificialmente su valor.

Como ejemplo de esta sobrevaloración, el PSOE ha señalado parcelas concretas en las que el Ayuntamiento duplica o incluso quintuplica el precio que correspondería según su aprovechamiento real. También ha alertado de la posible inclusión en la valoración de una parcela situada en el término municipal de Poblete, que no aparece de forma clara en todos los informes, lo que podría suponer el pago de 36.000 euros por una finca de la que no existe certeza documental de que forme parte de la compra.

Exigen una valoración independiente 

Ante este escenario, los socialistas han reclamado al equipo de Gobierno del PP, encabezado por Francisco Cañizares, que solicite una valoración independiente realizada por un perito especializado en fincas rústicas antes de elevar la operación a escritura pública. A su juicio, existen dudas más que razonables sobre si el Ayuntamiento está pagando un precio ajustado a mercado en una operación que beneficia directamente a un propietario privado de peso en la ciudad.

La crítica se extiende también al contexto presupuestario. En el presupuesto municipal de 2026 solo figura una partida genérica de 50.000 euros para adquisición de patrimonio, sin detallar su destino, lo que para el PSOE evidencia falta de planificación y ausencia de un proyecto claro en materia de política patrimonial. Los socialistas han recordado que anteriores compras de suelo realizadas por gobiernos municipales del PSOE se llevaron a cabo a precios de mercado y con expedientes claros, frente a una operación actual que, insisten, deja demasiadas dudas abiertas sobre la gestión del dinero público por parte del PP.