El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que su grupo parlamentario defenderá este jueves en las Cortes regionales un gran pacto por los mayores. Una propuesta que reclama más financiación para residencias, viviendas de mayores, ayuntamientos y servicios de cuidados, pero que evita cualquier referencia a los recortes aplicados por el último Gobierno autonómico del PP bajo la presidencia de Cospedal.
Núñez plantea actualizar la financiación de las plazas residenciales concertadas, incrementar los fondos para las Viviendas de Mayores, adelantar las ayudas a los municipios, modernizar los centros y captar profesionales para el sector. Medidas difíciles de rechazar sobre el papel, aunque buena parte de ellas buscan reforzar precisamente los servicios que María Dolores de Cospedal debilitó entre 2011 y 2015.
Según el balance elaborado posteriormente por el Gobierno regional, el presupuesto destinado a dependencia pasó de alrededor de 500 millones de euros en 2011 a 372 millones en 2015. El Ejecutivo de Cospedal redujo también en unos 100 millones la partida para residencias, recortado prácticamente a la mitad la financiación autonómica de la ayuda a domicilio y disminuido los fondos destinados a teleasistencia.
También se redujeron las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y se revisaron de oficio miles de expedientes. Aquella política terminó incluso en los tribunales. En abril de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la orden con la que el Gobierno de Cospedal había modificado el catálogo de servicios, las compatibilidades y las prestaciones de dependencia. La norma fue declarada nula por haberse aprobado sin el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo.
La reconstrucción iniciada en 2015
Frente a aquel escenario, el Gobierno de Emiliano García-Page convirtió la recuperación de la dependencia y los servicios sociales en una de sus primeras prioridades presupuestarias tras llegar al Ejecutivo regional en julio de 2015.
En los primeros 20 meses de la nueva etapa, el número de beneficiarios del sistema aumentó un 21% y las prestaciones activas crecieron un 10,25%. La lista de personas pendientes de recibir su Programa Individual de Atención, el conocido como limbo de la dependencia, pasó de 26.919 expedientes en julio de 2015 a 12.382 en febrero de 2017.
El esfuerzo no se limitó a los primeros años. El presupuesto regional destinado a dependencia alcanza en 2026 los 692,2 millones de euros, un 86% más que en 2015 y prácticamente el doble de la cantidad existente cuando Cospedal abandonó el Gobierno. El presupuesto completo de la Consejería de Bienestar Social se sitúa este año en 953,1 millones, la cifra más alta consignada hasta ahora por la Junta.
Castilla-La Mancha atiende actualmente a más de 82.000 personas en situación de dependencia y cuenta con alrededor de 123.000 prestaciones y servicios activos. Durante los seis primeros meses de 2026 se han incorporado unas 4.500 nuevas prestaciones, a un ritmo medio de 25 cada día.
El crecimiento también se ha trasladado al ámbito residencial. La red ha pasado de unas 11.500 plazas con financiación pública en 2015 a aproximadamente 21.400 en 2026. Solo este año, el Ejecutivo regional destina 63 millones de euros a financiar plazas en residencias municipales, privadas y gestionadas por entidades sociales.
La ayuda a domicilio, otro de los servicios que sufrió los ajustes del PP, dispone en 2026 de cerca de 58 millones de euros, un 70% más que en 2015. La previsión es prestar 5,5 millones de horas de atención, 185.000 más que el año anterior, y llegar a alrededor de 40.000 personas, especialmente mayores que desean permanecer en sus viviendas y municipios.
Núñez sostiene ahora que los mayores “se merecen mucho más que discursos” y exige al PSOE que respalde su pacto. Sin embargo, no ha explicado por qué su partido reclama en la oposición más dinero para residencias, dependencia y ayuda a domicilio cuando, al gobernar, redujo los presupuestos, las prestaciones y la capacidad de atención del sistema que ahora asegura querer proteger.
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