Castilla-La Mancha ha situado la prevención en el centro de su estrategia contra los incendios forestales. El Gobierno regional ha presentado este jueves en la base de Alcoba de los Montes (Ciudad Real), la campaña de prevención y extinción para 2026, una planificación que llega con más presupuesto, más medios y una nueva regulación llamada a ordenar de forma más clara los usos del fuego y las actividades de riesgo en el medio natural. Frente a modelos de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde el debate público se ha instalado en los conflictos laborales, las carencias de planificación o las respuestas a golpe de emergencia, la región ha querido exhibir una política forestal que no empieza cuando arde el monte.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico va a invertir 126 millones de euros en la campaña de este año, 10 millones más que en 2025. Lo ha hecho acompañado por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, en una de las bases clave del dispositivo Infocam, que cumple dos décadas convertido en uno de los principales instrumentos públicos de protección del medio natural en la comunidad autónoma.

Caballero ha defendido que el Infocam no es solo un operativo de emergencias, sino una política pública estratégica vinculada a la seguridad, al empleo estable y al futuro del medio rural. En un contexto marcado por incendios cada vez más complejos, temperaturas más extremas y episodios de riesgo asociados al cambio climático, el Gobierno castellanomanchego ha querido poner el acento en una idea que contrasta con la lógica de otras administraciones autonómicas del PP, más centradas en enseñar medios cuando se acerca el verano que en consolidar una estructura preventiva durante todo el año.

El dispositivo Infocam 2026 contará con más de 2.700 profesionales, 248 medios operativos y 220 medios terrestres. A ellos se suman 114 puntos de vigilancia fija distribuidos por toda la región, con el objetivo de garantizar una detección temprana y una respuesta rápida ante cualquier conato. El despliegue incluye helicópteros de distintas capacidades, aviones anfibios, autobombas, brigadas helitransportadas y terrestres, maquinaria pesada, patrullas móviles y unidades de comunicaciones.

La comparación con Castilla y León resulta inevitable. En una comunidad gobernada por el PP, el inicio de la campaña de 2026 ha quedado marcado por el anuncio de que unos 950 bomberos forestales de empresas privadas no participarían en los operativos por lo que han denunciado como falta de seguridad jurídica, laboral y operativa. Es decir, mientras Castilla-La Mancha presenta su campaña hablando de prevención, planificación y estabilidad, en Castilla y León el debate ha vuelto a girar en torno a la precariedad del modelo, la externalización y las tensiones entre la Junta y las adjudicatarias.

Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma que más invierte en prevención por habitante

No es una diferencia menor. La prevención no puede reducirse a un lema de verano ni a una foto con medios aéreos. Requiere inversión sostenida, personal estable, trabajos selvícolas, mantenimiento de cortafuegos, vigilancia, coordinación y una normativa clara. En ese terreno, Castilla-La Mancha ha reivindicado que continúa siendo la comunidad autónoma que más invierte en prevención por habitante y por superficie forestal. Para 2026, la planificación prevé actuar sobre más de 11.200 hectáreas mediante tratamientos preventivos, una cifra que el Ejecutivo regional vincula directamente a la reducción del riesgo antes de que se produzcan los incendios.

La nueva orden que se publicará este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha pretende reforzar precisamente ese enfoque. Caballero ha explicado que la norma regulará las medidas preventivas, los usos del fuego y las actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia. Además, sustituirá a la normativa vigente desde 2006 y aglutinará en un único texto las diferentes regulaciones existentes hasta ahora.

La actualización ha sido consensuada con los principales sectores económicos y sociales vinculados al medio rural. Entre sus novedades, incorpora una simplificación de trámites administrativos, como la posibilidad de recurrir a la declaración responsable en determinados procedimientos relacionados con el uso de maquinaria agrícola, en lugar de exigir autorización previa. Almodóvar ha defendido que el objetivo es contar con una normativa más clara y adaptada a la realidad actual del medio rural, pero sin rebajar las garantías de seguridad ni la protección del entorno natural.

La campaña de este año también introduce mejoras en la coordinación aire-tierra, con el incremento de cuatro a seis coordinadores aéreos, nuevos vehículos para agentes medioambientales, mejoras en puestos de mando y el refuerzo de la comunicación a la población a través del canal de WhatsApp de Infocam y sistemas como ES-Alert. El mensaje central será "La prevención salva", un lema que busca implicar a la ciudadanía en una realidad incómoda, el 90% de los incendios forestales son evitables.

Un inicio más complicado que otros años

Los datos de inicio de año muestran, además, que la campaña no llega en un escenario sencillo. Hasta el 26 de mayo se han registrado 289 intervenciones y 160 hectáreas afectadas, frente a las 184 intervenciones y 45 hectáreas del mismo periodo de 2025. El año pasado se contabilizaron 1.606 siniestros y 7.473 hectáreas afectadas, por encima de los 1.152 siniestros y 6.177 hectáreas de 2024. Pese a ello, el Gobierno regional ha destacado la eficacia del dispositivo, con entre el 84% y el 90% de los incendios contenidos como conatos y solo un 1% por encima de las 100 hectáreas.

La campaña presentada en Alcoba de los Montes vuelve a dejar una diferencia política de fondo. Mientras el PP suele acusar a otros gobiernos de falta de previsión cuando llegan las emergencias, en territorios donde gobierna no siempre ha conseguido convertir la prevención en la columna vertebral de sus políticas forestales. Castilla-La Mancha, con sus cifras sobre la mesa, ha optado por reforzar el Infocam antes de la época de alto riesgo y por defender que la lucha contra el fuego empieza mucho antes de que aparezca la primera columna de humo.

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