En plena vendimia castellanomanchega, cuando miles de temporeros —la mayoría inmigrantes— trabajan de sol a sol recogiendo la uva que mueve la economía de la región, el Partido Popular de Paco Núñez ha decidido ponerse del lado equivocado, en el de quienes explotan. En lugar de reclamar que se garanticen contratos dignos, salarios justos y alojamientos en condiciones, la dirección regional del PP ha cargado contra las inspecciones laborales que velan precisamente por que esas mínimas condiciones se cumplan.
La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha descrito la situación del campo como "dramática". Pero no ha hablado de la precariedad de los trabajadores que cada año sostienen la vendimia y otras campañas, ni de los abusos detectados por la Inspección de Trabajo, sino del supuesto "hostigamiento" a los agricultores. "Miles de kilos de uva corren peligro porque no hay cuadrillas para recoger la cosecha. Y, lejos de ayudar, la Delegación del Gobierno envía inspecciones masivas y desproporcionadas, persiguiendo a los agricultores como si fueran delincuentes", ha afirmado.
Desde el municipio toledano de Corral de Almaguer, acompañada por el líder regional de su partido, Paco Núñez, Agudo ha anunciado que el PP llevará este asunto a las Cortes regionales. No para exigir mejores condiciones a los temporeros ni para garantizar el cumplimiento del Real Decreto 1155/2024 que regula los contratos temporales, sino para intentar frenar las inspecciones que destapan fraudes, sueldos por debajo de convenio, pagos en negro o jornadas maratonianas.
Otro de los pesos pesados del Partido Popular regional, Santiago Lucas-Torres, que sabe de lo que habla porque su familia posee un gran patrimonio, ha llegado incluso a decir que la Inspección de Trabajo trata a los agricultores como si fueran la "kale borroka manchega", un símil que banaliza la violencia terrorista y pretende presentar como víctimas a quienes, en realidad, tienen la obligación legal de respetar los derechos laborales de sus empleados.
Invisibilizar a los temporeros
Mientras sindicatos y organizaciones sociales denuncian cada año las condiciones de hacinamiento, la falta de seguridad y la vulnerabilidad extrema de los temporeros, los dirigentes populares han optado por mirar hacia otro lado. Prefieren presentar a los agricultores como los únicos agraviados, ignorando que quienes realmente sufren son los jornaleros, muchos de ellos inmigrantes que recorren España para trabajar en campañas agrícolas y que dependen de que la Administración haga cumplir la ley para no ser explotados.
No todos los agricultores son iguales
Es cierto que muchos agricultores cumplen: contratan en regla, respetan los convenios y ofrecen condiciones dignas, siendo un pilar fundamental para la economía y la vida de la región. Pero precisamente para protegerlos es necesario que existan inspecciones que frenen a quienes actúan de forma desleal y manchan la imagen del sector. El discurso del PP, sin embargo, coloca a todos en el mismo saco, defendiendo incluso a quienes vulneran la ley y convirtiendo la defensa de los derechos laborales en una supuesta "persecución".
Núñez prefiere dar alas a la explotación antes que garantizar dignidad y derechos a quienes recogen la uva que llena las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha. Una paradoja más de un PP que se reivindica como partido "constitucionalista" solo cuando le conviene, mientras cuestiona la labor de la Inspección de Trabajo y ampara prácticas que rozan la explotación laboral en el mismo campo que dice defender.
