La recuperación de la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha ya tiene una cifra aproximada sobre lo que costará: unos 11 millones de euros al mes. Es el coste que asumirá el Gobierno de Emiliano García-Page para devolver a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) un complemento salarial que fue eliminado hace 14 años por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal y que se había convertido en el último gran recorte pendiente de revertir en la sanidad pública castellanomanchega.
El dato lo ha revelado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista con el medio de comunicación encastillalamancha.com, donde ha explicado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y los sindicatos supondrá una media de entre 287 y 300 euros mensuales por trabajador, en función de la categoría profesional, la antigüedad y otros factores. La medida afectará a más de 35.000 profesionales del Sescam, una cifra que podría situarse en torno a los 36.000 en enero de 2027, cuando está previsto que se abone la primera nómina con la carrera profesional recuperada.
El Palacio de Fuensalida acogió hace apenas un mes la firma del pacto para la reactivación de este derecho laboral, largamente reclamado por las organizaciones sindicales y profesionales del ámbito sanitario. El acuerdo puso fin a una espera de más de una década desde que el Gobierno del Partido Popular, presidido entonces por Cospedal, suprimiera este complemento en plena etapa de recortes. En Castilla-La Mancha, aquellos años dejaron una huella especialmente profunda en el sistema sanitario, con pérdida de derechos, destrucción de empleo público y un deterioro de las condiciones laborales que los profesionales no han olvidado.
El recorte que hizo el PP y que ahora utiliza el PP
La carrera profesional sanitaria, eliminada por un Gobierno del PP, ha sido utilizada durante los últimos años como arma parlamentaria y mediática por el PP de Paco Núñez contra el Ejecutivo de García-Page. Los populares han reclamado su recuperación en numerosas ocasiones, tratando de presentarla como una deuda exclusiva del actual Gobierno regional, pese a que el origen del problema se encuentra precisamente en la decisión adoptada por su antecesora al frente del partido y de la Junta.
El PP ha exigido durante años que Castilla-La Mancha recuperara un derecho que su propio partido suprimió cuando gobernaba. Y lo ha hecho sin explicar cómo financiaría una medida de este calibre mientras mantiene un discurso fiscal basado en bajar impuestos de forma generalizada. La cifra conocida ahora obliga a poner números a esa promesa: recuperar la carrera profesional sanitaria no es un gesto, ni una frase de oposición, ni un vídeo a las puertas de un hospital. Son 11 millones de euros cada mes que deben salir de un presupuesto público.
Fernández Sanz ha sido especialmente duro al responder a esa estrategia. En la entrevista, el consejero ha recordado que los profesionales sanitarios "no han olvidado" los recortes aplicados entre 2011 y 2015 y ha acusado al PP de actuar con un interés "absolutamente partidista". También ha señalado directamente a Paco Núñez, al que ha reprochado haber defendido en su día la privatización del área sanitaria de Almansa, donde fue alcalde, incluida la atención hospitalaria, la Atención Primaria y los servicios sociales.
El Gobierno regional sostiene que la recuperación de la carrera profesional no ha llegado antes porque durante estos años ha optado por priorizar otras medidas. Fernández Sanz ha defendido que, desde la llegada de Page al Ejecutivo, se ha recuperado la jornada de 35 horas, se ha restituido el 100% de la nómina recortada en los años del PP, se han convocado ofertas públicas de empleo y se han estabilizado miles de plazas. Según el consejero, la decisión de estos años fue clara: reforzar antes la plantilla que pagar la carrera profesional a un sistema más reducido.
El Ejecutivo castellanomanchego defiende que eligió ampliar plantillas, estabilizar empleo, invertir en infraestructuras y recuperar progresivamente derechos laborales antes de afrontar un coste estructural tan elevado como el que ahora ha quedado fijado.
La trampa fiscal de Núñez: prometer menos ingresos y exigir más gasto
La cifra revelada por el consejero introduce un elemento incómodo para el PP de Paco Núñez. Desde hace años, el líder 'popular' ha tratado de instalar la idea de que Castilla-La Mancha necesita una fuerte rebaja fiscal, presentando los impuestos como un problema en sí mismo y no como la herramienta que permite financiar hospitales, centros de salud, profesionales, ambulancias, tecnología sanitaria o derechos laborales como la carrera profesional. Ahora, el coste de esta recuperación deja al descubierto la fragilidad de ese discurso.
Porque el PP no puede sostener al mismo tiempo dos mensajes incompatibles: exigir al Gobierno regional que pague un complemento que cuesta alrededor de 11 millones de euros al mes y prometer una bajada de impuestos que reduciría los ingresos de la comunidad autónoma. La aritmética presupuestaria no admite propaganda. Si se rebajan ingresos de forma estructural, hay menos margen para financiar políticas públicas estructurales. Y la carrera profesional sanitaria no es un gasto puntual, sino un compromiso permanente con decenas de miles de trabajadores.
Castilla-La Mancha ya ha vivido lo que ocurre cuando el PP gobierna aplicando una lógica de recortes. Bajo el Ejecutivo de Cospedal, la carrera profesional fue eliminada, se redujeron derechos laborales, se debilitó la sanidad pública y se expulsó del sistema a miles de profesionales. Ahora, el PP se erige como defensor de los sanitarios sin asumir que fue su propio modelo el que dejó este derecho fuera de la nómina durante 14 años.
La cifra conocida ahora sitúa al PP de Paco Núñez entre la espada y la pared. Su propuesta de rebajar impuestos tendría impacto sobre los ingresos de la comunidad autónoma y, por tanto, sobre la capacidad de financiar compromisos estructurales como este, que supondrá en torno a 11 millones de euros mensuales. La carrera profesional fue uno de los derechos eliminados durante aquella etapa de recortes y ahora vuelve a incorporarse a la nómina del Sescam con un coste permanente para las arcas públicas.
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