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El Gobierno de Emiliano García-Page ha reclamado a la Comisión Europea que incluya a 267 municipios de Guadalajara en el mapa de ayudas de finalidad regional para zonas despobladas, con el objetivo de que puedan beneficiarse de incentivos económicos y fiscales similares a los que ya tienen provincias como Cuenca, Teruel y Soria. La petición busca adaptar los criterios europeos a la realidad de unos territorios rurales que, pese a sufrir problemas demográficos similares a los de las provincias vecinas, siguen fuera de este régimen de apoyo.
La reivindicación se ha trasladado este martes en Bruselas, durante una reunión entre el comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, con el director de Ayudas de Estado de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, Koen Van de Casteele.
El Ejecutivo autonómico defiende que el 94% del territorio de Guadalajara está afectado por la despoblación, frente a una pequeña parte de la provincia donde se concentra buena parte del crecimiento económico y demográfico. Por ello, plantea que las ayudas puedan concederse atendiendo a las características de áreas concretas, en lugar de aplicar exclusivamente un criterio provincial.
El crecimiento se concentra en el 6% del territorio
Alique ha insistido en la dualidad demográfica de Guadalajara, donde la capital y el Corredor del Henares concentran el crecimiento poblacional y económico, mientras que otras zonas rurales afrontan dificultades vinculadas a la pérdida de habitantes y la dispersión geográfica.
“Lo novedoso en este caso es que nos estamos refiriendo a parte de una provincia que representa al 94% de ese territorio”, ha explicado el comisionado del Reto Demográfico durante el encuentro con los responsables comunitarios.
La propuesta se centra en las comarcas del Señorío de Molina, la Sierra Norte y las Alcarrias, que presentan problemas de despoblación similares o incluso superiores a los de las provincias limítrofes de Cuenca, Teruel y Soria, según defiende el Gobierno regional.
La incorporación al mapa europeo permitiría a estos municipios optar a un tratamiento preferente en ayudas públicas y medidas fiscales para favorecer la actividad económica, atraer inversiones y contribuir a mantener población en el medio rural.
Para ello, Castilla-La Mancha pide a Bruselas que flexibilice los criterios territoriales de las Directrices de Ayuda Regional, que toman como referencia el nivel provincial. El Gobierno de Page considera que esta delimitación deja fuera a zonas que comparten los mismos problemas demográficos que otros territorios que sí pueden acogerse a estos incentivos.
Una reivindicación que Page anunció en septiembre
La reunión de este martes da continuidad a una iniciativa que el propio Emiliano García-Page avanzó el pasado 23 de septiembre durante su participación en una reunión del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Mullingar, Irlanda.
Entonces, el presidente castellanomanchego anunció que su Ejecutivo solicitaría a la Comisión Europea el reconocimiento de los 267 municipios de estas tres comarcas de Guadalajara como zona poco poblada. El objetivo, explicó, era que pudieran acceder a mayores niveles de financiación y a ventajas fiscales similares a las existentes en otros territorios europeos con dificultades demográficas.
Page defendió que esta medida permitiría ampliar las herramientas disponibles para impulsar la actividad económica en las zonas rurales. La petición se enmarca en la estrategia regional frente a la despoblación, que Castilla-La Mancha desarrolla también mediante su propia legislación y medidas de apoyo al medio rural.
El Gobierno autonómico sostiene que el reconocimiento europeo supondría un avance respecto a los instrumentos regionales actuales, al permitir que estos municipios optasen a incentivos adicionales para compensar las dificultades que afrontan las empresas y los proyectos económicos en territorios con baja densidad de población.
La delegación castellanomanchega también mantuvo este lunes una reunión con la consejera de Finanzas de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), Pilar Sáenz de Ormijana Valdés, a quien trasladó la misma reivindicación.
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