El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a poner el foco en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras la última sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo, que desestima el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y consolida la planificación hidrológica vigente.
El Ejecutivo autonómico interpreta este fallo como un respaldo a su estrategia hídrica y, sobre todo, como un punto de inflexión para acelerar la modificación de las reglas de explotación del trasvase. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha sido clara al situar ahora la responsabilidad en el Gobierno central.
“Ya no hay excusas por parte del Estado y tiene que poner sobre la mesa la modificación de las reglas de explotación y la aplicación rigurosa de los caudales ecológicos”, ha afirmado.
Gómez ha insistido en que el Ministerio llega tarde a una reforma que, a juicio del Gobierno regional, es imprescindible para adaptar el funcionamiento del trasvase a la normativa vigente y a las sentencias judiciales que han ido consolidando el marco de los caudales ecológicos.
En este sentido, la consejera ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ya ha trasladado formalmente su posición al departamento que dirige la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtiendo de la urgencia de actuar.
La titular de Desarrollo Sostenible ha señalado que la aplicación de los caudales ecológicos no puede seguir interpretándose de forma progresiva, como ha ocurrido en etapas anteriores, sino que debe aplicarse con rigor conforme al marco legal actual.
“Esta sentencia viene a reiterar que los caudales ecológicos no se pueden aplicar con progresividad, ya que eran unos escalones para permitir fundamentalmente a las cuencas del Júcar y del Segura contar con herramientas para sustituir el agua del trasvase en materia de regadío”, ha explicado.
Desde el Ejecutivo regional insisten en que su posición no implica renunciar al trasvase como infraestructura, sino garantizar que su funcionamiento se ajuste a la normativa ambiental y a las decisiones judiciales.
“En ningún caso el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido no tener una reserva de agua estratégica para abastecimiento incluso para el Levante español”, ha señalado.
El Gobierno autonómico sostiene además que la sentencia del Supremo no solo avala la planificación hidrológica del Tajo, sino que refuerza su estrategia jurídica y política en defensa de los intereses regionales.
Gómez ha afirmado que el fallo “recoge íntegramente las alegaciones que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha y las suscribe como doctrina”, lo que a su juicio refuerza la posición defendida por el Ejecutivo desde hace años.
En este contexto, la consejera ha vinculado directamente la resolución judicial con la figura del presidente regional, Emiliano García-Page, a quien ha definido como un dirigente que actúa “con la legalidad por delante y dándole la razón con sentencias judiciales”.
Vía judicial abierta contra el Estado
El Ejecutivo autonómico considera que la acumulación de pronunciamientos judiciales en la misma línea deja cada vez menos margen de interpretación y obliga al Estado a acometer la reforma de las reglas del trasvase.
En paralelo, el Gobierno regional mantiene abierta una vía judicial contra el Estado para exigir el cumplimiento del real decreto vigente, un procedimiento admitido a trámite por la Audiencia Nacional.
“Ya es tarde y tienen que modificar las reglas de explotación”, ha insistido Gómez, que ha reiterado que la comunicación con el Ministerio ya se ha producido para trasladar la urgencia de la situación.
El Ejecutivo castellanomanchego considera que la falta de actualización de las reglas de explotación genera una situación de incoherencia entre normativa, aplicación práctica y resoluciones judiciales.
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