El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este viernes con dureza contra el Partido Popular por lo que ha calificado como una "auténtica traición" al acuerdo alcanzado entre socialistas y populares para la reforma del Estatuto de Autonomía. El detonante ha sido la enmienda presentada por los populares en el Congreso de los Diputados para impedir que se modifique la horquilla de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, un punto que había quedado cerrado tras el pacto sellado en el Parlamento autonómico.
García-Page ha intervenido en un acto público en Talavera de la Reina, donde ha denunciado que el PP ha roto deliberadamente un compromiso político que había sido presentado como ejemplo de consenso institucional. A su juicio, el cambio de postura de los populares responde a una estrategia electoral en la que Castilla-La Mancha ha quedado subordinada a los intereses del partido a nivel nacional y al intento de frenar el crecimiento de Vox.
El presidente regional ha advertido de que, una vez pasen las elecciones autonómicas en Aragón, va a exigir al PP que rectifique y retire la enmienda. En ese contexto, ha dejado claro que no piensa mirar hacia otro lado si los populares mantienen su posición. Ha avisado de que, de persistir en el bloqueo, “tendrán que sufrir consecuencias sociales y de todo tipo”, y ha desafiado al PP a que explique con claridad cuántos diputados considera aceptables para la región.
Durante su intervención, García-Page se ha mostrado visiblemente dolido por lo que entiende como un nuevo agravio a Castilla-La Mancha, evocando el precedente de los recortes impulsados por María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta autonómica. Ha recordado que aquella reforma electoral supuso una reducción drástica de escaños que, en su opinión, recortó la democracia y distorsionó la representación parlamentaria en beneficio del Partido Popular. Para el jefe del Ejecutivo regional, la enmienda actual recupera ese mismo esquema, adaptado ahora a una coyuntura distinta pero con idéntica finalidad.
García-Page ha ido más allá y ha acusado al PP de intentar blindar un sistema que dificulte la pluralidad política. Ha descrito la reforma de Cospedal como una “trampa” diseñada para impedir la entrada de nuevos partidos cuando el PP preveía una derrota electoral, un planteamiento que ha definido como un "intento de pucherazo". A su entender, mantener ahora esa arquitectura institucional supone clavar un nuevo puñal a la comunidad autónoma.
Critica la "doble vara de medir" del PP
El presidente castellanomanchego ha criticado con especial dureza lo que considera una "doble vara de medir" por parte del PP. Ha subrayado que en ninguna otra comunidad autónoma gobernada o aspirada por los populares se plantea reducir o limitar el número de diputados, mientras que en Castilla-La Mancha se insiste en mantener un corsé institucional que condiciona el futuro político de la región. Ese trato diferencial lo ha calificado de dramático, inferiorizante y humillante.
En ese contexto, García-Page ha reprochado a los populares que ahora utilicen el argumento de que hay demasiados diputados, cuando, tras perder el Gobierno regional, lo primero que reclamaron fue la recuperación de sueldos, coches oficiales y subvenciones para los parlamentarios de la oposición. Ha cuestionado la coherencia de un discurso que, según ha dicho, cambia en función de si el PP gobierna o no.
Acusa a Paco Núñez de mentir
El presidente regional ha dirigido también sus críticas al líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, al que ha acusado de admitir públicamente que firmó un acuerdo sabiendo que no pensaba cumplirlo. Para García-Page, ese reconocimiento agrava aún más la ruptura del pacto y evidencia una forma de hacer política basada en el cálculo partidista y no en el respeto a la palabra dada.
A lo largo de su intervención, ha insistido en que el planteamiento del PP es grave y que el Gobierno regional no lo va a pasar por alto. Ha asegurado que no permitirá que el futuro de Castilla-La Mancha ni el nuevo Estatuto queden en manos de una hipotética mayoría del PP y Vox en el Congreso, una combinación que, a su juicio, pondría en riesgo los avances institucionales y democráticos de la región.
García-Page ha lamentado finalmente que la enmienda popular suponga una traición a cientos de colectivos sociales, profesionales e institucionales con los que el Gobierno regional ha venido dialogando durante meses para construir un nuevo Estatuto. Ha denunciado que ese trabajo colectivo ha sido apuñalado en el último tramo del proceso parlamentario, cuando el texto ya había superado la fase autonómica y contaba con un respaldo mayoritario en la Cámara Baja.