La grave oleada de incendios que ha golpeado durante los últimos días el centro de la Península ha terminado exponiendo dos formas muy diferentes de afrontar una emergencia desde un gobierno autonómico. Mientras Emiliano García-Page mantuvo la dirección del operativo contra el incendio de La Mierla, en Guadalajara, Isabel Díaz Ayuso solicitó al Gobierno de España que asumiera el control de los fuegos que afectaban a la Comunidad de Madrid.
La comparación ha irrumpido en el debate público después de que el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, analizara la respuesta de ambas comunidades. El periodista Antonio Maestre puso el foco en que García-Page gestionó desde Castilla-La Mancha un incendio que ha calcinado más de 32.000 hectáreas dentro de su perímetro sin solicitar que el Estado asumiera la dirección, mientras que el Ejecutivo madrileño reclamó el nivel 3 cuando los fuegos de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias se complicaron.
El contraste político resulta inevitable. Durante el incendio de La Mierla, el Partido Popular había exigido a García-Page que valorara la activación del nivel 3, presentándolo como una supuesta vía para conseguir más medios. El presidente castellanomanchego rechazó esa posibilidad y defendió que el operativo ya disponía de recursos del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias, de otras comunidades autónomas y del propio dispositivo Infocam.
"Aquí hemos tenido coordinación desde el minuto cero. Los medios están aquí", explicó García-Page, quien sostuvo que trasladar la dirección a Madrid no habría mejorado por sí solo la respuesta sobre el terreno. El presidente regional aseguró que únicamente se habría planteado elevar la emergencia si el Gobierno de España se hubiera negado a colaborar o a enviar los recursos solicitados, algo que no ocurrió durante la crisis de La Mierla.
El nivel 3 cambia quién manda
La clave reside en qué significa realmente declarar una emergencia de interés nacional. El nivel 3 no funciona como un interruptor que genere automáticamente nuevos aviones, bomberos o vehículos. Su principal consecuencia es que la dirección operativa deja de corresponder a la comunidad autónoma y pasa a la Administración General del Estado.
La normativa establece que, durante una emergencia de interés nacional, la Unidad Militar de Emergencias asume la dirección operativa bajo la autoridad del Ministerio del Interior. Eso no significa que una comunidad en nivel 2 tenga que enfrentarse sola a un incendio. La Mierla demostró precisamente lo contrario. Castilla-La Mancha mantuvo el mando autonómico mientras recibía apoyo de la UME, medios ministeriales y recursos enviados por otras regiones. La diferencia no estaba en la posibilidad de solicitar ayuda, sino en quién presidía y dirigía el dispositivo.
Maestre llegó a plantear que el traslado del mando también desplaza las responsabilidades vinculadas a las decisiones operativas. Se trata de una interpretación política que no puede convertirse automáticamente en una conclusión jurídica o penal, pero que sí alimenta una pregunta incómoda para Ayuso: por qué una presidenta que acostumbra a reclamar autonomía frente al Gobierno central decidió apartarse de la dirección cuando la emergencia alcanzó su momento más crítico.
"Es muy extraño que alguien, cuando está siempre tan celosa de sus competencias, en cuanto vienen mal dadas lo primero que hace es lavarse las manos", sostuvo el periodista durante el programa.
Una diferencia también presupuestaria
La comparación entre ambos modelos no se limita a la decisión sobre el nivel de emergencia. Castilla-La Mancha ha destinado en 2026 126 millones de euros al Plan Infocam para prevención y extinción de incendios forestales, con cerca de 2.700 profesionales, 248 medios operativos y más de 200 medios terrestres.
La Comunidad de Madrid, por su parte, anunció una inversión de 52,7 millones de euros en el Infoma 2026, un 3,5% más que en la campaña anterior. El Gobierno madrileño defiende que es la región que más invierte por hectárea de Europa y cifra el conjunto del dispositivo en 6.110 profesionales y voluntarios.
Tomando como referencia la población de ambas comunidades, las cantidades se sitúan aproximadamente en los 60 euros por habitante en Castilla-La Mancha y alrededor de siete euros en Madrid, la comparación expuesta en La Sexta. Son territorios con características forestales muy diferentes, pero las cifras reflejan prioridades presupuestarias alejadas entre sí.
El contraste ha dejado además al PP de Castilla-La Mancha en una posición difícil de sostener. Mientras los populares reclamaban a Page que entregara al Estado la dirección de La Mierla, el operativo autonómico consiguió proteger decenas de núcleos de población, iniciar progresivamente el regreso de los evacuados y encaminar el incendio hacia su estabilización sin renunciar al mando. Días después, el Gobierno de Ayuso optaba por la fórmula que el PP había exigido en Guadalajara y trasladaba al Estado la responsabilidad de dirigir la emergencia madrileña.
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