España vuelve a mirar hacia sus montes cuando las llamas ya están fuera de control. Los grandes incendios registrados este verano en Ávila, Madrid, Toledo, Castellón o Almería han obligado a evacuar a decenas de miles de personas y han dejado ya casi 200.000 hectáreas afectadas en el conjunto del país. Con el fuego todavía activo en distintos puntos, el debate político vuelve a llenarse de llamamientos a la prevención, la limpieza de los montes y el mantenimiento de dispositivos profesionales durante todo el año.
Sin embargo, Castilla-La Mancha conoce bien qué ocurre cuando esas tareas se consideran un gasto prescindible. Durante los cuatro años de Gobierno de María Dolores de Cospedal, la empresa pública Geacam, responsable de buena parte de las actuaciones de prevención y extinción del Infocam, atravesó cinco expedientes de regulación de empleo, perdió alrededor de 700 puestos de trabajo y vio cómo cerca de 1.800 empleados dejaron de trabajar los doce meses para convertirse en fijos discontinuos.
Once años después de la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional, el dispositivo cuenta con un presupuesto récord de 126 millones de euros, más de 2.700 profesionales y una estructura que permanece activa durante los 365 días del año. Es la distancia entre un modelo que mandaba a los trabajadores forestales al paro durante los meses de prevención y otro que ha recuperado progresivamente el empleo anual, los medios materiales y la inversión pública.
El gran golpe contra Geacam comenzó a finales de 2011. El Ejecutivo del PP anunció la conversión de los contratos fijos en contratos fijos discontinuos. La entonces consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, aseguró que la operación permitiría ahorrar 82 millones de euros y confirmó que los empleados pasarían a trabajar ocho meses al año.
La decisión no afectaba únicamente a las condiciones laborales. Implicaba reducir la presencia de trabajadores forestales precisamente durante los meses en los que deben desarrollarse las labores de desbroce, poda, apertura y mantenimiento de cortafuegos, retirada de combustible vegetal y acondicionamiento de caminos forestales.
El recorte terminó afectando a 1.789 trabajadores dedicados a la prevención y extinción de incendios. Estos empleados fueron despedidos para ser posteriormente readmitidos como fijos discontinuos, pasando de trabajar todo el año a prestar servicio durante ocho meses.
La operación recibió un severo varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló el expediente y consideró que se había producido un "fraude de ley", al simularse una extinción contractual acompañada de una promesa de recolocación posterior. La Justicia obligó a readmitir a los afectados y a abonar los salarios dejados de percibir durante los meses en los que habían permanecido en el desempleo.
Aquel no fue un episodio aislado. Geacam atravesó cinco ERE durante la legislatura de Cospedal. Los sindicatos cifraron en unos 700 los puestos de trabajo destruidos entre indefinidos e interinos, además de denunciar recortes salariales, pérdida de derechos y un dispositivo situado bajo mínimos.
La paradoja era evidente. Mientras el Gobierno del PP defendía el ahorro económico, se reducía el número de meses en los que los profesionales podían trabajar sobre el terreno para evitar que el monte llegara al verano cargado de combustible. La prevención quedaba debilitada y el dispositivo concentraba una parte cada vez mayor de su actividad en reaccionar cuando el incendio ya se había declarado.
Page recuperó los contratos de doce meses
El cambio comenzó tras las elecciones autonómicas de 2015. Una de las primeras decisiones del Gobierno de García-Page fue recuperar el trabajo durante los doce meses del año para la plantilla estructural del dispositivo de prevención y extinción.
La medida entró en vigor el 1 de enero de 2016. Según la documentación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, Geacam modificó entonces 1.535 contratos pertenecientes al dispositivo. Los empleados recuperaron la actividad anual y pudieron volver a realizar durante el otoño y el invierno los tratamientos preventivos que habían quedado debilitados con el modelo de contratos discontinuos.
La recuperación inicial incluyó también la incorporación de un centenar de trabajadores indefinidos. Los sindicatos reconocían ya en 2016 que se habían recuperado 99 empleos y que la jornada laboral se había ampliado nuevamente de nueve a doce meses, aunque todavía reclamaban reconstruir la totalidad de los puestos destruidos durante la etapa del PP.
Desde entonces, Geacam ha ido recuperando plantilla y estabilidad. La empresa pública ha reforzado los procesos para cubrir vacantes y ha avanzado en la consolidación del empleo durante todo el año, aunque siguen existiendo trabajadores fijos discontinuos y reivindicaciones sindicales pendientes.
Un presupuesto récord de 126 millones
La reconstrucción también se ha trasladado al presupuesto. El Infocam afronta 2026 con 126 millones de euros, diez millones más que en 2025 y un incremento anual del 8%. El operativo dispone de más de 2.700 profesionales, 248 medios operativos, 220 medios terrestres y 114 puntos de vigilancia fija distribuidos por toda Castilla-La Mancha.
Entre esos recursos se incluyen helicópteros, aviones anfibios, autobombas, brigadas terrestres y helitransportadas, maquinaria pesada, patrullas móviles y unidades de comunicaciones. También se ha reforzado la coordinación aire-tierra, elevando de cuatro a seis el número de coordinadores aéreos, y se han incorporado nuevos vehículos para los agentes medioambientales y mejoras en los puestos de mando.
El dispositivo funciona durante los 365 días del año. La campaña de alto riesgo continúa concentrándose entre junio y septiembre, pero el trabajo no comienza cuando aparecen las primeras columnas de humo. Durante el resto del ejercicio se ejecutan tratamientos selvícolas, se reducen acumulaciones de vegetación, se mantienen infraestructuras de defensa y se preparan las zonas desde las que deberán intervenir los equipos si finalmente se produce un incendio.
Solo en la provincia de Ciudad Real, el presupuesto de 2026 supera los 26 millones de euros, con 10,94 millones reservados para prevención y 15,17 millones para extinción. Cerca de 600 profesionales forman parte del operativo provincial entre trabajadores de Geacam, agentes medioambientales y personal de la Junta.
La evolución seguida por Castilla-La Mancha cuestiona además el discurso que el PP intenta construir cada verano cuando se producen grandes incendios. Los populares reclaman más medios una vez declarada la emergencia, pero el precedente de Cospedal demuestra que, cuando gobernaron la región, su principal decisión sobre Geacam fue recortar contratos, destruir puestos de trabajo y enviar a los profesionales al desempleo durante parte del año.
El actual escenario de incendios extremos ha vuelto a demostrar que ningún número de helicópteros puede sustituir completamente el trabajo realizado durante los meses anteriores. La limpieza del monte, el mantenimiento de cortafuegos, la gestión del combustible vegetal y la profesionalización de las plantillas requieren inversión continuada y no decisiones improvisadas cuando el fuego ya obliga a desalojar municipios enteros.
El Infocam afronta este verano con la renovación de medios, nuevos vehículos, mejoras en los sistemas de coordinación y alerta y una red de vigilancia fija diseñada para detectar rápidamente cualquier conato. Un operativo levantado sobre la recuperación del empleo anual que Cospedal trató de convertir en estacional y sobre un presupuesto que alcanza en 2026 el mayor volumen de recursos de su historia.
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