El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha endurecido este jueves su ofensiva política contra el Partido Popular, que gobierna en la ciudad, y ha anunciado que solo aprobará los presupuestos de 2026 si el alcalde Francisco Cañizares acepta, sin matices, un paquete cerrado de medidas que constituye un auténtico programa de extrema derecha aplicado a la política municipal. Lo que para cualquier formación democrática serían líneas rojas, para Vox son ahora condiciones innegociables, presentadas como un chantaje directo al Gobierno del PP.
La portavoz del grupo, Fátima de la Flor, ha elevado el tono contra sus exsocios, cuyo pacto de Gobierno saltó por los aires el pasado febrero tras el caso Mandalas. Ahora, De la Flor recuerda al alcalde que ocupa el cargo “gracias a los votos de Vox” en 2023, una advertencia que pretende situar al PP ante lo que la edil define como “tres caminos”: avenirse a sus exigencias, “buscar acuerdos Frankenstein con independientes y no adscritos”, o lanzarse “a por el aplauso de la izquierda”. La concejala no ofrece medias tintas.
El decálogo presentado es un compendio perfecto de la agenda ultra que la formación intenta imponer en distintos ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, un listado cuyo propósito va mucho más allá de una negociación presupuestaria. Se trata de una reorientación ideológica profunda del Ayuntamiento, un intento de condicionar la acción de gobierno a cambio de un voto que Vox vende como imprescindible, aunque su fuerza municipal sea limitada.
Entre las exigencias destacan la eliminación de cualquier ayuda a inmigración, la supresión de los puntos violeta, el rechazo frontal a todas las políticas vinculadas al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030, incluida la propuesta de desmantelar el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones. A ello se suma la exigencia de recortar de forma severa las partidas de cooperación internacional, porque Vox quiere que el Ayuntamiento renuncie a políticas de solidaridad global para centrarse en criterios de “prioridad local”.
El decálogo no se queda ahí. Vox exige prohibir actividades municipales que, en su terminología, supongan “adoctrinamiento infantil”, eliminar fondos destinados a activismo LGTBI, sindicatos o iniciativas relacionadas con la igualdad.
La Semana Santa, una prioridad para Vox
Por el contrario, Vox sí considera imprescindible reforzar las ayudas a la Semana Santa, una prioridad que, según su planteamiento, debe situarse por encima de políticas sociales, de igualdad o de prevención de agresiones sexuales. Para la formación ultra, este impulso a las hermandades parece ser una de las urgencias reales de la ciudad, muy por delante de cualquier estrategia pública de convivencia o de protección de colectivos vulnerables.
A ello suma la revisión minuciosa del padrón para perseguir “empadronamientos irregulares” y la creación de una Oficina de Atención a la Maternidad, junto a otras medidas más técnicas como garantizar la iluminación de pasos de peatones o habilitar un registro de personas electrodependientes.
El mensaje político es claro: Vox quiere obligar al PP a asumir su programa al completo, aprovechando un momento de fragilidad del Gobierno local tras meses de tensiones internas. Cañizares deberá decidir ahora si se pliega a la presión ultra o si busca acuerdos alternativos, una opción que Vox ridiculiza como “acuerdos Frankenstein” para desacreditar cualquier vía que no pase por su aprobación explícita.
Con este ultimátum sobre la mesa, el PP se enfrenta a una negociación que ya no trata de números ni de prioridades presupuestarias, sino de aceptar o rechazar un marco ideológico cerrado. Vox no busca influir parcialmente, sino imponer su hoja de ruta en Ciudad Real, consciente de que su voto puede convertirse en la llave con la que condicionar la política municipal de arriba abajo.
Las 19 exigencias de Vox: un decálogo ampliado para someter la política municipal a su ideario ultra
El documento presentado por Vox al PP recoge 19 condiciones cerradas, muchas de ellas orientadas a desmontar políticas sociales, de igualdad, de cooperación y de sostenibilidad, mientras otras buscan reforzar símbolos identitarios o tutelar la acción del Gobierno municipal. Estas son, punto por punto, las medidas exigidas:
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Eliminar cualquier apoyo económico destinado a inmigración irregular.
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Rechazar políticas derivadas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030, incluida la eliminación del proyecto de Zonas de Bajas Emisiones.
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Reducir de forma significativa las partidas de cooperación al desarrollo.
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No destinar recursos públicos a entidades o actividades vinculadas al activismo LGTBI.
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Prohibir subvenciones municipales a sindicatos.
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Suprimir los Puntos Violeta y cualquier iniciativa relacionada con la igualdad de género.
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Eliminar programas culturales o educativos que, según Vox, supongan “adoctrinamiento infantil” o “confusión en la identidad sexual”.
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No aplicar políticas que, a su juicio, generen desigualdad entre hombres y mujeres en procesos selectivos.
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Reforzar el apoyo económico a la Semana Santa y habilitar líneas de ayuda para todas las hermandades.
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Crear un registro municipal de personas electrodependientes.
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Garantizar la iluminación de todos los pasos de peatones.
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Habilitar una línea de ayudas a la conciliación familiar para menores de 0 a 3 años.
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Crear una Oficina de Atención a la Maternidad con talleres y asesoramiento.
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Revisar a fondo el padrón municipal para detectar empadronamientos irregulares.
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Cumplir íntegramente el acuerdo de 10 puntos que permitió aprobar el presupuesto de 2025, especialmente en materia de seguridad.
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Facilitar a Vox el acceso a toda la documentación municipal que solicite para su labor de oposición.
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Garantizar la participación consensuada de Vox en la elaboración de ordenanzas municipales cuando su voto sea necesario.
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Asegurar la presencia institucional de Vox, su acceso a la agenda pública y a los medios de comunicación municipales.
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Crear una mesa de trabajo mensual que supervise el cumplimiento de todos los puntos acordados.