El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la preparación de la demanda que presentará contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una modificación que considera pendiente y obligatoria según la normativa vigente. El Ejecutivo autonómico ha confirmado que continúa ultimando los informes jurídicos, técnicos y ambientales que acompañarán al recurso y que confía en elevar la decisión formal al Consejo de Gobierno a lo largo del mes de marzo.

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Page, Mercedes Gómez, ha explicado que los distintos estudios se encuentran en fase final de elaboración y que el objetivo pasa por cerrar todos los argumentos necesarios para sustentar la demanda. Según ha señalado, la previsión es que durante marzo se pueda adoptar el acuerdo definitivo para su presentación y que, una vez aprobado, el recurso se interponga a la mayor brevedad posible.

Desde el Ejecutivo castellanomanchego sostienen que las actuales reglas de explotación no han experimentado cambios sustanciales, más allá de ajustes menores que, a su juicio, no corrigen los problemas estructurales del sistema. En este contexto, la consejera ha criticado que persiste una merma de recursos hídricos que resultan necesarios para garantizar la adecuada conservación de los espacios vinculados a la Red Natura 2000 en la cuenca cedente, así como para asegurar el equilibrio ambiental del río Tajo.

La demanda que prepara la Junta se apoyará en lo recogido en la disposición final del Real Decreto aprobado en 2023 por el que se estableció la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo y del resto de demarcaciones hidrográficas. Ese texto fijaba que en el plazo de un año debía haberse presentado ante el Consejo Nacional del Agua una propuesta de modificación de las reglas de explotación del trasvase. Ese plazo, según ha recordado Gómez, expiró en febrero de 2024 sin que se haya materializado dicha propuesta.

Actitud de diálogo del Gobierno de Page

El Ejecutivo autonómico ha defendido que durante este tiempo ha mantenido una actitud de diálogo y ha trasladado diferentes aportaciones técnicas al Gobierno central con el objetivo de mejorar el sistema de explotación, partiendo de la base de que el trasvase continúa vigente. La posición del Gobierno regional no pasa por la supresión del trasvase, sino por una gestión diferente que incorpore criterios de sostenibilidad más exigentes y que tenga en cuenta las necesidades de la cuenca cedente tanto en materia de abastecimiento como en la protección de los ecosistemas asociados.

En este sentido, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible han lamentado lo que consideran una falta de avances sustanciales en la revisión de las reglas y han advertido de que, si no se produce una propuesta estatal de modificación en las próximas semanas, seguirán adelante con la vía judicial. La Junta sostiene que la revisión de las normas de explotación constituye una obligación recogida en la planificación hidrológica vigente y que su incumplimiento justifica la interposición del recurso.