Castilla-La Mancha ha confirmado que se ha situado entre las comunidades autónomas más eficaces en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al ejecutar nueve de cada diez euros que han llegado del programa Next Generation EU.

Así lo ha detallado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, al asegurar que la región afronta la recta final del calendario europeo con la seguridad de que el 30 de junio de 2025 tendrá ejecutado el 100% de los fondos asignados. Un ritmo que contrasta con la parálisis y el ruido político que otras autonomías han convertido en su marca, frenando inversiones que deberían haber transformado sus territorios.

Según los datos ofrecidos este viernes, Castilla-La Mancha ha recibido 1.409 millones de euros y ya tiene comprometidos 1.255 millones, una cifra que evidencia una gestión sostenida en el tiempo y sin sobresaltos. Martínez Guijarro ha presidido la Comisión de Fondos Europeos, en la que se ha hecho balance del impacto real del dinero europeo en la economía y en el territorio. Más allá de los datos, la ejecución se ha traducido en instalaciones concretas y visibles que están redefiniendo el mapa energético y social de la comunidad autónoma.

Expansión de la energía solar

Uno de los ejemplos más llamativos es la expansión de la energía solar. Los fondos han permitido instalar placas fotovoltaicas que generan 115 megavatios, una infraestructura que el vicepresidente ha descrito como un gran parque fotovoltaico sobre los tejados de la región. A ello se suma la rehabilitación de 12.000 viviendas, clave para combatir la pobreza energética y mejorar la eficiencia, así como las ayudas concedidas para adquirir 7.000 vehículos enchufables y la instalación de unos 4.000 puntos de recarga, un salto necesario hacia la movilidad sostenible que algunas autonomías han decidido boicotear bajo discursos negacionistas que en nada ayudan a la transición ecológica.

La penetración de estos fondos ha llegado prácticamente a todos los rincones de Castilla-La Mancha. En concreto, 858 municipios, el 93,47% del total, han recibido alguna ayuda, beneficiando a más de 47.000 personas. Un despliegue de recursos que desmonta los discursos interesados que, desde algunas filas conservadoras, han insistido en pintar a la región como pasiva o rezagada en materia de inversiones estratégicas.

Pymes y micropymes, las principales beneficiadas

El reparto de fondos también refleja una orientación clara hacia el tejido empresarial más vulnerable. El 51% de los beneficiarios son pymes y micropymes, mientras que solo el 10% corresponde a grandes empresas. Un enfoque diametralmente opuesto al modelo defendido por los gobiernos del PP en otras comunidades, donde las ayudas tienden a concentrarse en grandes corporaciones mientras pequeñas empresas siguen sin acceso real a estos recursos.

La herramienta oficial del Ministerio de Hacienda, ELISA, que permite seguir en tiempo real el grado de ejecución de las convocatorias, sitúa a Castilla-La Mancha entre las tres regiones con mejores datos del país, doce puntos por encima de la media nacional. No es una cuestión menor, especialmente cuando desde la oposición estatal se intenta desacreditar reiteradamente la gestión de los fondos europeos pese a los datos objetivos que certifican el avance en comunidades que han apostado por la planificación y no por el ruido.

La Comisión ha analizado además el nivel de ejecución de otros fondos europeos como FEDER y Fondo Social Europeo, donde la región ya tiene casi un 50% comprometido. Martínez Guijarro ha advertido del riesgo que supone el debate abierto en Bruselas sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual, cuya redefinición podría implicar recortes en programas esenciales para la cohesión territorial.

Ante este escenario, el presidente Emiliano García-Page defenderá la próxima semana en el Comité de las Regiones la necesidad de blindar estos instrumentos financieros y la continuidad de la PAC en el próximo periodo de programación, consciente de que Castilla-La Mancha no puede permitirse retrocesos que otros defienden desde planteamientos ultraliberales que castigan a los territorios rurales y a sus agricultores.