El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, continúa empeñado en situar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como referente político para la región, asegurando que su modelo de gestión debería servir de ejemplo. Unas declaraciones que no pasan desapercibidas, pues alaban una forma de gobernar marcada por recortes en servicios públicos esenciales y por la sombra de un caso judicial que afecta directamente a la pareja de la presidenta madrileña.

Núñez no solo muestra con ello una alarmante falta de proyecto propio, sino que además refuerza la incoherencia de un discurso que pretende exportar a Castilla-La Mancha un modelo socialmente regresivo y políticamente cuestionado.

El “ejemplo” de los recortes

El balance de la gestión de Ayuso en Madrid difícilmente puede considerarse ejemplar. Bajo su gobierno, la educación pública ha sufrido un duro golpe: se han eliminado más de 5.000 plazas en Infantil, Primaria y Bachillerato, recortando las posibilidades de miles de familias para escolarizar a sus hijos en la enseñanza pública. En el ámbito universitario, el Ejecutivo madrileño ha renunciado a 169 millones de euros de financiación estatal destinados a reforzar las plantillas de profesores ayudantes doctores, un dinero que hubiera permitido mejorar la calidad de la enseñanza y estabilizar el empleo en las universidades públicas.

En sanidad, la situación es aún más preocupante. Cerca de 764.000 madrileños carecen de médico de familia o pediatra asignado, y casi 200 centros de salud funcionan con plantillas incompletas. A esto se añade la creciente derivación de pacientes a la sanidad privada, una estrategia que erosiona la confianza en el sistema público y que ha convertido a Madrid en una de las comunidades con mayor peso de la privatización sanitaria en todo el país.

Tampoco los servicios sociales han escapado a los recortes. La Comunidad de Madrid ha reducido en un 34% el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género, debilitando la red de protección de miles de mujeres en una de las regiones más pobladas de España. Las residencias de mayores, además, han denunciado la rebaja de mínimos de personal exigidos a las empresas adjudicatarias, con consecuencias tan graves como brotes de chinches y sarna en centros públicos.

La sombra judicial sobre Ayuso

A esta lista de recortes se suma la sombra de la corrupción que rodea a la presidenta madrileña. Su pareja, Alberto González Amador, está siendo investigado por delitos fiscales y falsedad documental en una causa abierta por la Fiscalía. Aunque Ayuso ha intentado desvincularse del proceso, la realidad es que el escándalo afecta de lleno a su entorno personal y político, debilitando aún más la imagen de transparencia de su Gobierno.

En lugar de mostrar distancia ante este caso, Núñez ha optado por blanquear la figura de Ayuso, presentándola como ejemplo para Castilla-La Mancha. Una actitud que revela hasta qué punto el líder del PP autonómico está dispuesto a mirar hacia otro lado con tal de alinearse con el sector más radical de su partido.

Falta de proyecto propio

La insistencia de Núñez en copiar el modelo madrileño pone de relieve su incapacidad para articular un proyecto propio que atienda a las necesidades reales de Castilla-La Mancha. Mientras el Gobierno regional ha aprobado el techo de gasto más alto de la historia, con 9.000 millones de euros destinados a reforzar sanidad, educación y dependencia, el PP de Núñez ha votado en contra, situándose en la misma línea obstruccionista de Vox.

Resulta paradójico que, mientras Madrid es ejemplo de recortes, privatizaciones y casos judiciales que salpican a la propia presidenta, Núñez insista en venderlo como modelo de éxito. Una incoherencia que deja claro que, más que un proyecto para Castilla-La Mancha, lo que ofrece el PP regional es una copia degradada de lo peor del “modelo Ayuso”.

 

El mensaje difundido por Núñez en sus redes sociales, en el que califica la labor de Ayuso como “ejemplo” para Castilla-La Mancha y habla de supuestas alianzas estratégicas entre ambas regiones, no resiste el mínimo análisis.

Bajo la presidencia de Ayuso, Madrid ha recortado en sanidad, educación y servicios sociales, ha renunciado a cientos de millones de euros destinados a fortalecer sus universidades públicas y ha debilitado las políticas contra la violencia de género. Presentar ese balance como referente no es más que un ejercicio de propaganda vacío que pretende blanquear un modelo de deterioro de lo público y de privatización progresiva de derechos básicos.