Cuando Emiliano García-Page llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha en 2015 no se encontró simplemente con una sanidad necesitada de más recursos. Sobre la mesa había hospitales cuyas obras llevaban años paralizadas, miles de profesionales menos, centros sanitarios a medio construir y derechos laborales suspendidos. Cuatro años antes, el Gobierno de María Dolores de Cospedal había hecho de la sanidad uno de los principales campos de aplicación de su política de austeridad.
La fotografía de aquellos años incluye además uno de los episodios más controvertidos de la legislatura del PP. Cospedal anunció en 2011 que los hospitales públicos de Almansa, Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares pasarían a un modelo de gestión privada. El plan llegó a avanzar hasta que el propio Ejecutivo popular renunció finalmente a aplicarlo en 2013.
Tampoco el medio rural quedó al margen. En enero de 2013, la Junta llegó a cerrar por las noches 21 Puntos de Atención Continuada, una decisión que afectaba a alrededor de 100.000 habitantes de numerosos municipios y obligaba en algunos casos a recorrer decenas de kilómetros para recibir atención. La contestación social llegó incluso a provocar dimisiones de concejales del propio PP y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha suspendió cautelarmente la medida. Cospedal terminó derogándola dos meses después.
De 26.000 a 38.000 profesionales
Probablemente el cambio más evidente está en las plantillas. En 2015 trabajaban en el sistema sanitario regional alrededor de 26.000 profesionales. En 2026 son unos 38.000, aproximadamente 12.000 más. Desde entonces se han convocado además más de 14.000 plazas mediante ofertas públicas de empleo y este año se ha desarrollado la mayor OPE sanitaria de la historia regional, con cerca de 5.400 plazas correspondientes a 97 categorías.
También se han recuperado derechos perdidos durante los años de los recortes. El Sescam volvió en 2019 a la jornada de 35 horas semanales y en 2026 ha dado uno de los pasos más esperados por los sanitarios: la recuperación de la carrera profesional, cuyo reconocimiento quedó suspendido por una ley aprobada en 2012 durante el Gobierno de Cospedal. El acuerdo alcanzado este año con los sindicatos permite reconocer también los servicios prestados durante todos esos años de suspensión. Sus efectos económicos comenzarán en enero de 2027.
El esfuerzo económico permite medir la dimensión del cambio. Castilla-La Mancha destinaba en 2015 unos 6,6 millones de euros diarios a sanidad. En 2026 son 11,1 millones, alrededor de un 70% más, y el presupuesto destinado a personal ha pasado de unos 950 millones a 1.980 millones de euros.
Los hospitales que Cospedal dejó parados
Pero quizá donde mejor puede verse la diferencia entre ambas etapas es en el cemento. Las obras del Hospital de Cuenca llevaban paralizadas desde 2012 cuando Page ordenó retomarlas en noviembre de 2015. El nuevo centro terminó completando su traslado en abril de 2026. En Toledo, las obras del nuevo hospital también tuvieron que ser reanudadas tras el cambio de Gobierno y el centro comenzó su actividad en 2020 hasta completar el traslado en 2021.
La ampliación del Hospital de Guadalajara, igualmente paralizada durante el mandato de Cospedal, fue inaugurada en 2022. En Albacete se retomó un Plan Director que había permanecido cuatro años parado, una decisión que además obligó posteriormente a asumir millones de euros en indemnizaciones, y las obras continúan actualmente.
A estos proyectos se ha sumado el nuevo Hospital de Puertollano, que supera el 85% de ejecución, mientras el Gobierno regional prepara una reforma integral del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan por cerca de 68 millones de euros. En total, la Junta cifra en torno a 1.400 millones de euros la inversión sanitaria en obras durante esta etapa.
Y no todo son grandes hospitales. Desde 2015 se han abierto 40 nuevos centros de Atención Primaria y se ha actuado en cientos de consultorios locales, una apuesta especialmente relevante en una comunidad tan extensa y dispersa. Mientras Cospedal intentó reducir las urgencias nocturnas precisamente en los pequeños municipios, la red se ha extendido después con nuevas instalaciones también fuera de las capitales.
Más tecnología y más prevención
La otra transformación se encuentra dentro de esos edificios. Desde 2015 se han invertido más de 800 millones de euros en tecnología sanitaria, incorporando resonancias magnéticas, aceleradores lineales, PET-TC, quirófanos híbridos, cirugía robotizada, automatización de laboratorios, telemedicina y nuevos equipos de diagnóstico. Todos los hospitales públicos cuentan ya con resonancia magnética y la Medicina Nuclear se ha extendido progresivamente por la región.
La prevención también ha ganado peso. El presupuesto destinado a vacunas pasó de 5,8 millones en 2015 a unos 39 millones en 2025 y la conocida prueba del talón ha aumentado de las diez enfermedades que detectaba hace una década a 34 patologías actualmente.
Toda esa ampliación se traduce también en actividad: el Sescam ha pasado de realizar unos 41,7 millones de actos sanitarios en 2015 a más de 110 millones, en una región que además cuenta hoy con más población que entonces.
Las listas de espera, el problema que sigue ahí
Ese despliegue no ha solucionado, sin embargo, uno de los problemas que más afectan a la percepción ciudadana de la sanidad. Los últimos datos, correspondientes a julio de 2026, sitúan en 99.315 las personas pendientes de una operación, consulta o prueba diagnóstica. Una cifra elevada, aunque inferior a los 106.454 que acumulaba el sistema en junio de 2015, en los últimos días del Gobierno de Cospedal.
Por tanto, las listas de espera siguen siendo uno de los puntos débiles del Sescam, especialmente en el ámbito quirúrgico, pero tampoco permiten sostener que el sistema acumule hoy más pacientes pendientes que el que dejó el PP. Y hay otro elemento que dificulta las comparaciones simples: la sanidad regional atiende ahora a una población mayor y realiza más del doble de actividad asistencial que hace una década, con 12.000 profesionales adicionales, nuevos hospitales y una capacidad diagnóstica mucho mayor. El reto del Gobierno de Page pasa ahora por conseguir que todo ese incremento de recursos se traduzca también en una reducción sostenida de las demoras.
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